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Ante los nuevos municipios de la República

Redacción República
14 de febrero, 2014

El miércoles 11 de febrero, el Congreso de la República aprobó la creación del municipio número 338: San José La Máquina, departamento de Suchitepéquez. Es el cuarto municipio que se crea en el joven 2014. Anteriormente se crearon El Chal, en Petén, La Blanca en San Marcos y San Jorge en Zacapa. De acuerdo a nuestra legislación, (Código Municipal, artículo 2), el municipio “es la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos…”, y es esta definición lo que lo hace tan importante para la vida política del ciudadano común, pues el municipio representa su contacto más inmediato con la autoridad del Estado. Con el municipio se tienen las relaciones más básicas, pues éste es el llamado a prestar los servicios más directos al ciudadano. 

Algunos críticos han expresado su preocupación con el boom estas unidades territoriales, argumentando que es innecesario para un país con una extensión territorial tan limitada, y que se está efectuando una peligrosa atomización del poder político del Estado. Sin embargo, estas percepciones no son necesariamente ciertas. Al menos en algunos casos muy puntuales, como sucedió con la creación del municipio de Santa Catarina La Tina, en el departamento de Alta Verapaz, fue segregado de Panzós, con el objeto de remediar el olvido en que dichas comunidades se encontraban. Ahora bien, no se puede negar que al menos exista la posibilidad de otras motivaciones menos nobles. En el caso del último municipio creado, el Congreso lo impulsó mediante una moción privilegiada, que desplazó los demás temas de la agenda legislativa, priorizándolo, lo que no deja de llamar la atención. Bien pudo ser una maniobra para mantener el control sobre la agenda. De ser así, estaríamos ante otra de esas maquinaciones irresponsables de los mal llamados “padres de la Patria”, pero quisiéramos creer que al menos en este tema tan sensible, como lo es la organización política de nuestro país, sea un tomado en serio por los diputados. 
Y es que no deja de llamar la atención que dentro de los requisitos para la creación de un municipio, se establece que es necesario que la solicitud esté debidamente firmada o signada con la impresión digital de por lo menos el 10% de los vecinos en ejercicio de sus derechos, que residan en los lugares en donde se pretende su creación (artículo 26 del Código Municipal). Es decir que para formular la solicitud, los interesados deben recurrir al Padrón Electoral que integra el Tribunal Supremo Electoral -TSE-, para saber la cantidad de firmas o huellas que deben recolectar para plantear la solicitud. Sobra decir por qué el referido padrón crea suspicacias sobre su exactitud. Tampoco puede confiarse en el Censo Poblacional, pues el Instituto Nacional de Estadística -INE-, hace ya bastante tiempo que no realiza el propio, y el último, que data del 2002 si no me equivoco, fue duramente criticado por su inexactitud y poca seriedad en su ejecución. 
El problema principal que plantea el surgimiento de nuevos municipios es la cooptación de los mismos como feudos políticos, de partidos o de familias, como el caso de Medrano y Chinautla, o de los municipios fronterizos, acechados por el narcotráfico. Sobre todo porque la tendencia de los alcaldes municipales ha sido asumir que el municipio no sólo es una entidad autónoma, sino que por sus manejos, pareciera que lo interpretan más bien como un ente independiente. Por ello, la propia Corte de Constitucionalidad ha tenido que aclarar que la autonomía en ningún caso significa “que tengan carácter de entes independientes al margen de la organización y control social”. Esperemos que los nuevos municipios tengan claro su papel y su lugar dentro de la estructura política de nuestra bien amada República.

Ante los nuevos municipios de la República

Redacción República
14 de febrero, 2014

El miércoles 11 de febrero, el Congreso de la República aprobó la creación del municipio número 338: San José La Máquina, departamento de Suchitepéquez. Es el cuarto municipio que se crea en el joven 2014. Anteriormente se crearon El Chal, en Petén, La Blanca en San Marcos y San Jorge en Zacapa. De acuerdo a nuestra legislación, (Código Municipal, artículo 2), el municipio “es la unidad básica de la organización territorial del Estado y espacio inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos…”, y es esta definición lo que lo hace tan importante para la vida política del ciudadano común, pues el municipio representa su contacto más inmediato con la autoridad del Estado. Con el municipio se tienen las relaciones más básicas, pues éste es el llamado a prestar los servicios más directos al ciudadano. 

Algunos críticos han expresado su preocupación con el boom estas unidades territoriales, argumentando que es innecesario para un país con una extensión territorial tan limitada, y que se está efectuando una peligrosa atomización del poder político del Estado. Sin embargo, estas percepciones no son necesariamente ciertas. Al menos en algunos casos muy puntuales, como sucedió con la creación del municipio de Santa Catarina La Tina, en el departamento de Alta Verapaz, fue segregado de Panzós, con el objeto de remediar el olvido en que dichas comunidades se encontraban. Ahora bien, no se puede negar que al menos exista la posibilidad de otras motivaciones menos nobles. En el caso del último municipio creado, el Congreso lo impulsó mediante una moción privilegiada, que desplazó los demás temas de la agenda legislativa, priorizándolo, lo que no deja de llamar la atención. Bien pudo ser una maniobra para mantener el control sobre la agenda. De ser así, estaríamos ante otra de esas maquinaciones irresponsables de los mal llamados “padres de la Patria”, pero quisiéramos creer que al menos en este tema tan sensible, como lo es la organización política de nuestro país, sea un tomado en serio por los diputados. 
Y es que no deja de llamar la atención que dentro de los requisitos para la creación de un municipio, se establece que es necesario que la solicitud esté debidamente firmada o signada con la impresión digital de por lo menos el 10% de los vecinos en ejercicio de sus derechos, que residan en los lugares en donde se pretende su creación (artículo 26 del Código Municipal). Es decir que para formular la solicitud, los interesados deben recurrir al Padrón Electoral que integra el Tribunal Supremo Electoral -TSE-, para saber la cantidad de firmas o huellas que deben recolectar para plantear la solicitud. Sobra decir por qué el referido padrón crea suspicacias sobre su exactitud. Tampoco puede confiarse en el Censo Poblacional, pues el Instituto Nacional de Estadística -INE-, hace ya bastante tiempo que no realiza el propio, y el último, que data del 2002 si no me equivoco, fue duramente criticado por su inexactitud y poca seriedad en su ejecución. 
El problema principal que plantea el surgimiento de nuevos municipios es la cooptación de los mismos como feudos políticos, de partidos o de familias, como el caso de Medrano y Chinautla, o de los municipios fronterizos, acechados por el narcotráfico. Sobre todo porque la tendencia de los alcaldes municipales ha sido asumir que el municipio no sólo es una entidad autónoma, sino que por sus manejos, pareciera que lo interpretan más bien como un ente independiente. Por ello, la propia Corte de Constitucionalidad ha tenido que aclarar que la autonomía en ningún caso significa “que tengan carácter de entes independientes al margen de la organización y control social”. Esperemos que los nuevos municipios tengan claro su papel y su lugar dentro de la estructura política de nuestra bien amada República.