La Cámara de Senadores de México dio a conocer el sábado el proyecto para la reforma petrolera, en un documento que mantiene la prohibición constitucional al modelo de concesiones, pero abre la puerta a la inversión privada mediante contratos que pueden ir desde la utilidad a la producción compartida.

En medio de protestas de la izquierda en la sede del Senado, las comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales hicieron público el documento para una ambiciosa reforma a la paraestatal Petróleos Mexicanoe (Pemex) y a la industria energética del país, que se empezará a discutir el domingo y que prevén someter al pleno de la cámara alta la próxima semana.

En el caso del petróleo, el proyecto del dictamen de ley propone un cambio al artículo 27 de la Constitución Mexicana, que actualmente prohíbe de manera tajante el otorgamiento a particulares de concesiones o contratos y delega la explotación de hidrocarburos al Estado.

El texto, de cerca de 300 páginas difundido a la prensa, indica que el artículo 27 constitucional sería modificado para permitir ‘la exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del estado a través de contratos con éstas y con particulares’, que serán definidos en la ley secundaria.

El documento establece que los legisladores tendrán que definir los modelos de contratos que el gobierno mexicano podría hacer con los inversionistas privados y menciona que podrían ser contratos de utilidad compartida, de producción compartida o de licencias.

‘En cada caso, el Estado definirá el modelo contractual que mejor convenga para maximizar los ingresos de la Nación’, señala éste documento.

El texto agrega que el modelo de concesiones es ‘inadecuado y excesivo’ y que el reto del legislativo es encontrar mecanismos de contratación que, sin comprometer la propiedad nacional del petróleo, constituyan esquemas atractivos para que los capitales privados colaboren en la exploración y extracción de hidrocarburos.

El Senado mexicano había retrasado el viernes la presentación y discusión de este polémico proyecto de reforma energética.

Frenar la caída de producción

Para atraer inversiones y reimpulsar al sector petrolero, el presidente Enrique Peña Nieto, presentó en agosto pasado una iniciativa constitucional que permitiría a la paraestatal Petróleos Mexicano (Pemex) realizar contratos de utilidad compartida con empresas privadas.

Esta reforma es considerada la importante del Pacto por México, un acuerdo entre los principales partidos políticos y el gobierno de Peña Nieto, para sacar adelante un paquete de reformas estructurales que estimulen el crecimiento económico del país y el desarrollo social.

El conservador PAN (Partido Acción Nacional), que está a favor de la reforma constitucional, quería ir más allá y apostaba por un cambio para llegar a permitir las concesiones a particulares.

En cambio, el izquierdista PRD (Partido de la Revolución Democrática) se opone a cualquier modificación de la Carta Magna que afecte a la petrolera, un símbolo de los mexicanos desde la nacionalización del petróleo en 1938.

Los seguidores del izquierdista excandidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, quien se encuentra convaleciente tras sufrir un infarto esta semana, han mantenido un bloqueo en el perímetro de la Cámara de Senadores para protestar contra la reforma constitucional.

Pemex ha enfrentado una drástica caída de su producción de crudo desde los 3,4 millones de barriles diarios de 2004 a los 2,5 millones registrados durante el tercer trimestre de 2013.