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Una historia de persecución penal inefectiva, estrategias y confesiones

Redacción República
19 de marzo, 2014
Los cheques recibidos del gobierno de Taiwán pusieron en evidencia ante Estados Unidos al expresidente Alfonso Portillo, al declarase culpable frente a una Corte de Nueva York. Allí dijo que aceptó US$2.5 millones de soborno para mantener el reconocimiento diplomático de Taiwán por Guatemala. Según la información de cables internacionales, Portillo declaró “creo que es inmoral que el Presidente de un país acepte dinero para continuar reconociendo a otro país, pero la inmoralidad no es lo mismo que ilegal”.
Las declaraciones de Portillo parecen evidencian un transfondo en el debate entre legalidad y moralidad que también dibujan los cuestionamientos legales de aquellos que recuerdan que el Tratado de Extradición firmado entre Guatemala y Estados Unidos no contemplan el delito por el cual fue extraditado; o incluso, el análisis legal sobre la ilicitud del dinero que contempla el delito de lavado de dinero (origen del dinero recibido por Portillo es lícito al provenir de recursos públicos de un Estado). 
El caso que en Estados Unidos avanza por la declaración de culpabilidad del acusado, no tuvo ningún avance en Guatemala, donde se declaró inocente. Lo relevante del caso es que la justicia guatemalteca le dio la razón: el Ministerio Público no pudo demostrar la culpabilidad del ex mandatario por el delito de peculado y dejó libre a Portillo, al igual que a sus Ministros de la Defensa y Finanzas. 
Ante la confesión de Portillo en Nueva York, la fiscal Claudia Paz y Paz afirmo que la declaración de culpabilidad de Portillo fortalece la persecución penal en la región. Por su parte, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a través de su vocero, Diego Álvarez, indicó que es importante que Portillo se haya declarado culpable. 
En este escenario, toman relevancia las declaraciones públicas brindadas por ex comisionado de la CICIG, Francisco Dall´Anese, durante un foro sobre seguridad y justicia celebrado en Honduras en el mes de octubre del 2013, donde reconoció que de varios casos que llevaron a los tribunales sólo se perdió el del expresidente Alfonso Portillo. Aunque el ex comisionado afirmaba que tenía pruebas sobre depósitos en las cuentas personales del ex presidente de fondos provenientes del Ministerio de la Defensa, en Guatemala no se pudo probar la comisión de delitos. 
Pero lo más relevante de la intervención de ese día de Dall´Anese fue al reconocer que luego del juicio perdido “diseñamos una estrategia consultada con el Embajador de los Estados Unidos, con la Fiscal General (Claudia Paz y Paz) y desistimos de la apelación parcialmente”.

Según el excomisionado de CICIG cuando se confirmó la sentencia absolutoria “se procedió a extraditar al presidente Portillo a los Estados Unidos donde esperamos se haga justicia, por otra causa distinta por la que se le seguía aquí en Guatemala”. Entre líneas, el Comisionado reconocía la incapacidad del Ministerio Público y la CICIG de demostrar los delitos que imputaban a Portillo, por lo cual dejaban que fueran otros actores quienes lo juzgaran por una causa distinta. 

Según el abogado Ricardo Sagastume, lo anterior evidencia la deficiencia en las investigaciones del Ministerio Público, cuyos costos trascienden los actores involucrados porque el dinero supuestamente malversado no regresará a las arcas públicas por la inactividad en la persecución penal. Califica de ‘burla’ que las instituciones en Guatemala hayan negociado, dejando por un lado las obligaciones legales de seguir hasta la última instancia con el proceso. Indica que le correspondería al actual Jefe de la CICIG, Iván Velásquez, poner denuncias contra autoridades del MP por esos supuestos arreglos. 

Otro elemento que resalta del caso Portillo, además de las declaraciones de Dall´Anese, fue la información que trascendió en agosto de 2013, cuando el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) Héctor Pérez Aguilera reconoció públicamente haber recibido presiones por parte de Thomas Pastor, quien fungió como secretario de Dall ´Anese en CICIG.
Según Pérez Aguilera, Pastor le hizo ver que en el caso de la extradición del expresidente Portillo, podría haber “cancelación de visa, dinero en Panamá y alusiones a la seguridad de su familia”. 
Pérez era el encargado de elaborar el proyecto de sentencia sobre la constitucionalidad de la extradición de Portillo, cuya ratificación interesaba a la CICIG. Pastor habría llegado a la propia oficina de Pérez a intimidarlo. Dicha acción se hizo constar en un acta de la CC, firmada un día antes de que se resolviera la situación de Portillo, el 26 de agosto de 2011. El acta fue firmada además de Pérez, por los magistrados Mauro Chacón y el entonces presidente de la CC, Alejandro Maldonado Aguirre. 
La CC dio luz verde a la extradición, con la única condición que ese país respetara las garantías constitucionales de Portillo. En noviembre de 2011, el entonces presidente Álvaro Colom avaló en definitivo el falló de la CC para extraditar a Portillo y fue en el gobierno de Otto Pérez que se hizo efectivo el traslado. El exmandatario fue extraditado a Estados Unidos el 24 de mayo de 2013. 
Esperan su pronta liberación 
Los abogados de Alfonso Portillo se muestran optimistas que su cliente será liberado pronto. Según Mauricio Berreondo la libertad del ex mandatario se podría dar el 23 de junio próximo, fecha en la que el Juez Robert Paterson emitirá sentencia.

