El Ministerio Público estima que la banda robó 19 propiedades, pero se investiga que hayan realizado la estafa de documentos en otras 50 fincas en todo el país. La red estaba integrada por varios abogados que eran los encargados de cambiar los documentos de los inmuebles a nombre de testaferros para luego vender las propiedades.

Los acusados son: Rodolfo Lázaro; Ligia Alvaroado; Oswaldo Martínez; Olga Valenzuela; Werner Quevedo; Víctor Chinclilla; Orlan Cáceres; Jeddu García; Oscar Esscobar; Gerardo Flores; José Rodríguez; Sayda Coronado; Auxilio Fuentes; Ruth López; Sonia Orellana; Oscar Recinos y Leslie Rosas.
A los implicados, el MP los acusa de caso especial de estafa, falsificación, lavado de dinero, asociación ilícita y algunos podrían podrían ser vinculados al delito de asesinato, porque varios propietarios fueron muertos al despojados de sus inmuebles.
Según la fiscalía esta banda operaba desde 1990 y contaban con el apoyo de empleados del Registro de la Propiedad, Registro Mercantil, Archivo de Protocolo; Superintendecia de Administración Tributaria (SAT), Registro Nacional de Personas (Renap) y la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles (Dicabi).
Se presume que esta banda de estafadores estaba integrada por 47 personas, de las cuales siete ya guardan prisión.