El Senado mexicano discutía este martes en el pleno una ambiciosa reforma constitucional que abre la puerta a la inversión privada para participar en la explotación de hidrocarburos y que busca terminar con 75 años de monopolio del Estado en el sector.
La ley energética que se discute en el pleno, considerada una de las más importantes entre el paquete de reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, da entrada al capital privado para la explotación de crudo, una actividad hasta ahora destinada exclusivamente a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
El documento que se analiza establece que las empresas privadas y extranjeras tendrán la posibilidad de participar a través de contratos de riesgo compartido que podrán ser de servicio, de utilidad y de producción, así como por licencias, un esquema en el que los privados asumirían todo el riesgo.
La reforma, que propone modificaciones de tres artículos constitucionales y 21 transitorios, es respaldada por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por el conservador Partido Acción Nacional (PAN).
Sin embargo, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechaza tajantemente las 24 modificaciones previstas, bajo el argumento de que es una reforma ‘privatizadora’ del sector energético y de ‘traición a la patria’.
‘Se trata de una modificación al concepto de propiedad de la nación sobre sus recursos’ y ‘se da preponderancia al interés privado por encima del interés social’, dijo en el pleno Alejandro Encinas, senador del PRD.
La parte toral de esta reforma está concentrada en el artículo 27 constitucional, que actualmente prohíbe de manera tajante el otorgamiento de concesiones o contratos a particulares y delega la explotación de hidrocarburos al Estado.
En el documento que se discute el Estado mantiene la prohibición a las concesiones, pero introduce en la Constitución los contratos para que particulares puedan explotar los hidrocarburos.
La reforma es ‘un punto de inflexión’ prometedora ‘para la economía de la nación’, dijo en el inicio de la sesión el legislador del PRI, Oscar Román Rosas.
‘Para quienes quieren postergar la reforma, nunca será el momento adecuado, nunca habrá de discutirse suficientemente el tema’, añadió en alusión a los legisladores de izquierda.
Para el PAN, la reforma es ‘el modelo energético’ que México ‘requiere para desarrollarse en el siglo XXI’, dijo en su turno el senador Raúl Gracia.
La reforma que buscan el PRI y el PAN pretende modernizar al gigante Pemex, que ha enfrentado una drástica caída de su producción de crudo desde los 3,4 millones de barriles diarios de 2004 a los 2,5 millones registrados durante el tercer trimestre de 2013.
El Senado mexicano discutía este martes en el pleno una ambiciosa reforma constitucional que abre la puerta a la inversión privada para participar en la explotación de hidrocarburos y que busca terminar con 75 años de monopolio del Estado en el sector.
La ley energética que se discute en el pleno, considerada una de las más importantes entre el paquete de reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, da entrada al capital privado para la explotación de crudo, una actividad hasta ahora destinada exclusivamente a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
El documento que se analiza establece que las empresas privadas y extranjeras tendrán la posibilidad de participar a través de contratos de riesgo compartido que podrán ser de servicio, de utilidad y de producción, así como por licencias, un esquema en el que los privados asumirían todo el riesgo.
La reforma, que propone modificaciones de tres artículos constitucionales y 21 transitorios, es respaldada por el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por el conservador Partido Acción Nacional (PAN).
Sin embargo, el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechaza tajantemente las 24 modificaciones previstas, bajo el argumento de que es una reforma ‘privatizadora’ del sector energético y de ‘traición a la patria’.
‘Se trata de una modificación al concepto de propiedad de la nación sobre sus recursos’ y ‘se da preponderancia al interés privado por encima del interés social’, dijo en el pleno Alejandro Encinas, senador del PRD.
La parte toral de esta reforma está concentrada en el artículo 27 constitucional, que actualmente prohíbe de manera tajante el otorgamiento de concesiones o contratos a particulares y delega la explotación de hidrocarburos al Estado.
En el documento que se discute el Estado mantiene la prohibición a las concesiones, pero introduce en la Constitución los contratos para que particulares puedan explotar los hidrocarburos.
La reforma es ‘un punto de inflexión’ prometedora ‘para la economía de la nación’, dijo en el inicio de la sesión el legislador del PRI, Oscar Román Rosas.
‘Para quienes quieren postergar la reforma, nunca será el momento adecuado, nunca habrá de discutirse suficientemente el tema’, añadió en alusión a los legisladores de izquierda.
Para el PAN, la reforma es ‘el modelo energético’ que México ‘requiere para desarrollarse en el siglo XXI’, dijo en su turno el senador Raúl Gracia.
La reforma que buscan el PRI y el PAN pretende modernizar al gigante Pemex, que ha enfrentado una drástica caída de su producción de crudo desde los 3,4 millones de barriles diarios de 2004 a los 2,5 millones registrados durante el tercer trimestre de 2013.