Berreondo se basa en que la fiscalía de Nueva York establece una pena mínima de 41 meses de prisión y una máxima de 57; y Portillo lleva 50 meses detenido por el caso de los cheques recibidos del gobierno de Taiwán. Según esas cuentas, el ex Presidente habría cumplido el tiempo de condena según las leyes de Estados Unidos, asegura el abogado. 

Responsabilidad compartida con otros mandatarios 
Para el analista Christian Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC), la posición del expresidente Portillo de declarase culpable obedece a una estrategia jurídico político porque de haber seguido el proceso hubiera alargado el tiempo del juicio. Indica que le favoreció el caso similar que se conoce también por recibir cheques de Taiwán del expresidente de El Salvador, Francisco Flores, quien tiene proceso abierto. A Flores se le acusa de recibir US$10 millones. 
Según Castillo, el caso de Portillo no carga sólo con el escándalo internacional; también demuestra una política del gobierno taiwanés de la compra del voto para apoyo en las Naciones Unidas y el bloqueo diplomático a la República Popular de China en Centroamérica. Para algunos analistas, este caso deja abierta la posibilidad de investigar a otros mandatarios guatemaltecos, que también pudieron recibir dinero para mantener el reconocimiento diplomático de la isla. 
Al caso del ex presidente Flores, el más reciente relacionado con supuestos cheques por pagos de Taiwán en la región centroamericana, se
suma el denunciado contra el ex presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, acusado de recibir US$400 mil de Taiwán. Dicho escándalo provocó su renuncia al cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Similar es la acusación en contra del expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, quien supuestamente habría recibido US$4.9 millones de un banco y una empresa de Taiwán. También hay una investigación abierta contra la expresidenta de Panamá, Mireya Moscoso, por supuestamente haber recibido como regalo US$1 millón del presidente taiwanés Chen Shui-bian, como regalo de cumpleaños. El único presidente procesado y declarado culpable es Alfonso Portillo. 
Chen Shui-bian fue condenado a cadena perpetua por corrupción, blanqueo de dinero y falsificación de documentos. Chen, del independiente Partido Demócrata Progresista (PDP), fue presidente de Taiwán del 2000 al 2008. 
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Una historia de persecución penal inefectiva, estrategias y confesiones

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19 de marzo, 2014
Los cheques recibidos del gobierno de Taiwán pusieron en evidencia ante Estados Unidos al expresidente Alfonso Portillo, al declarase culpable frente a una Corte de Nueva York. Allí dijo que aceptó US$2.5 millones de soborno para mantener el reconocimiento diplomático de Taiwán por Guatemala. Según la información de cables internacionales, Portillo declaró “creo que es inmoral que el Presidente de un país acepte dinero para continuar reconociendo a otro país, pero la inmoralidad no es lo mismo que ilegal”.
Las declaraciones de Portillo parecen evidencian un transfondo en el debate entre legalidad y moralidad que también dibujan los cuestionamientos legales de aquellos que recuerdan que el Tratado de Extradición firmado entre Guatemala y Estados Unidos no contemplan el delito por el cual fue extraditado; o incluso, el análisis legal sobre la ilicitud del dinero que contempla el delito de lavado de dinero (origen del dinero recibido por Portillo es lícito al provenir de recursos públicos de un Estado). 
El caso que en Estados Unidos avanza por la declaración de culpabilidad del acusado, no tuvo ningún avance en Guatemala, donde se declaró inocente. Lo relevante del caso es que la justicia guatemalteca le dio la razón: el Ministerio Público no pudo demostrar la culpabilidad del ex mandatario por el delito de peculado y dejó libre a Portillo, al igual que a sus Ministros de la Defensa y Finanzas. 
Ante la confesión de Portillo en Nueva York, la fiscal Claudia Paz y Paz afirmo que la declaración de culpabilidad de Portillo fortalece la persecución penal en la región. Por su parte, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a través de su vocero, Diego Álvarez, indicó que es importante que Portillo se haya declarado culpable. 
En este escenario, toman relevancia las declaraciones públicas brindadas por ex comisionado de la CICIG, Francisco Dall´Anese, durante un foro sobre seguridad y justicia celebrado en Honduras en el mes de octubre del 2013, donde reconoció que de varios casos que llevaron a los tribunales sólo se perdió el del expresidente Alfonso Portillo. Aunque el ex comisionado afirmaba que tenía pruebas sobre depósitos en las cuentas personales del ex presidente de fondos provenientes del Ministerio de la Defensa, en Guatemala no se pudo probar la comisión de delitos. 
Pero lo más relevante de la intervención de ese día de Dall´Anese fue al reconocer que luego del juicio perdido “diseñamos una estrategia consultada con el Embajador de los Estados Unidos, con la Fiscal General (Claudia Paz y Paz) y desistimos de la apelación parcialmente”.

