Varias autopistas, un fabricante de electrodomésticos, un club de fútbol: ningún sector escapa en España a la epidemia de suspensiones de pagos, que siguen creciendo con la crisis y terminan para muchos en bancarrota.

Según el Instituto Nacional de Estadística, el país, cuarta economía de la Eurozona, pasó de 1.147 concursos de acreedores en 2007 a 6.197 en 2009 y 9.071 en 2012.

‘Creo que en 2013 vamos a rozar los 10.000’, estima Carlos Sancho, abogado y profesor en la IESE Business School de Madrid.

‘El año 2013 va a ser el de mayores concursos de la historia de España, sin duda ninguna’, dice por su parte Enrique Bujidos, responsable de reestructuraciones de PricewaterhouseCoopers.

Varios nombres emblemáticos del país tropezaron en los últimos meses: en febrero, el promotor inmobiliario Reyal Urbis se vio arrastrado por su deuda, 3.600 millones de euros, a la segunda mayor suspensión de pagos de la historia de España.

El gigante del pescado congelado Pescanova, que emplea a más de 10.000 personas, presentó concurso de acreedores en abril.

El 13 de noviembre, lo hizo el imperio Fagor, uno de los mayores fabricantes europeos de electrodomésticos, amenazando más de 2.000 empleos en España, donde el desempleo roza el 26%.

A menor escala, también declararon suspensión de pagos el equipo de fútbol Deportivo de La Coruña, varias autopistas privadas e incluso la empresa organizadora del concurso de Miss España.

El sector de la construcción, el más afectado, representa cerca de un tercio de los procedimientos de insolvencia judicial según varias estimaciones.

La firma de corretaje Axesor prevé ‘un crecimiento de en torno a un 20-25%’ de los concursos de acreedores en 2013 y una ligera ralentización en 2014, explica Javier Ramos, director de su gabinete de estudios.

Entre enero y noviembre, se registraron 8.225 suspensiones de pagos, un aumento del 20,3% respecto al mismo periodo de 2012, pese a que el ritmo disminuyó en el segundo semestre e incluso descendió un 16% interanual en noviembre, según Axesor.

Sin embargo, ‘en España siguen siendo muy bajas las tasas concursales’ respecto al número total de empresas que cierran, un 26% entre enero y septiembre, precisa Ramos.

En un país cuyo tejido empresarial está principalmente formado por pequeñas empresas, existe ‘mucho miedo al concurso de acreedores’ y, en general, el propietario ‘directamente lo que hace es cerrar’, explica Celia Ferrero, vicepresidenta de la federación de trabajadores autónomos ATA.

Así, pese a que la suspensión de pagos está destinada a ayudar a sanear las cuentas de una compañía para permitirle salir adelante, en España, según Axesor, el 94% termina en liquidación.

Esto ‘hace que tengamos todos un poco la sensación de que si la compañía va a concurso, no va a haber continuidad’, explica Sancho, que pide convertir tal mecanismo en ‘un paraguas de la ley al empresario para que aguante el chaparrón’.

Con un tímido crecimiento del 0,1% del PIB, España salió de la recesión en el tercer trimestre de este año, pero el país vive ahora los efectos jurídicos de la crisis, con el vencimiento de los créditos solicitados por muchas empresas para mantenerse a flote y la reticencia de los bancos a prestar más.

Ahora, ‘el banco tiene menos incentivos para ayudar a los clientes’, explica Bujidos, recordando que el sector bancario español, que en 2012 recibió una ayuda europea de 41.300 millones de euros, está vigilado de cerca por el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea.

‘Yo creo que si ahora aguantásemos un poquito más, si empezase a fluir el crédito, muchas de las empresas que están al borde del cierre podrían aguantar hasta que la economía se recuperase’, dice Ferrero. ‘Cerca de medio millón de autónomos han desaparecido durante la crisis’, lamenta, señalando que uno de cada cuatro se vio lastrado por la ‘morosidad pública’ de las administraciones, que ‘pagan en 144 días, casi cinco meses’, cuando la ley marca 30.