El domingo pasado, mi programa Informe Especial con Sylvia Gereda, que se transmite en Canal Antigua, dio la primicia de lo que se presagiaba como otro de los oscuros negocios de corrupción en la Administración de Otto Pérez Molina.
Todo arranca el 2 de enero de 2014, días después del año nuevo cuando el piloto aviador Jairo Alberto Samayoa, interventor de la DGAC firmó un contrato por 15 años con Ciro Enrique Ordoñez Levy, propietario de la empresa Acero y Concreto por el arrendamiento de 2,800 metros adyacentes a la terminal la Aurora para la construcción de la Sala 13 Baktun, por Q10,976, mensuales a razón de Q3.92 por metro cuadrado.
Una muestra de las irregularidades en lo actuado por DGAC es la tarifa de Q3.92 por metro cuadrado, que es Q 97 inferior al costo por metro cuadrado que establece el Reglamento Tarifario de los Servicios Aeroportuarios y de Arrendamiento en los Aeródromos del Estado en su artículo 5.
En 2001, la Fiscalía contra la corrupción descubrió que, Walter Silvino Herrera Orozco, fue representante de esta misma empresa Arrinco y un actor clave para desenmarañar la red delictiva donde se encontraban los militares vinculados a Alfonso Portillo y su Estado Mayor Presidencial, los hermanos Jacobo, Josué Vinicio y Arturo Salán Sánchez. En la colonia de San Lázaro, zona 15, se ubican seis viviendas valoradas en Q12.5 millones. Estas viviendas pertenecen a la empresa Arriola Ingenieros Contratistas S. A. representada por Herrera Orozco, uno de los individuos implicados en la estafa de Q248 millones contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Otro nexo entre Arrinco y los hermanos Salán fue el que se estableció con la cuenta bancaria número 81-03-096570 del Bancafé, a nombre de Arrinco. Allí la firma de Arturo Salán, hermano de Jacobo que hoy se encuentra capturado sindicado de malversación de fondos, figura como una de las autorizadas para girar cheques.
Según Rafael Rojas, fiscal del MP, Arrinco recibió Q24 millones por el trabajo de urbanización, el cual no realizó y los fondos no fueron devueltos al IGSS. Dos de los hermanos Salan fueron sentenciados acusados de lavado de dinero.
La Vicepresidenta nos admitió que en este contrato anómalo, los empresarios podrían estar ganando más de US$50 millones mientras que el Estado sólo percibiría poco más de US$1 millón de utilidades.
El domingo pasado, mi programa Informe Especial con Sylvia Gereda, que se transmite en Canal Antigua, dio la primicia de lo que se presagiaba como otro de los oscuros negocios de corrupción en la Administración de Otto Pérez Molina.
Todo arranca el 2 de enero de 2014, días después del año nuevo cuando el piloto aviador Jairo Alberto Samayoa, interventor de la DGAC firmó un contrato por 15 años con Ciro Enrique Ordoñez Levy, propietario de la empresa Acero y Concreto por el arrendamiento de 2,800 metros adyacentes a la terminal la Aurora para la construcción de la Sala 13 Baktun, por Q10,976, mensuales a razón de Q3.92 por metro cuadrado.
Una muestra de las irregularidades en lo actuado por DGAC es la tarifa de Q3.92 por metro cuadrado, que es Q 97 inferior al costo por metro cuadrado que establece el Reglamento Tarifario de los Servicios Aeroportuarios y de Arrendamiento en los Aeródromos del Estado en su artículo 5.
En 2001, la Fiscalía contra la corrupción descubrió que, Walter Silvino Herrera Orozco, fue representante de esta misma empresa Arrinco y un actor clave para desenmarañar la red delictiva donde se encontraban los militares vinculados a Alfonso Portillo y su Estado Mayor Presidencial, los hermanos Jacobo, Josué Vinicio y Arturo Salán Sánchez. En la colonia de San Lázaro, zona 15, se ubican seis viviendas valoradas en Q12.5 millones. Estas viviendas pertenecen a la empresa Arriola Ingenieros Contratistas S. A. representada por Herrera Orozco, uno de los individuos implicados en la estafa de Q248 millones contra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Otro nexo entre Arrinco y los hermanos Salán fue el que se estableció con la cuenta bancaria número 81-03-096570 del Bancafé, a nombre de Arrinco. Allí la firma de Arturo Salán, hermano de Jacobo que hoy se encuentra capturado sindicado de malversación de fondos, figura como una de las autorizadas para girar cheques.
Según Rafael Rojas, fiscal del MP, Arrinco recibió Q24 millones por el trabajo de urbanización, el cual no realizó y los fondos no fueron devueltos al IGSS. Dos de los hermanos Salan fueron sentenciados acusados de lavado de dinero.
La Vicepresidenta nos admitió que en este contrato anómalo, los empresarios podrían estar ganando más de US$50 millones mientras que el Estado sólo percibiría poco más de US$1 millón de utilidades.