El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) propuso volver a evaluar el monto de la multa de casi 152 millones de euros impuesta por la Comisión Europea en 2007 al gigante de las telecomunicaciones español Telefónica por abuso de posición dominante.

En un comunicado, el abogado general propuso que se vuelva a estudiar el caso, ya que considera que ‘en lo que respecta a la obligación de motivación del importe de la multa por parte de la Comisión, el Tribunal General no procedió a la revisión […] a la que está obligado’.

En 2007, la Comisión impuso a Telefónica una multa por abuso de posición dominante en el mercado español de banda ancha, que impidió la entrada de empresas rivales en el sector. La empresa presentó un recurso contra esta decisión, pero el tribunal la confirmó en marzo de 2012.

Telefónica volvió a presentar un recurso en casación contra la sentencia de 2012 sosteniendo que ‘la Comisión había violado los principios de individualización de las penas, de proporcionalidad y de igualdad de trato, e incumplido su obligación de motivación al fijar el importe de base de la multa’ en 90 millones de euros.

Esta base de cálculo de 90 millones ‘representaba el segundo importe de base más alto que se había fijado nunca en materia de abuso de posición dominante, tras el del asunto Microsoft’, empresa que en 2004 fue multada por 497 millones de euros y en 2008 por casi 900 millones, y entre ‘nueve y diez veces superior’ a las multas impuestas a Wanadoo y a Deutsche Telekom en 2003 por 10,3 millones y 12,6 millones, respectivamente.

Según la presentación de Telefónica, indica el comunicado, la empresa española cuestiona la ‘desproporción’ entre la base de cálculo para la multa que se le impuso y las infligidas a Deutsche Telekom y a Wanadoo ‘por unas prácticas idénticas de abuso de posición dominante’, a pesar de que ‘las tres decisiones se adoptaron basándose’ en el mismo modo de cálculo.

Según el abogado general, la decisión del tribunal ‘no contiene ningún análisis’ al respecto de la ‘obligación motivación del importe’. Por lo tanto, propone que se ‘devuelva el asunto’ para que el Tribunal General ‘se pronuncie de nuevo sobre la multa impuesta por la Comisión’.

Entre las competencias del tribunal en lo que respecta al derecho de la competencia, figuran la posibilidad de ‘anular o confirmar una multa’ y de ‘aumentar o disminuir su importe’.

Las propuestas del abogado general no son vinculantes para el Tribunal de Justicia, que tomará su decisión más adelante, pero éste sigue las conclusiones en la mayoría de los casos.