Redacción
27 de marzo, 2014
En los últimos meses y cada vez con más frecuencia, leemos noticias sobre grupos organizados que se dedican a robar energía a empresas privadas para “venderla” a comunidades, como si se tratara de una actividad lícita. Con una capacidad que da pavor, existen grupos terroristas de la “sociedad civil” que desde una supuesta plataforma de apoyo a los más pobres, están dejando enormes pérdidas, de alrededor de Q.250 millones de quetzales al año, según declaraciones del Ministro de Energía y Minas.
Adicionalmente existen organizaciones internacionales que muchas veces desconocen cómo funciona el mercado eléctrico o simplemente no les importa cómo estas actividades ilegales están limitado el acceso a tener energía, a muchas personas que viven en áreas rurales.
El nivel de impunidad ante estos casos también es alto. Según algunas distribuidoras de energía, “en los últimos dos años se han presentado 588 denuncias, resultando únicamente en 6 personas ligadas a proceso y 4 pendientes de debate público”. Mientras tanto, un gran problema en Guatemala, especialmente en sectores que dicen ser más “sociales”, es que se cree que las pérdidas son sólo para la empresa, cuando no se analiza el costo para los más pobres en impuestos que dejan de ser percibidos para salud o educación y la cantidad de empleos que no se logran generar, debido a las limitaciones en el servicio que esto genera.
En la última semana ha habido reportes de personas retenidas por organizaciones delictivas que se dedican a extorsionar a empleados de las empresas que sólo cumplen con su función laboral, cuando en algunas comunidades no se desea pagar y no queda más que desconectarles el servicio.
Recordemos que nada es gratis en este mundo, aunque organizaciones que dicen estar tratando de velar por los intereses de los más pobres, se somaten el pecho diciéndolo y distribuyendo panfletos llamando a la lucha y la nacionalización de los recursos, la historia ha demostrado que el mercado eléctrico en Guatemala ha permitido que en los últimos 25 años aumente la demanda en 7 por ciento anual y se ha logrado una cobertura eléctrica del 85.6 por ciento, según la Dirección General de Energía. Si realmente queremos ayudar al desarrollo, los guatemaltecos, la comunidad internacional y todos quienes vivimos en el país, debemos repudiar este tipo de acciones que atentan contra la reducción de la pobreza. Un país más electrificado implica que sus habitantes están más desarrollados y pueden demandar productos que mejoren su calidad de vida.
El robo de energía se vuelve entonces un flagelo que como sociedad debemos denunciar.
@jczapata_s
Redacción
27 de marzo, 2014
En los últimos meses y cada vez con más frecuencia, leemos noticias sobre grupos organizados que se dedican a robar energía a empresas privadas para “venderla” a comunidades, como si se tratara de una actividad lícita. Con una capacidad que da pavor, existen grupos terroristas de la “sociedad civil” que desde una supuesta plataforma de apoyo a los más pobres, están dejando enormes pérdidas, de alrededor de Q.250 millones de quetzales al año, según declaraciones del Ministro de Energía y Minas.
Adicionalmente existen organizaciones internacionales que muchas veces desconocen cómo funciona el mercado eléctrico o simplemente no les importa cómo estas actividades ilegales están limitado el acceso a tener energía, a muchas personas que viven en áreas rurales.
El nivel de impunidad ante estos casos también es alto. Según algunas distribuidoras de energía, “en los últimos dos años se han presentado 588 denuncias, resultando únicamente en 6 personas ligadas a proceso y 4 pendientes de debate público”. Mientras tanto, un gran problema en Guatemala, especialmente en sectores que dicen ser más “sociales”, es que se cree que las pérdidas son sólo para la empresa, cuando no se analiza el costo para los más pobres en impuestos que dejan de ser percibidos para salud o educación y la cantidad de empleos que no se logran generar, debido a las limitaciones en el servicio que esto genera.
En la última semana ha habido reportes de personas retenidas por organizaciones delictivas que se dedican a extorsionar a empleados de las empresas que sólo cumplen con su función laboral, cuando en algunas comunidades no se desea pagar y no queda más que desconectarles el servicio.
Recordemos que nada es gratis en este mundo, aunque organizaciones que dicen estar tratando de velar por los intereses de los más pobres, se somaten el pecho diciéndolo y distribuyendo panfletos llamando a la lucha y la nacionalización de los recursos, la historia ha demostrado que el mercado eléctrico en Guatemala ha permitido que en los últimos 25 años aumente la demanda en 7 por ciento anual y se ha logrado una cobertura eléctrica del 85.6 por ciento, según la Dirección General de Energía. Si realmente queremos ayudar al desarrollo, los guatemaltecos, la comunidad internacional y todos quienes vivimos en el país, debemos repudiar este tipo de acciones que atentan contra la reducción de la pobreza. Un país más electrificado implica que sus habitantes están más desarrollados y pueden demandar productos que mejoren su calidad de vida.
El robo de energía se vuelve entonces un flagelo que como sociedad debemos denunciar.
@jczapata_s