Las reformas a ley Electoral y de Partidos Políticos fueron aprobadas en tercera lectura por los diputados del Congreso de República y enviada el 15 de noviembre a la Corte de Constitucionalidad. Este alto Organismo debe emitir su opinión al respecto, para luego regresar las reformas de la Ley al Legislativo y discutirla por artículos y redacción final para su aprobación. 

 
Fueron 60 artículos los que modifican aproximadamente un cuarto por ciento de la ley vigente, que tiene 120 artículos. Dentro de estos se crean siete nuevos artículos. 
Sin embargo hay opiniones distintas sobre las reformas, porque muchos analistas coinciden que se favoreció a los partidos políticos y no se corrigieron fallas del sistema político. 
Para Mario García Lara, de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), el proceso fue demasiado complejo, es una mezcla de una serie de propuestas que no es coherente con las partes que integran las reformas y no tocan puntos esenciales urgentes para resolver problemas graves que enfrenta el sistema electoral. 
Hugo Novales analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), coincide con García Lara. Indica que es una ley que no toca lo sustancial y no aborda los verdaderos problemas del sistema político, la intensión de los diputados fue quedar bien con varios sectores. 
El diputado José David Echeverría, Presidente de la Comisión Específica de Asuntos Electorales, quien dio dictamen favorable a la ley, indica que se basaron en tres asuntos importantes, como darle al Tribunal Supremo Electoral (TSE) su supremacía, el proceso electoral y la participación política del ciudadano. 
Asegura que rompieron el paradigma del Congreso porque participó la sociedad civil y académica en el proceso. Aunque Echeverría reconoce que hubo partidos políticos que los limitaron e indicaron que participaban si quedaban fuera ciertos artículos. Así que no es 100% lo que queríamos que se presentara, pero se incluyó la base de las personas que estuvieron trabajando con nosotros, enfatiza. 
Para Justo David Pérez, asesor de la Comisión Específica de Asuntos Electorales, las reformas son cíclicas, siempre están sujetas a revisión, pero dice estar convencido que se dio un paso importante para empezar a fortalecer el sistema político. 
 Multas y Sanciones débiles 
 En estos puntos es donde está fallando la normativa dice el Magistrado del Tribunal Supremo Electoral Helder Ulises Gómez, porque se dejaron de lado dos temas importantes que son las sanciones de campaña anticipada y multas de hasta US$100 mil que solicitó el TSE que se incluyeran. 
Gómez agrega que lo que hicieron fue imponer multas de la deuda pública que se le da a los partidos por los votos emitidos de hasta un 25% del total de lo adeudado. Sin embargo el Magistrado reconoce que el TSE debe consensuar con los partidos la forma de establecer los montos. Es como en una infracción de tránsito le pregunten al infractor cuanto quiere pagar, dice Gómez. 
Según la reforma se establece un porcentaje de multas que oscilan de 1 al 25% de lo que corresponde al partido por el financiamiento directo por la deuda electoral.
La interrogante queda sobre los partidos nuevos que todavía no tienen derecho a esa deuda, ¿de donde se les va a debitar? 
Otra reforma es que se suspende a los partidos que no entregue informe detallado de gastos de campaña y el informe de donaciones durante la campaña. 
Sobre este respecto los expertos coinciden en que los partidos políticos son expertos en maquillar sus informes y ejemplifican la campaña anterior, según un informe presentado por Acción Ciudadana (AC), donde el Partido Patriota tuvo un gasto de campaña de Q215 millones y el financiamiento reportado al TSE fue de Q16.9 millones, Q198 millones menos. De igual forma el Partido Libertad Democrática Renovada (Lider) su gasto de campaña fue de Q141.4 millones y reporto al TSE Q27 millones, Q114 millones menos. 
 
Sobre el financiamiento privado 
Este es un tema muy controversial. Para García Lara, la ley pretende corregir que el dinero ilícito no llegue a los partidos políticos, pero la norma no lo corrige en lo absoluto porque no se establece un límite real para el financiamiento privado y menos normas de trasparencia que sean aplicables, enfatiza. 
Según García Lara, no se cierra el financiamiento privado y se incrementa el público y los únicos beneficiados son los partidos políticos. 
Dentro de las reformas en este sentido se encuentran, la prohibición de las contribuciones (dinero) anónimas y todas la donaciones privadas deben ser por medio de una boleta bancaria en cuenta a nombre del partido. 
 Así mismo las donaciones para el funcionamiento de los partidos son deducibles del Impuesto Sobre la Renta (ISR), contra recibo contable. 
 Se agregó un nuevo artículo donde se faculta al TSE fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos y se manda a la Superintendencia de Bancos (SIB), la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la Contraloría General de Cuentas (CGCN) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), brindar la asistencia que el TSE solicite para fiscalizar el origen de los fondos privados en el uso de los recursos financieros de los partidos. 
