La propuesta tiene como punto de partida el domingo 4 de abril durante un mitin político en Escuintla cuando el presidente del Congreso, Aristides Crespo, en unas declaraciones en ese entonces sin sentido, se refirió a la necesidad de reelegir a Otto Pérez Molina. 

Dos semanas después en una una gira de trabajo en el occidente del país, Pérez declaró que hay países que tienen periodos presidenciales de cinco o seis años como México, con el cual se podría concretar una serie de proyectos bilaterales. 

Sin embargo, Gustavo Berganza asegura en una columna de prensa que la fecha de arranque de la iniciativa es una entrevista que el periodista Ismael Calas le hizo el 2 de marzo a Otto Pérez en la cual preguntó si modificaría la Constitución para mantenerse en el poder, a lo cual el mandatario respondió que “la Constitución necesita cambios importantes no solo el de la reelección”. 

Desde entonces el tema ha crecido como una llamarada de tusa como pasó con el de la legalización de las drogas en Guatemala. Incluso muchos sectores del país lo han llegado a calificar como una cortina de humo. 

Al paso de la iniciativa han salido constitucionalistas, abogados, secretarios de partidos políticos, precandidatos presidenciales, bancadas de diputados y analistas que señalan que la propuesta del Partido Patriota es totalmente inviable. 

El obstáculo legal es el artículo 187 de la Constitución Política de la República de Guatemala que prohíbe la reelección o la prolongación del periodo presidencial por cualquier medio.
Pero el escollo de la iniciativa del PP no queda ahí. El artículo 281 que tiene que ver con los artículos no reformables de la Constitución, establece que en ningún caso podrán reformarse una serie de normas constitucionales entre los que figuran el 187 y 186 que también prohíbe la ampliación. 

A Otto Pérez Molina poco le importa y sigue adelante con la iniciativa cuidándose, según él, de no caer en ilegalidad porque sabe que es punible discutir la ampliación del periodo presidencial. La Constitución lo prohíbe ya que los gobernantes (él y Roxana Baldetti) fueron electos para cuatro años y el periodo es improrrogable y mediante sufragio universal. 

Esta situación llevó a que se presentara en el Ministerio Público una denuncia penal y solicitud de antejuicio en contra de Otto Pérez por promover el debate y alentar a diferentes sectores a discutir sobre la posibilidad de reformar la Constitución para ampliar el periodo presidencial a seis años. 

La denuncia fue presentada por Plataforma Ciudadana y será la primera prueba de fuego para la fiscal general, Thelma Aldana, quien desde el inicio del proceso de postulación se rumoró que tenía nexos con el Gobierno. El MP indica que será conocido por la Fiscalía de Delitos Administrativos. 

La organización también presentó la denuncia a un juzgado de turno. Si se considera pertinente el expediente tendría que ser conocido por el Congreso para levantar la inmunidad del presidente para someterse a las investigaciones correspondientes. 

Sin embargo, lo más seguro es que la acción no prospere, según coinciden analistas.
En la denuncia también se incluye a los presidentes del Congreso, la CSJ y la CC, así como al diputado oficialista, Valentín Gramajo, quien dijo que se discutía un anteproyecto de ley. 

Tras esta solicitud de antejuicio, el presidente Otto Pérez aseguró que no volverá a opinar sobre la necesidad de prolongar el mandato presidencial, pues ‘el tema se ha vuelto un circo. Como Ejecutivo ya dijimos lo que teníamos que decir’, dijo el mandatario.

 

En un programa radial, el expresidente Vinicio Cerezo, advirtió que abrir una discusión como la que plantea el presidente Pérez podría generar una crisis de tipo jurídico, pero también en una crisis electoral. 

Alfonso Cabrera, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Constitución de 1985, asegura que para reformar la Constitución solo hay dos caminos legales.
En la primera, es necesario modificar el artículo 281 y realizar una consulta popular. Después habría reformar el 187 y convocar a una segunda consulta popular. 

A pesar de que así es viable impulsar la reforma, a Otto Pérez no le da tiempo porque se le está terminado el periodo. Esa es la vía que prevé la Constitución. Sin embargo, la segunda opción es convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, dice Alfonso Cabrera, quien fue el canciller en el Gobierno de Vinicio Cerezo. 

