El nuevo año pinta mal para Michael Tate: sin un acuerdo en el Congreso estadounidense, este veterano de Vietnam puede verse privado del subsidio de desempleo dentro de dos semanas y caer así en la pobreza extrema.

‘Tengo que pagar un alquiler. Será crítico si no encuentro un trabajo. No quiero volver a la calle’, clama este cincuentón a la salida de una oficina de empleo en Washington.

La misma espada de Damocles pende sobre millones de estadounidenses desde que se interrumpiera un programa de emergencia que ampliaba el plazo del subsidio de desempleo hasta 78 semanas, contra 26 en tiempos normales para atenuar el impacto de la crisis económica.

A falta de acuerdo entre legisladores demócratas y republicanos, esa ampliación, aprobada en 2008 por la administración Bush, concluyó el sábado último con efecto inmediato: 1,3 millón de desempleados también perdieron su seguro de desempleo.

Y esto no será más que el comienzo. La Casa Blanca afirmó que otros 3,6 millones de desocupados perderán a su vez la ayuda federal antes de fines de 2014.

Esto ‘no tiene sentido desde el punto de vista económico’ y ‘es contrario a nuestros valores’, afirmó la semana última el principal asesor económico del presidente Barack Obama, Gene Sperling.

Al reducir los ingresos de los desempleados, el fin de estas ayudas podrían debilitar la demanda en el país y hacer caer el Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos entre 0,2 y 0,4 punto porcentual en 2014, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO).

La administración Obama hizo sus propios cálculos: esa caída de la actividad podría traducirse en la pérdida de 240.000 empleos este año, según un informe aparecido en diciembre.

Batalla parlamentaria

Según sus promotores, ese programa de subsidios debe ser prolongado imperativamente a pesar de las recientes mejoras del mercado de trabajo en Estados Unidos.

En efecto, la tasa de desempleo en el país se ha reducido en noviembre a 7,0%, su nivel más bajo de los últimos cinco años, pero siguen existiendo numerosas zonas oscuras, en particular en lo que se refiere al desempleo de larga duración.

Según datos oficiales, más de un tercio de los 10,9 millones de desempleados que hay en Estados Unidos, busca un empleo desde hace más de seis meses.

‘Lleva más tiempo encontrar un empleo’, asegura a la AFP Monica West, empleada en un organismo público encargado de ayudar a los desempleados de la capital federal de Estados Unidos.

‘Enviar de 100 a 200 currículas sin recibir siquiera una llamada de teléfono, es muy frustrante’, destaca.

Con todo, el programa sólo tiene defensores. Según algunos expertos y legisladores republicanos, debe ser desmantelado a causa de sus costos (alrededor de 200.000 millones de dólares desde 2008) y de su ineficacia.

‘El programa demostró ser una muy mala herramienta para permitir que los desempleados de larga data vuelvan a encontrar un trabajo’, dijo a AFP Alex Brill, experto de la American Enterprise Institute, un centro de reflexión conservador de Washington.

Según diferentes estimaciones, su prolongación por un año más costaría a las arcas públicas alrededor de 25.000 millones de dólares suplementarios.

‘El gobierno podría encontrar mejores formas de gastar ese dinero’, agrega Brill, quien pide que se priorice el financiamiento de la formación de los desempleados y su eventual ‘relocalización’ en las zonas económicamente más dinámicas.

El Congreso norteamericano abordará nuevamente el asunto. Un proyecto de ley de ambos partidos, que prolonga el dispositivo de ayuda por los próximos tres meses, será presentado el lunes en el Senado.

No obstante, en un año de elecciones legislastivas, el texto corre el riesgo de ser rechazado en la Cámara de Representantes, controlada por la oposición republicana.

A la espera de esta nueva batalla, Michael Tate no oculta su pesimismo.

‘Somos contribuyentes (…) ¿Por qué no ayudarnos? Aún somos Estados Unidos… o al menos se supone que lo somos’, comenta.