La decisión de la CSJ -desde el 12 de noviembre último- señala que no existe motivo alguno para que sean investigados -penalmente- los magistrados Artemio Tánchez Mérida, Fausto Corado Morán, Héctor Echeverría Méndez, titulares, y Byron de la Cruz López, profesionales que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) señaló de haber emitido resoluciones contrarias a la ley. 

Desde noviembre del 2012, la Cicig denunció en el Ministerio Público a un grupo de 18 funcionarios judiciales, entre jueces y magistrados de Sala, que emitían resoluciones que beneficiaban a grupos criminales y que eran contrarias a la ley. 

En abril de este año, fueron agregados al listado dos mas señalados de lo mismo, por lo que se insistió en quitarles la inmunidad, pero la CSJ se negó hacerlo. 
La Corte de Constitucionalidad indicó que la Cicig no puede intervenir en el primer caso, porque el mandato no se lo permite. Fue el Juzgado Noveno de Primera Instancia Penal el que determinó que la Comisión quedara fuera del caso.

En el segundo proceso, la entidad figura como querellante adhesivo. El caso está pendiente de iniciar el debate por la muerte del profesional del Derecho.