Sin embargo, la opción de reformar el mandato para los próximos gobernantes es discutida por el partido oficial al tener como posible escenario que el próximo gobierno sea el de Manuel Baldizón o el de Sandra Torres, por las pocas posibilidades que tiene el precandidato Alejandro Sinibaldi, porque para ganar tendría que romper el paradigma que viene desde 1990, desde ese año no ha repetido el partido de Gobierno. 

Así las cosas, la propuesta sigue creciendo como una bola de nieve. En corrillos del PP ya no se habla solo de la ampliación del mandato presidencial sino también de los diputados y alcaldes para un periodo de seis años. Incluso el de ampliar los años para los magistrados de las Cortes del país. 

Y eso le quita seriedad a una discusión de esa naturaleza, dice María Isabel Bonilla, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
Según el análisis de Bonilla, la discusión es sana si se discute si es conveniente o no ampliar el periodo presidencial porque cuatro años limita la ejecución de un plan de Gobierno. 

Pero cuando se habla de ampliar el periodo de diputados y alcaldes el tema se desvirtúa porque ya no es una necesidad de un partido para completar su plan de trabajo con visión de largo plazo y se convierte en una discusión partidaria, señala la analista del CIEN. 

“Hay suficientes ejemplos en Latinoamérica para ver que esta es la fórmula para abrir la puerta de la reelección o la ampliación de los periodos presidenciales para después perpetuarse en el poder con la excusa de que se requiere más tiempo y más tiempo y no sabemos para qué”, pregunta Bonilla. 

Los casos más notables son los presidentes Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega en Nicaragua. Sin embargo, estos mandatarios contaron con apoyo y movilización popular para hacerlo. Hugo Chávez en Venezuela es también otro caso. 

Aquí en Guatemala es todo lo contrario, el presidente Otto Pérez camina de espaldas a la población. Ya casi todos los sectores han dicho que no están de acuerdo en montarse al tren que lleva la iniciativa del partido oficial. 

La última advertencia salió del propio Congreso en donde 12 de las 16 bancadas rechazan conocer y discutir la propuesta de ampliación del mandato presidencial de 4 a 6 años. 

Sin embargo, la declaración del gobernante de no hablar más sobre el tema, no aclara ni desvanece si el Partido Patriota seguirá adelante o no con la iniciativa. Lo que si es cierto es que hay un equipo de trabajo, allegado a Otto Pérez, que sigue buscando la forma para que pueda cumplir su sueño de prolongar su periodo de gobierno hasta el 14 de enero de 2018. 

 Frases de políticos y constitucionalistas 

Sandra Torres (secretaria general de la UNE): La propuesta de reformas constitucionales enviada al Legislativo hace dos años (2012) llevaba como fondo incluir la ampliación, pero no se atrevió a presentarla. 

Roberto Villate (secretario general de LIDER): De continuar con dicha idea, podrían declarar al mandatario con “incapacidad mental” basado en el artículo 165 de la Constitución.

Gabriel Orellana, constitucionalista: Con la irresponsabilidad y desfachatez que caracteriza a los diputados, una vez que hayan aprobado la iniciativa, por decisión propia, constituyan una Asamblea Nacional Constituyente y quieran modificarla partiendo de cero. 

Carlos Molina Mencos, constitucionalista: esta discusión es constitutivo de delito y en caso se llegara a concretar aplicaría al próximo mandatario y no al actual y que mi recurso de inconstitucionalidad sería uno de los primeros en llegar a la CC. 

Rodolfo Rohrmoser, ex magistrado de la CC: Debe quedarle claro (a Pérez) que el principio de alternabilidad de la Presidencia y de no reelección son normas pétreas y en consecuencia, el solo promover este tipo de ideas, se incurre en delito. 

Alejandro Balsells, abogado constitucionalista: La reforma planteada por el oficialismo no tiene pies ni cabeza. Yo lo que creo es que alguien les está calentando las orejas a los que mandan. 

Roberto Molina Barreto, presidente de la CC: La reforma constitucional debe ser solamente en el sector justicia, por ejemplo, en los aspectos que están relacionados con la carrera judicial.