Es una frase que se utiliza comúnmente para
indicar que alguien actúa ofuscado, guiado por la ira o emociones descontroladas
dejando a un lado su juicio o razón. Esta sería una explicación aceptable en la
mayoría de los países latinoamericanos, sin embargo; en aquellos donde la
violencia ha ido en aumento junto con 
los niveles de saña y crueldad con que se cometen los crímenes, adquiere
otro significado, digamos; más literal.

Como lo sucedido en San José Pinula,
Guatemala; donde hace un par de semanas unos delincuentes dejaron  un maletín y un morral con la extremidad y la
cabeza de una mujer. El destino de esta macabra entrega fue la casa del alcalde
de este municipio. El objetivo era darle un mensaje claro y contundente de que
las amenazas son reales: o entrega Q250 mil de extorsión o él y su familia
corren peligro de muerte.  Además de la
exigencia del cobro de Q10 diarios a los inquilinos del mercado municipal; es
decir, los empleados de la municipalidad como recaudadores al servicio de estos
criminales.

Esta noticia tiene varios aspectos que
hacen aún más preocupante la situación en nuestro  país. Primero: la amenaza al alcalde del
municipio, figura de mayor autoridad en la localidad y con recursos para disponer
de seguridad, nos indica que no existen límites para estos criminales. Segundo:
las estructuras de estos criminales son cada vez más sólidas o, en su defecto,
que cada vez es más débil la presencia de las autoridades encargadas de
impartir justicia y brindar seguridad O una desafortunada mezcla de ambas.
Tercero: el incremento en la crueldad de los crímenes y, por último, la
responsabilidad del gobierno en la prevención y resolución de los mismos,
entendiendo como la captura, juicio y condena de estos antisociales.

El aumento en la criminalidad parece ser como
la Hidra de Lerna; una amenaza con muchas cabezas por destruir las cuales se
regeneran y multiplican en cada intento por acabar con el aparentemente
indestructible monstruo de mil cabezas. Si a la situación de inseguridad e
impunidad  le sumamos la “distracción”,
por no decir ineficiencia,  del gobierno
en cumplir con sus funciones básicas, el problema adquiere dimensiones
épicas.  Con este panorama ni el mismo
Heracles nos podría ayudar.

El Ministerio de Gobernación a través de la
Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario (SP), el Ministerio
Público (MP) y el Organismo Judicial a través de los diferentes juzgados, son
los principales responsables en combatir la inseguridad y administrar justicia.
Como ciudadanos y tributarios debemos exigirles enérgicamente resultados a
estos burócratas , empezando por el Presidente, Vicepresidente, la recién
nombrada Fiscal General y los diputados del Congreso que están más preocupados
en aprobar más préstamos que en disminuir el número de personas que son
asesinadas diariamente.

Ni a este gobierno ni a los anteriores les
ha interesado resolver o sentar las bases para una solución al problema de la
inseguridad y la impartición oportuna de justicia, la única diferencia con el
gobierno anterior es que al menos fue honesto al decir que su prioridad eran
los programas sociales de la “primera dama”. No esperemos entonces que los
políticos en su infinita magnanimidad tomen voluntariamente este problema como
un asunto prioritario.

Brindar seguridad e impartir justicia será
como una piedra en el zapato para los gobernantes que tendrán que aguantar para
legitimar el ejercicio del poder. Mientras los electores “pierdan la cabeza
ante el canto de las sirenas populistas” que prometen el desarrollo a costa de
los demás, muchos perderán, literalmente, la cabeza a manos de los criminales
que operan impunemente en el país.

@Md30