Las masacres ocurridas en Guatemala reflejan la urgente necesidad de revisar las capacidades instaladas en el Sistema Nacional de Seguridad e Inteligencia.

En el juicio que se sigue contra supuestos integrantes de los Zetas en Guatemala, un testigo bajo la figura de colaborador eficaz afirmó que había alertado a la Policía sobre la masacre ocurrida en Petén en el 2011, TRES DÍAS ANTES. ¡Alarmante! Es indiscutible que la institucionalidad fue rebasada con ese caso, situación evidente con otros eventos de impacto criminal ocurridos en los últimos años.
Recordemos que el 2008 es considerado, en los círculos de seguridad, como un momento de quiebre en la situación del país, debido a la incursión de grupos extranjeros en la dinámica local (influencia de cárteles como el del Golfo, Sinaloa y los Zetas) y el rompimiento de los “acuerdos de co-habitabilidad en paz” que mantenían las estructuras locales. Años más tarde, en el 2010 y 2011, se capturó a tres de las personas más buscadas por las agencias antinarcóticos de Estados Unidos: Mauro Salomón Ramírez, Juan Ortíz López alias “Chamalé” y Waldemar Lorenzana Lima. Ello tuvo una incidencia en el reacomodamiento de las estructuras y la diseminación a más células del narcotráfico.

Fue justo en ese año, el 2011, cuando ocurre la masacre de Petén; y en el 2013, dos años después, la masacre de policías en Salcajá. Y en el 2008 había ocurrido la matanza de 15 nicaragüenses y un holandés. ¡Estos tres eventos, entre otros, reflejan la urgente necesidad de revisar el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad y reflexionar sobre las capacidades instaladas!

Precisamente fue hace cinco años que se aprobó la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto 18-2008 del Congreso), un período que con visión de Estado sería suficiente para establecer las bases mínimas institucionales. En esa concepción es vital el rol del Sistema Nacional de Inteligencia, que coordina las funciones de inteligencia estratégica (Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado), civil (Dirección General de Inteligencia Civil) y militar (Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional). Y aunque me genera inquietud el hecho que un recién retirado militar asuma una institución cuya naturaleza legal se concibe como civil (Artículo 27 de la Ley Marco), no me queda más que esperar que el recién nombramiento de Ulises Anzueto, ex ministro de la Defensa Nacional, genere resultados positivos en la coordinación del Sistema de Inteligencia, que por ley le corresponde a la SIEE.

La superación de los celos institucionales para compartir información y el respeto de la normativa legal serán claves para evitar una “competencia” que genere duplicidad de funciones o asumir roles que no corresponden. ¡Un sistema de inteligencia funcional y efectivo permitirá que estas masacres que hoy comento sean las últimas que contemos!