Hoy se publicó en el Diario de Centroamérica el acuerdo gubernativo 340-2013, con el cual el Ministerio de Gobernación declara de interés nacional la contratación para la adquisición de armas de fuego de diferentes tipos y calibres, para uso de la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC). 

Fue en consejo de ministros que se acordó autorizar la adquisición de 17 mil 146 armas cortas para fuerzas regulares y especiales policías, 100 fusiles y 100 subametralladoras para uso de la PNC. 
Debido a la decisión de hacer por excepción, se podrá contratar a personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, sin más requisitos que lograr para el Estado precios y condiciones razonables, sujetándose a las bases de contratación, especificaciones generales y técnicas elaboradas para el efecto. 
Trascendió en los medios de comunicación que los Q87 millones 730 mil se derivarán de las fuentes de financiamiento de ingresos corrientes, ingresos derivados de la extinción de dominio, disminución de caja y bancos de ingresos propios de la Dirección General de la PNC. 
El Ministerio de Gobernación, a través de la Dirección General de la PNC será directamente responsable de las obligaciones que se deriven del cumplimiento del presente acuerdo. 

La Contraloría General de Cuentas fiscalizará todas las actuaciones derivadas de las negociaciones y operaciones que se hagan al amparo del presente acuerdo, que empezará a regir a partir de este viernes, 23 de agosto. El plazo para realizar la contratación finalizará el 31 de diciembre de 2013. 
Autoridades policiales confirmaron que al menos cuatro mil agentes no tienen asignada un arma. A finales de junio el presidente Otto Pérez Molina anunció la compra de 33 mil armas por excepción, durante un lapso de tres años, para abastecer a la PNC. 
La Contraloría General de Cuentas cuestionó la forma de compra y argumentó que se podría hacer una licitación para los próximos dos años y solo comprar por excepción lo que es necesario para el año en curso. 
Este accionar se ha visto en la polémica desde el año pasado, cuando el entonces director de la PNC, Gerzon Oliva, denunció en el Congreso que la institución se encontraba en el olvido; posteriormente el Gobierno anunció la compra de armas por excepción, lo que ocasionó críticas de los sectores que piden transparencia en la gestión gubernamental. Días después, Oliva fue destituido. 
Por otro lado, según el acuerdo mencionado el Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de la PNC, será directamente responsable de las obligaciones que se deriven del cumplimiento del acuerdo, esto contradice las declaraciones del presidente Otto Pérez Molina quien el 20 de junio señaló que adquiría la responsabilidad por las compras.