Según analista esta reforma es muy bien intencionada pero en la realidad no es viable su aplicación, porque hay tantas formas de ocultar la información utilizando testaferros. 
Para el Magistrado del Tribunal Supremo Electoral Helder Ulises Gómez, esta reforma ayudará para hacer un cruce de información para determinar si el dinero de financiamiento privado es licito o es ilícito. Agrega que pueden interponer denuncias al Ministerio Público contra candidatos incluso pedir que se clausure el partido. 
Respecto al fortalecimiento del TSE 
 Para el diputado José David Echeverría, uno de los puntos importantes de la ley es fortalecer al TSE y descentralizar atribuciones.
Según Echeverría se crearon tres direcciones administrativas para que los magistrados realicen sus funciones electorales directamente y se aumentan las herramientas de fiscalización a los partidos políticos. 
Sin embargo el Magistrado del TSE Helder Ulises Gómez, indica que no están de acuerdo con la distribución de funciones, porque se le están dando poderes a una sola persona en el caso de la Dirección General. Hace ver que esa persona será la encargada de realizar lo administrativo incluso el proceso electoral, ya que cumple funciones durante las elecciones generales y ese poder es muy peligros, enfatiza el Magistrado. 
Agrega que a esa persona le dan derechos y obligaciones, incluso de nombrar y remover al personal del TSE que era una función del pleno de Magistrados. 
Según la reforma se crea el puesto de Director General, con las atribuciones de ser el responsable técnico administrativo del TSE. Es el enlace entre el Pleno de Magistrados y los órganos administrativos. 
Además el TSE debe crear en el trascurso de seis meses las nuevas direcciones de, control y fiscalización de las finanzas de los partidos, medios de comunicación y estudios de opinión. 
Principales reformas a las organizaciones políticas. 
Dentro de las reformas que se centran en las organizaciones políticas se encuentran dentro de las principales: 
El aumento del número de afiliados que debe tener un partido político a 0.50% del padrón (en la ley vigente son 0.30%). De tal manera que son aproximadamente 35 mil afiliados. Se establece que por lo menos la mitad debe saber leer y escribir y los partidos tienen cuatro años para cumplir el requisito. 
También se aumenta el número mínimo de afiliados por municipio que no puede ser menor de 80 personas, en la ley vigente se establece 40 afiliados. 
Otro reforma es que se incrementa la presencia territorial de los partidos. Se exige que tenga organización en al menos 2/3 partes de los departamentos del país y en más de 25% de los municipios. 
Para Justo David Pérez, estas reformas dan más legitimidad a los partidos porque aumenta su presencia en todo el territorio nacional. 
Sin embargo para Hugo Novales, en la actualidad los partidos políticos solo tienen presencia en el 20% del territorio nacional. Hace ver que lo que la reforma no aborda es la democracia interna de los partidos, porque si se aumenta la ampliación territorial, le otorga una ventaja a los partidos grandes. 
Novales enfatiza, que esto puede provocar, que los partidos por falta de recursos identifiquen a un líder local que ponga sus propios recursos y este se convierta en el dueño del partido en el lugar y esto no es congruente con esta idea de la ley, para que sean democráticos los partidos, dice. 
Para el Magistrado del Tribunal Supremo Electoral Helder Ulises Gómez, esta reforma ayudará para hacer un cruce de información para determinar si el dinero de financiamiento privado es licito o es ilícito. Agrega que pueden interponer denuncias al Ministerio Público contra candidatos incluso pedir que se clausure el partido. 
Inconstitucional
Tanto García Lara como Novales coinciden que uno de los cambios a la ley que claramente es inconstitucional, es establecer el número fijo de diputados al Congreso de la República a 160. 
La Constitución política de la República establece el número de diputado por cantidad de habitantes, de tal manera que por cada 80 mil habitantes se elige un diputado distrital. 
Para el parlamentario Echeverría, este cambio de la ley fue una decisión política por la criticas que giran en torno al Congreso de la República. Indica que se evalúo la inconstitucionalidad, pero van a esperar que contesta la Corte de Constitucionalidad respecto a la normativa, indica. 
Para García Lara la ley electoral vigente no ha sido mala del todo ha servido al país en los procesos electorales y ha funcionado tres décadas, pero necesita ajustes, indica. 
Pero es claro en decir que el problema en el sistema electoral sus dos instituciones principales que son los partidos políticos y el TSE, son muy débiles. Indica que cada vez el TSE ha perdido la claridad de ideas que tenían los Magistrados iniciales y por alguna razón tiene temor de actuar con drasticidad en las sanciones a los partidos políticos.