En Guatemala estamos en un momento en el que la anarquía está a la vuelta de la esquina, y parece que aquellos responsables legalmente de velar por el estado de Derecho son los primeros en violar las normas de la ética, la moral e incluso la legalidad.
Tenemos un Presidente al que le importa poco el espíritu de los artículos pétreos de la Constitución y promueve un debate para ampliar el mandato presidencial. ¡Ah, pero que no se malentienda… a él no le interesa quedarse “más de un día en el poder”! Tal vez sólo quiere ser incluido en la lista de aquellos que han presentado iniciativas similares: Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega en Nicaragua. Puede sumarse a esa privilegiada lista, entonces, Otto Pérez Molina en Guatemala.
Tenemos unos diputados a los que tampoco les importa mucho lo que dictamina la Carta Magna, particularmente velar por el respeto al derecho a la propiedad privada y aprueban, de urgencia nacional, una Ley de Telecomunicaciones, que viola claramente esa garantía. No hay que ser un experto constitucionalista para ver la clara violación a ese principio, ya que la ley permite a empresas instalar antenas de transmisión de datos en propiedad privada con la simple autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones. ¿Dónde estarán aquellas voces constitucionalistas?
Tenemos a unos partidos políticos que se pasan por alto la Ley Electoral, bajo el argumento que ‘no saben’ la diferencia entre proselitismo y campaña. En teoría no lo saben, pero en la práctica todos los días la ejecutan. A lo mejor el TSE podría mandar a imprimir unas copias de la Ley para que los políticos ‘pobrecitos’ puedan entender cuáles son los artículos que están violando. ¡Ojo, que la ignorancia no exime de responsabilidad!
Tenemos unas municipalidades que creen “conveniente” cobrar por el uso de zonas públicas, provocando una doble tributación. ¡Alo municipalidades de lugares turísticos como Antigua Guatemala y Panajachel! Ojalá que al resto de alcaldes no se les ocurra copiar el modelito.
Lo que no tenemos son funcionarios que cumplan y hagan cumplir las leyes; que velen por el estado de Derecho. No tenemos a una ciudadanía que diga ALTO a tanto abuso. Una ciudadanía que exija a aquellos que cobran un salario público los mínimos estándares de ética, moralidad y legalidad. ¡Basta ya de funcionarios que navegan con bandera de ignorantes para sacar raja del poder! La censura social de aquellos que no respetan las leyes, de aquellos que no respetan las mínimas normas de moral y ética profesional, es un primer paso para depurar la administración pública. Aquel que viole esas normas debe ser castigado con el rechazo social, como mínimo, para exigir el castigo legal. Basta de justificar con frases como “robo pero hizo obra”, o “es el menos peor”. ¡Con esa actitud estamos condenados al fracaso de nuestra sociedad!
En Guatemala estamos en un momento en el que la anarquía está a la vuelta de la esquina, y parece que aquellos responsables legalmente de velar por el estado de Derecho son los primeros en violar las normas de la ética, la moral e incluso la legalidad.
Tenemos un Presidente al que le importa poco el espíritu de los artículos pétreos de la Constitución y promueve un debate para ampliar el mandato presidencial. ¡Ah, pero que no se malentienda… a él no le interesa quedarse “más de un día en el poder”! Tal vez sólo quiere ser incluido en la lista de aquellos que han presentado iniciativas similares: Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega en Nicaragua. Puede sumarse a esa privilegiada lista, entonces, Otto Pérez Molina en Guatemala.
Tenemos unos diputados a los que tampoco les importa mucho lo que dictamina la Carta Magna, particularmente velar por el respeto al derecho a la propiedad privada y aprueban, de urgencia nacional, una Ley de Telecomunicaciones, que viola claramente esa garantía. No hay que ser un experto constitucionalista para ver la clara violación a ese principio, ya que la ley permite a empresas instalar antenas de transmisión de datos en propiedad privada con la simple autorización de la Superintendencia de Telecomunicaciones. ¿Dónde estarán aquellas voces constitucionalistas?
Tenemos a unos partidos políticos que se pasan por alto la Ley Electoral, bajo el argumento que ‘no saben’ la diferencia entre proselitismo y campaña. En teoría no lo saben, pero en la práctica todos los días la ejecutan. A lo mejor el TSE podría mandar a imprimir unas copias de la Ley para que los políticos ‘pobrecitos’ puedan entender cuáles son los artículos que están violando. ¡Ojo, que la ignorancia no exime de responsabilidad!
Tenemos unas municipalidades que creen “conveniente” cobrar por el uso de zonas públicas, provocando una doble tributación. ¡Alo municipalidades de lugares turísticos como Antigua Guatemala y Panajachel! Ojalá que al resto de alcaldes no se les ocurra copiar el modelito.
Lo que no tenemos son funcionarios que cumplan y hagan cumplir las leyes; que velen por el estado de Derecho. No tenemos a una ciudadanía que diga ALTO a tanto abuso. Una ciudadanía que exija a aquellos que cobran un salario público los mínimos estándares de ética, moralidad y legalidad. ¡Basta ya de funcionarios que navegan con bandera de ignorantes para sacar raja del poder! La censura social de aquellos que no respetan las leyes, de aquellos que no respetan las mínimas normas de moral y ética profesional, es un primer paso para depurar la administración pública. Aquel que viole esas normas debe ser castigado con el rechazo social, como mínimo, para exigir el castigo legal. Basta de justificar con frases como “robo pero hizo obra”, o “es el menos peor”. ¡Con esa actitud estamos condenados al fracaso de nuestra sociedad!