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La luz que no se ve al final del túnel

Redacción
07 de mayo, 2014

Parece que el problema de nuestras autoridades es que no hay modo que vean la luz, y entendamos “la luz” como algo que ilumina el camino hacia solucionar muchos de los problemas que nos aquejan.
Como siempre la solución empieza por entender los problemas y estos se agrandan al no tener idea de cuál es el problema. Mientras los encargados de solucionar los problemas comunes de los ciudadanos no los comprendan, estarán como dice el refrán, dando palos de ciegos. 

La generación de energía eléctrica por medio de hidroeléctricas nos ha traído en Guatemala dos problemas y por supuesto grandes beneficios. El primero de estos es que algunos vecinos han sido afectados con la construcción de las represas, y el segundo problema es que otro grupo se han aprovecha de esos descontentos para generar conflicto. Pero lo que ha hecho crecer estos dos problemas es que los políticos actuales y pasados no han tenido una idea clara de cómo solucionar el problema, pues el descontento de los afectados ha formado un escudo muy eficaz para la proliferación de estos aprovechados. Ahora resulta que estos aprovechados, maleantes encubiertos con mantos de ecologistas, son sinceros defensores de las comunidades aledañas. Por supuesto que las comunidades no ganan nada de tener estos defensores, y el tiempo hará que las se cansen de estas mentiras. 
El camino para la solución es muy claro: hay que evitar que unos se aprovechen de otros. Si las actividades de construcción de hidroeléctricas generan algún daño a terceros o comunidades, es función de las autoridades competentes (para mi gusto los alcaldes) mediar entre unos y otros, y si no se logra llegar a un acuerdo satisfactorio, pues toca acudir a las autoridades judiciales competentes para que determinen los daños asociados al proyecto y así lograr una solución pacífica y definitiva al problema. Y hay que recalcar lo importante de la palabra “definitiva”, pues esto pondrá fin a futuras disputas, y permitirá enfocar la energía de los habitantes, de la comunidad, del alcalde y su equipo, así como de los empresarios, en resolver nuevos problemas, y frenar un posible círculo vicioso que puede terminar en extorsiones, pues los políticos o los comunitarios pueden ver en estos “arreglos” posibles fuentes de ingresos, que solo serán fuente de conflictos futuros. 
Ahora, si se descubre que las demandas son de personas ajenas a los damnificados (de aprovechados), la mediación que debe existir por parte de los políticos debe ser con el organismo de justicia. Si se descubre que estos grupos son ajenos a los problemas deben ser castigados y excluidos de todo diálogo, pues lo único que hacen es entorpecer los procesos de llegar a acuerdos que generen beneficios entre las partes. Los políticos son los actores que buscan llevar a buen fin las negociaciones entre dos grupos que tienen intereses contrapuestos, pero debemos entender que deben actuar en el área de los intereses, pero cuando las demandas o las negociaciones llevan implícita violencia y daños a la propiedad de tercero, las actividades políticas deben cesar inmediatamente, y recurrir a la aplicación de ley. Las negociaciones políticas no pueden estar por encima de la ley. 
Lo ocurrido en San Mateo Ixtatán, en la hidroeléctrica, no tiene otro nombre que abuso y delito. No tiene otra solución que la que dictamine la Ley.

La luz que no se ve al final del túnel

Redacción
07 de mayo, 2014

Parece que el problema de nuestras autoridades es que no hay modo que vean la luz, y entendamos “la luz” como algo que ilumina el camino hacia solucionar muchos de los problemas que nos aquejan.
Como siempre la solución empieza por entender los problemas y estos se agrandan al no tener idea de cuál es el problema. Mientras los encargados de solucionar los problemas comunes de los ciudadanos no los comprendan, estarán como dice el refrán, dando palos de ciegos. 

La generación de energía eléctrica por medio de hidroeléctricas nos ha traído en Guatemala dos problemas y por supuesto grandes beneficios. El primero de estos es que algunos vecinos han sido afectados con la construcción de las represas, y el segundo problema es que otro grupo se han aprovecha de esos descontentos para generar conflicto. Pero lo que ha hecho crecer estos dos problemas es que los políticos actuales y pasados no han tenido una idea clara de cómo solucionar el problema, pues el descontento de los afectados ha formado un escudo muy eficaz para la proliferación de estos aprovechados. Ahora resulta que estos aprovechados, maleantes encubiertos con mantos de ecologistas, son sinceros defensores de las comunidades aledañas. Por supuesto que las comunidades no ganan nada de tener estos defensores, y el tiempo hará que las se cansen de estas mentiras. 
El camino para la solución es muy claro: hay que evitar que unos se aprovechen de otros. Si las actividades de construcción de hidroeléctricas generan algún daño a terceros o comunidades, es función de las autoridades competentes (para mi gusto los alcaldes) mediar entre unos y otros, y si no se logra llegar a un acuerdo satisfactorio, pues toca acudir a las autoridades judiciales competentes para que determinen los daños asociados al proyecto y así lograr una solución pacífica y definitiva al problema. Y hay que recalcar lo importante de la palabra “definitiva”, pues esto pondrá fin a futuras disputas, y permitirá enfocar la energía de los habitantes, de la comunidad, del alcalde y su equipo, así como de los empresarios, en resolver nuevos problemas, y frenar un posible círculo vicioso que puede terminar en extorsiones, pues los políticos o los comunitarios pueden ver en estos “arreglos” posibles fuentes de ingresos, que solo serán fuente de conflictos futuros. 
Ahora, si se descubre que las demandas son de personas ajenas a los damnificados (de aprovechados), la mediación que debe existir por parte de los políticos debe ser con el organismo de justicia. Si se descubre que estos grupos son ajenos a los problemas deben ser castigados y excluidos de todo diálogo, pues lo único que hacen es entorpecer los procesos de llegar a acuerdos que generen beneficios entre las partes. Los políticos son los actores que buscan llevar a buen fin las negociaciones entre dos grupos que tienen intereses contrapuestos, pero debemos entender que deben actuar en el área de los intereses, pero cuando las demandas o las negociaciones llevan implícita violencia y daños a la propiedad de tercero, las actividades políticas deben cesar inmediatamente, y recurrir a la aplicación de ley. Las negociaciones políticas no pueden estar por encima de la ley. 
Lo ocurrido en San Mateo Ixtatán, en la hidroeléctrica, no tiene otro nombre que abuso y delito. No tiene otra solución que la que dictamine la Ley.