Más allá de las inconstitucionalidades que pueda tener el proyecto –y que ojalá la CC se atreva a señalar–, las reformas apuntan a que los partidos mejoren sus finanzas, que el pueblo pague la mayor parte de sus campañas electorales y los dirigentes políticos tengan más espacio para seguir con su fiesta de enriquecimiento; mientras los guatemaltecos continuaremos viendo cómo el crimen organizado, los contratistas del Estado y grupos interesados continúan influyendo directamente en las políticas públicas por medio de la compra de voluntades en campaña electoral.
No está demás recordar que el expresidente Alfonso Portillo se jacta de haber recibido un cheque de US$500.000.00 (unos Q4.000.000.00) de Taiwán cuando era candidato. ¡Por baboso lo metía a su campaña! Lo que hizo fue embolsarse el dinero y enviarlo a cuentas de su familia en el exterior.
Así se enriquecen muchos candidatos, o dirigentes políticos. Los cheques llegan sin control. En el mejor de los casos ponen un poco para la campaña y el resto para comprar casas, carros y hasta puntos –como dice alguna publicidad–. El reparto ahora podrá favorecer más a los políticos, porque no necesitarán tanto para pagar la publicidad. Esa pretenden que la paguemos Usted, yo, y todos los guatemaltecos.
La ley actual es mala e insuficiente, pero con las reformas, se produce un paso atrás en las aspiraciones de tener un páis mejor en el corto plazo.
Por supuesto que el financiamiento estatal es una forma de limpiar los partidos, pero no cuando se deja abierta la puerta para que la compra de voluntades continúe con el financiamiento privado.
Y hay más, por supuesto que los vendidos diputados siguen beneficiando a la televisión abierta y castigan o ignoran a otros medios de publicidad. El proyecto beneficia sin ningún concepto técnico a unos y perjudica a otros.
Todavía resta un poco de tiempo antes de consumarse esta nueva burla de los políticos en la cara de los ciudadanos. Hay una necesidad grande de pronunciamientos, de repudio y exigencias de parte de la sociedad civil, de la prensa y de las personas por medio de redes sociales o cualquier otro medio de expresión, para intentar que no se apruebe este verdadero mamarracho de reforma electoral.
La fiscalización ciudadana debe funcionar y mostrar toda su energía en este momento, porque provocar cambios en el futuro será más complicado. La reforma le concede más poder a los dirigentes corruptos, quienes se podrían ver consolidados en sus posiciones por mucho tiempo, algo que viene a ser una especie de condena para el país. La ley actual es mala e insuficiente, pero con las reformas, se produce un paso atrás en las aspiraciones de tener un país mejor en el corto plazo.
Más allá de las inconstitucionalidades que pueda tener el proyecto –y que ojalá la CC se atreva a señalar–, las reformas apuntan a que los partidos mejoren sus finanzas, que el pueblo pague la mayor parte de sus campañas electorales y los dirigentes políticos tengan más espacio para seguir con su fiesta de enriquecimiento; mientras los guatemaltecos continuaremos viendo cómo el crimen organizado, los contratistas del Estado y grupos interesados continúan influyendo directamente en las políticas públicas por medio de la compra de voluntades en campaña electoral.
No está demás recordar que el expresidente Alfonso Portillo se jacta de haber recibido un cheque de US$500.000.00 (unos Q4.000.000.00) de Taiwán cuando era candidato. ¡Por baboso lo metía a su campaña! Lo que hizo fue embolsarse el dinero y enviarlo a cuentas de su familia en el exterior.
Así se enriquecen muchos candidatos, o dirigentes políticos. Los cheques llegan sin control. En el mejor de los casos ponen un poco para la campaña y el resto para comprar casas, carros y hasta puntos –como dice alguna publicidad–. El reparto ahora podrá favorecer más a los políticos, porque no necesitarán tanto para pagar la publicidad. Esa pretenden que la paguemos Usted, yo, y todos los guatemaltecos.
La ley actual es mala e insuficiente, pero con las reformas, se produce un paso atrás en las aspiraciones de tener un páis mejor en el corto plazo.
Por supuesto que el financiamiento estatal es una forma de limpiar los partidos, pero no cuando se deja abierta la puerta para que la compra de voluntades continúe con el financiamiento privado.
Y hay más, por supuesto que los vendidos diputados siguen beneficiando a la televisión abierta y castigan o ignoran a otros medios de publicidad. El proyecto beneficia sin ningún concepto técnico a unos y perjudica a otros.
Todavía resta un poco de tiempo antes de consumarse esta nueva burla de los políticos en la cara de los ciudadanos. Hay una necesidad grande de pronunciamientos, de repudio y exigencias de parte de la sociedad civil, de la prensa y de las personas por medio de redes sociales o cualquier otro medio de expresión, para intentar que no se apruebe este verdadero mamarracho de reforma electoral.
La fiscalización ciudadana debe funcionar y mostrar toda su energía en este momento, porque provocar cambios en el futuro será más complicado. La reforma le concede más poder a los dirigentes corruptos, quienes se podrían ver consolidados en sus posiciones por mucho tiempo, algo que viene a ser una especie de condena para el país. La ley actual es mala e insuficiente, pero con las reformas, se produce un paso atrás en las aspiraciones de tener un país mejor en el corto plazo.