Redacción
24 de marzo, 2014
Mucho se ha intentado desvirtuar el sentido y significado de la protesta ciudadana en Venezuela. El gobierno, entronizado en su sed de poder, no ha hecho más que descalificar y tergiversar lo acontecido en el país. Su objetivo no es otro que proseguir el control total de la sociedad y de la vida de cada individuo.
Es por ello que se hace imperativo clarificar que las protestas en Venezuela no solo están dotadas de contenido sino que también reflejan el sentir y las necesidades de la mayorías. Hoy el país se enfrenta a la enorme cruzada de recobrar su camino hacia la civilización y abandonar el sendero infértil del socialismo.
No se trata de clamores abstractos ni de propuestas carentes de sentido práctico. En esencia, los objetivos de las protestas se resumen en los siguientes postulados: (i) renovación de todos los poderes públicos; (ii) eliminación de la injerencia cubana en el país; (iii) liberación de los presos políticos; (iv) establecimiento del Estado de Derecho y limitación del poder coercitivo en manos del gobierno; y (v) respeto a la libertad individual como premisa fundamental para la existencia de la convivencia ciudadana.
Como se observará, difícilmente estas exigencias constituyan un llamado a la guerra o a la desestabilización. A pesar de todo lo cuestionable que pueda ser la Constitución vigente en Venezuela, las exigencias expuestas se enmarcan y son perfectamente compatibles con lo dispuesto en la carta magna.
Hasta la fecha, sin embargo, el gobierno venezolano no ha mostrado siquiera un ápice de disposición para adoptar alguna acción tendiente a atender las demandas ciudadanas. Sus llamados a diálogo languidecen frente a un discurso violento, excluyente y absoluto. Dicho proceder no hace sino confirmar el talante totalitario y dictatorial del régimen que hoy padecen los venezolanos, y plantea de forma imperativa una difícil encrucijada para el porvenir.
Frente a una dictadura no basta con centrar un discurso en las mal llamadas demandas sociales de los sectores más pobres de la sociedad. Además del siempre latente peligro populista que ello conlleva, no se puede menospreciar el hecho de que un Estado socialista es en esencia una fábrica en la que se subsidia la pobreza, y puesto el Estado siempre tendrá mayores recursos para regalar, nunca un particular -así esté colmado de las mejores intenciones- podrá igual la oferta demagógica.
A ello habría que sumar algunas sutilezas del sistema imperante que algunos prefieren obviar, casi siempre de modo suspicaz. Tal es el caso, por ejemplo, del control absoluto de los poderes públicos por parte del gobierno venezolano.
En esta circunstancia, el retorno a la defensa de los principios cercanos a la libertad, la propiedad y el Estado de Derecho se hace imperativo, porque estos valores trascienden a cualquier coyuntura y la historia nos ha demostrado que solo es posible alcanzar el desarrollo mediante su existencia, respeto y florecimiento.
Un tema aparte constituye el modo en que estos principios puedan comunicarse de la forma más eficiente a la población. Sin embargo, no podemos partir de la premisa según la cual el individuo -por su condición de pobreza- es un retoño no apto para comprender el valor de la libertad. Ello constituye un gesto supremo de soberbia y en cierto modo pone de manifiesto la causa última de un discurso político mediocre que solo ofrece como solución ante los males dictatoriales la fundación de canchas deportivas, la repartición de pollos y la espera kilométrica por papel higiénico.
La moral de los esclavos y de los hombres sumisos. ¿Es eso realmente lo que quieren los venezolanos? Creemos que no.
Redacción
24 de marzo, 2014
Mucho se ha intentado desvirtuar el sentido y significado de la protesta ciudadana en Venezuela. El gobierno, entronizado en su sed de poder, no ha hecho más que descalificar y tergiversar lo acontecido en el país. Su objetivo no es otro que proseguir el control total de la sociedad y de la vida de cada individuo.
Es por ello que se hace imperativo clarificar que las protestas en Venezuela no solo están dotadas de contenido sino que también reflejan el sentir y las necesidades de la mayorías. Hoy el país se enfrenta a la enorme cruzada de recobrar su camino hacia la civilización y abandonar el sendero infértil del socialismo.
No se trata de clamores abstractos ni de propuestas carentes de sentido práctico. En esencia, los objetivos de las protestas se resumen en los siguientes postulados: (i) renovación de todos los poderes públicos; (ii) eliminación de la injerencia cubana en el país; (iii) liberación de los presos políticos; (iv) establecimiento del Estado de Derecho y limitación del poder coercitivo en manos del gobierno; y (v) respeto a la libertad individual como premisa fundamental para la existencia de la convivencia ciudadana.
Como se observará, difícilmente estas exigencias constituyan un llamado a la guerra o a la desestabilización. A pesar de todo lo cuestionable que pueda ser la Constitución vigente en Venezuela, las exigencias expuestas se enmarcan y son perfectamente compatibles con lo dispuesto en la carta magna.
Hasta la fecha, sin embargo, el gobierno venezolano no ha mostrado siquiera un ápice de disposición para adoptar alguna acción tendiente a atender las demandas ciudadanas. Sus llamados a diálogo languidecen frente a un discurso violento, excluyente y absoluto. Dicho proceder no hace sino confirmar el talante totalitario y dictatorial del régimen que hoy padecen los venezolanos, y plantea de forma imperativa una difícil encrucijada para el porvenir.
Frente a una dictadura no basta con centrar un discurso en las mal llamadas demandas sociales de los sectores más pobres de la sociedad. Además del siempre latente peligro populista que ello conlleva, no se puede menospreciar el hecho de que un Estado socialista es en esencia una fábrica en la que se subsidia la pobreza, y puesto el Estado siempre tendrá mayores recursos para regalar, nunca un particular -así esté colmado de las mejores intenciones- podrá igual la oferta demagógica.
A ello habría que sumar algunas sutilezas del sistema imperante que algunos prefieren obviar, casi siempre de modo suspicaz. Tal es el caso, por ejemplo, del control absoluto de los poderes públicos por parte del gobierno venezolano.
En esta circunstancia, el retorno a la defensa de los principios cercanos a la libertad, la propiedad y el Estado de Derecho se hace imperativo, porque estos valores trascienden a cualquier coyuntura y la historia nos ha demostrado que solo es posible alcanzar el desarrollo mediante su existencia, respeto y florecimiento.
Un tema aparte constituye el modo en que estos principios puedan comunicarse de la forma más eficiente a la población. Sin embargo, no podemos partir de la premisa según la cual el individuo -por su condición de pobreza- es un retoño no apto para comprender el valor de la libertad. Ello constituye un gesto supremo de soberbia y en cierto modo pone de manifiesto la causa última de un discurso político mediocre que solo ofrece como solución ante los males dictatoriales la fundación de canchas deportivas, la repartición de pollos y la espera kilométrica por papel higiénico.
La moral de los esclavos y de los hombres sumisos. ¿Es eso realmente lo que quieren los venezolanos? Creemos que no.