El Decreto 19-2013, aprobado la semana pasada por el Congreso de Guatemala, ayuda a disminuir la incertidumbre para la construcción de nuevos proyectos de vivienda, que a decir de los desarrolladores el próximo año podrían despegar.

La Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (Anacavi), informó a los medios que las reformas a la Ley de Actualización Tributaria que aprobó el Congreso dan más claridad para empezar con proyectos nuevos, que beneficiarán a varios sectores, en especial del sistema FHA (Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas).

Es de tomar en cuenta que este año se observó una marcada baja en el inicio de proyectos nuevos en el FHA. Según la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) las reformas resuelven los principales problemas creados con los cambios fiscales que hacían inviables los proyectos de construcción.

El Decreto 19-2013 reforma entre otros los artículos 34 y 35 de la Ley de Actualización, además adiciona el Artículo 35 “A”, que regula que se puede transferir áreas y servicios comunes hasta un 30 por ciento del ingreso total del proyecto a los compradores, por medio de acciones que están sujetas al pago del Impuesto de Timbres Fiscales.

Según los constructores con la aplicación del 30% para las áreas comunes de los proyectos inmobiliarios, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) percibirá el pago de timbres, pero también tendrá más ingresos con la reactivación del sector.

Incluso los proyectos del sistema FHA podrán optar a registrar el 30% de las áreas comunes, señaló Sequeira.

Hasta julio pasado, la CGC registró una caída del 8.4 por ciento en la variación interanual de las licencias de construcción autorizadas para vivienda; en tanto que, los préstamos para este fin presentan una contracción del 83%.

Sin embargo, algunos analistas señalan que la reforma está dejando vigente un mecanismo para evadir el pago de impuestos. Opinan que la SAT perderá porque en el diferencial del 30% solo recibirá el 3% del pago de Timbres, en lugar del 31% del Impuesto Sobre la Renta (ISR), y en la venta, el 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y también podría afectar el pago del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) que recaudan las alcaldías.