El plazo dado a Panamá por el consorcio encargado de la ampliación del Canal para que le reconozca sobrecostes multimillonarios se cumplió este lunes, aunque las obras continuarán mientras sigan las negociaciones para resolver el conflicto.

‘Esperamos que Grupo Unidos por el Canal (GUPC) tome la sabia decisión de seguir con la obra y sustentar sus reclamos en las instancias que establece el contrato’, dijo a AFP Jorge Quijano, administrador del Canal.

El domingo, el consorcio GUPC, liderado por la constructora española Sacyr y en el que participan la italiana Salini Impregilo, la belga Jan de Nul y Constructora Urbana (CUSA), de Panamá, señaló que no contemplaba paralizar las obras cumplido el plazo, pero aclaró que ‘podrá evaluar la situación y tomar la decisión que corresponda en cualquier momento’.

Por su parte, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) dijo en un comunicado que la ‘suspensión’ de los trabajos ‘es inválida, carece de sustento y va en contra del contrato’.

El consorcio amenazó el pasado 30 de diciembre con suspender la construcción del tercer juego de esclusas, el proyecto más importante de la ampliación.

Bajo esa amenaza, el consorcio dio un plazo de 21 días (que concluyó este lunes) a la ACP para que le reconociera un sobrecoste de 1.600 millones de dólares sobre el valor del contrato original de las esclusas (3.200 millones).

El administrador del canal dijo a la AFP que ‘los niveles de producción en la obra son pobrísimos desde hace dos semanas’.

El conflicto ha llegado hasta la Comisión Europea, cuyo vicepresidente Antonio Tajani anunció que mediaría en la crisis. Y el martes, está prevista una reunión de las partes con la aseguradora Zürich América International para hablar de la fianza de 600 millones de dólares que salvaguarda la construcción del tercer juego de esclusas.

‘No van a parar, según me dicen. Pero hay que esperar al martes, porque la reunión con la aseguradora puede aclarar algunas cosas’, dijo a la AFP el ministro del Canal, Roberto Roy.

Ampliación más cara y con retraso

La ampliación comenzó en 2009 y debía finalizar en 2014, cuando el Canal —inaugurado el 15 de agosto de 1914 por Estados Unidos— cumple 100 años. Pero acumula un retraso de nueve meses y ahora se espera que las obras concluyan en junio de 2015.

En la demora incidieron discrepancias en el cemento utilizado por el consorcio, que según la ACP, no cumplía los requisitos.

El coste del proyecto total es de 5.250 millones de dólares y lleva un avance global del 72% y del 65% en las esclusas.

GUPC asegura que los sobrecostes lo generaron ‘imprevistos’ e informes geológicos erróneos de la ACP, que a su vez sostiene que el consorcio tuvo 14 meses para hacer sus propios estudios.

‘Se sabía que no podía costar 5.250 millones. Desde el inicio se le mintió al país. Era la gran estafa’, dijo a la AFP el líder sindical Saúl Méndez.

Un nuevo retraso implica que Panamá no recibirá los ingresos proyectados de la ampliación, gracias a la cual pasarán por el canal superbuques con más de 12.000 contenedores, el triple de carga de los actuales.

El canal aporta al estado panameño unos 960 millones de dólares anuales —cerca del 10% de los ingresos fiscales totales— y se estima entre 300 y 400 millones de dólares lo que dejaría de recibir el país en caso de paralización de las obras.

Pero el retraso no sólo impactaría en Panamá. La obra ha obligado a Estados Unidos a adaptar sus puertos del golfo de México y de la costa este con inversiones millonarias para dar cabida a los nuevos cargueros que pasarán por Panamá.

Un 5% del comercio mundial pasa por el Canal, cuya ampliación permitirá que circulen por él 600 millones de toneladas al año, frente a las 300 actuales. Sus principales clientes son Estados Unidos, China, Chile y Japón.