Según el excomisionado de CICIG cuando se confirmó la sentencia absolutoria “se procedió a extraditar al presidente Portillo a los Estados Unidos donde esperamos se haga justicia, por otra causa distinta por la que se le seguía aquí en Guatemala”. Entre líneas, el Comisionado reconocía la incapacidad del Ministerio Público y la CICIG de demostrar los delitos que imputaban a Portillo, por lo cual dejaban que fueran otros actores quienes lo juzgaran por una causa distinta. 

Según el abogado Ricardo Sagastume, lo anterior evidencia la deficiencia en las investigaciones del Ministerio Público, cuyos costos trascienden los actores involucrados porque el dinero supuestamente malversado no regresará a las arcas públicas por la inactividad en la persecución penal. Califica de ‘burla’ que las instituciones en Guatemala hayan negociado, dejando por un lado las obligaciones legales de seguir hasta la última instancia con el proceso. Indica que le correspondería al actual Jefe de la CICIG, Iván Velásquez, poner denuncias contra autoridades del MP por esos supuestos arreglos. 

Otro elemento que resalta del caso Portillo, además de las declaraciones de Dall´Anese, fue la información que trascendió en agosto de 2013, cuando el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) Héctor Pérez Aguilera reconoció públicamente haber recibido presiones por parte de Thomas Pastor, quien fungió como secretario de Dall ´Anese en CICIG.
Según Pérez Aguilera, Pastor le hizo ver que en el caso de la extradición del expresidente Portillo, podría haber “cancelación de visa, dinero en Panamá y alusiones a la seguridad de su familia”. 
Pérez era el encargado de elaborar el proyecto de sentencia sobre la constitucionalidad de la extradición de Portillo, cuya ratificación interesaba a la CICIG. Pastor habría llegado a la propia oficina de Pérez a intimidarlo. Dicha acción se hizo constar en un acta de la CC, firmada un día antes de que se resolviera la situación de Portillo, el 26 de agosto de 2011. El acta fue firmada además de Pérez, por los magistrados Mauro Chacón y el entonces presidente de la CC, Alejandro Maldonado Aguirre. 
La CC dio luz verde a la extradición, con la única condición que ese país respetara las garantías constitucionales de Portillo. En noviembre de 2011, el entonces presidente Álvaro Colom avaló en definitivo el falló de la CC para extraditar a Portillo y fue en el gobierno de Otto Pérez que se hizo efectivo el traslado. El exmandatario fue extraditado a Estados Unidos el 24 de mayo de 2013. 
Esperan su pronta liberación 
Los abogados de Alfonso Portillo se muestran optimistas que su cliente será liberado pronto. Según Mauricio Berreondo la libertad del ex mandatario se podría dar el 23 de junio próximo, fecha en la que el Juez Robert Paterson emitirá sentencia.

Berreondo se basa en que la fiscalía de Nueva York establece una pena mínima de 41 meses de prisión y una máxima de 57; y Portillo lleva 50 meses detenido por el caso de los cheques recibidos del gobierno de Taiwán. Según esas cuentas, el ex Presidente habría cumplido el tiempo de condena según las leyes de Estados Unidos, asegura el abogado. 

Responsabilidad compartida con otros mandatarios 
Para el analista Christian Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC), la posición del expresidente Portillo de declarase culpable obedece a una estrategia jurídico político porque de haber seguido el proceso hubiera alargado el tiempo del juicio. Indica que le favoreció el caso similar que se conoce también por recibir cheques de Taiwán del expresidente de El Salvador, Francisco Flores, quien tiene proceso abierto. A Flores se le acusa de recibir US$10 millones. 
Según Castillo, el caso de Portillo no carga sólo con el escándalo internacional; también demuestra una política del gobierno taiwanés de la compra del voto para apoyo en las Naciones Unidas y el bloqueo diplomático a la República Popular de China en Centroamérica. Para algunos analistas, este caso deja abierta la posibilidad de investigar a otros mandatarios guatemaltecos, que también pudieron recibir dinero para mantener el reconocimiento diplomático de la isla. 
Al caso del ex presidente Flores, el más reciente relacionado con supuestos cheques por pagos de Taiwán en la región centroamericana, se
suma el denunciado contra el ex presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, acusado de recibir US$400 mil de Taiwán. Dicho escándalo provocó su renuncia al cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Similar es la acusación en contra del expresidente de Nicaragua, Enrique Bolaños, quien supuestamente habría recibido US$4.9 millones de un banco y una empresa de Taiwán. También hay una investigación abierta contra la expresidenta de Panamá, Mireya Moscoso, por supuestamente haber recibido como regalo US$1 millón del presidente taiwanés Chen Shui-bian, como regalo de cumpleaños. El único presidente procesado y declarado culpable es Alfonso Portillo. 
Chen Shui-bian fue condenado a cadena perpetua por corrupción, blanqueo de dinero y falsificación de documentos. Chen, del independiente Partido Demócrata Progresista (PDP), fue presidente de Taiwán del 2000 al 2008.