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Servicios de seguridad privada y prevención del delito

Redacción
15 de junio, 2014

El sector de servicios de seguridad privada abarca una amplia gama de actividades, desde la vigilancia de una colonia, un comercio, un medio de transporte, hasta la utilización de tecnología y de armamento. Uno de sus principales objetivos es contribuir en la prevención del delito y la seguridad de la comunidad. El Estado está obligado a controlar exhaustivamente las actividades de las empresas y personas que se dediquen a prestar este tipo de servicios. 

El crecimiento de los servicios de seguridad privada es un hecho que ha acarreado que su supervisión sea deficiente y que las faltas y delitos cometidos por las empresas o sus colaboradores no sean investigadas, sancionadas y corregidas a tiempo. 
Recientemente, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) publicó una Guía sobre la regulación estatal en relación con los servicios de seguridad privada para colaborar con los Estados y gobiernos a supervisar y garantizar que estos actores no estatales (como lo son las empresas de seguridad privada) cumplan con la normativa nacional e internacional que les concierne, como por ejemplo, las normas relativas a la responsabilidad del Estado para prevenir el delito, proteger los derechos de los trabajadores del sector, a la comunidad civil que interactúa con estos y regular el uso de la fuerza. 
Según la UNODC, la experiencia demuestra que los servicios de seguridad privada bien regulados y supervisados mediante principios y procedimientos adecuados de transparencia y rendición de cuentas, pueden contribuir significativamente a reducir la delincuencia y mejorar la seguridad de la comunidad, en particular, a través de una relación confiable e intercambio de información con la policía pública. 
Las recomendaciones de dicha Oficina se refieren, entre otros, a las licencias de autorización y limitaciones explícitas para el sector de la seguridad privada en cuanto al derecho a portar armas, el tipo de armas, la debida diligencia en su uso, entrenamiento de personal y a la existencia de códigos de conducta aplicables no sólo a la empresa sino a sus operadores y proveedores como una de las condiciones para otorgar las licencias de operación. También es importante la calificación de los procedimientos operativos relacionados con la recopilación y almacenamiento de datos proporcionados por los clientes. 
Una formación adecuada para el personal de seguridad privada es vital para elevar los estándares del sector. Existen orientaciones internacionales tales como los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptados en el 8° Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1990. 
Para Guatemala, en donde es normal que a los trabajadores de estas empresas se les permita la utilización de armas de grueso calibre, tanto el Gobierno como la Cámara de Seguridad deben coordinarse para que estos trabajadores reciban la formación técnica sobre el papel que juegan en la comunidad y el uso adecuado de la fuerza y del arma que portan. 
Es un consenso general que todos los niveles de gobierno deben desempeñar un papel principal en el desarrollo de la prevención del delito y en la mejora de la seguridad ciudadana; sin embargo, no podemos dejar pasar que los servicios de seguridad privada tienen un papel complementario trascendental en esta función y que es tiempo de trabajar juntos para mejorar los estándares de calidad en el servicio fomentando mayor colaboración entre Policía Nacional Civil y seguridad privada, invertir en investigación criminológica y, por sobre todo, reforzar los programas de formación laboral.

Servicios de seguridad privada y prevención del delito

Redacción
15 de junio, 2014

El sector de servicios de seguridad privada abarca una amplia gama de actividades, desde la vigilancia de una colonia, un comercio, un medio de transporte, hasta la utilización de tecnología y de armamento. Uno de sus principales objetivos es contribuir en la prevención del delito y la seguridad de la comunidad. El Estado está obligado a controlar exhaustivamente las actividades de las empresas y personas que se dediquen a prestar este tipo de servicios. 

El crecimiento de los servicios de seguridad privada es un hecho que ha acarreado que su supervisión sea deficiente y que las faltas y delitos cometidos por las empresas o sus colaboradores no sean investigadas, sancionadas y corregidas a tiempo. 
Recientemente, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) publicó una Guía sobre la regulación estatal en relación con los servicios de seguridad privada para colaborar con los Estados y gobiernos a supervisar y garantizar que estos actores no estatales (como lo son las empresas de seguridad privada) cumplan con la normativa nacional e internacional que les concierne, como por ejemplo, las normas relativas a la responsabilidad del Estado para prevenir el delito, proteger los derechos de los trabajadores del sector, a la comunidad civil que interactúa con estos y regular el uso de la fuerza. 
Según la UNODC, la experiencia demuestra que los servicios de seguridad privada bien regulados y supervisados mediante principios y procedimientos adecuados de transparencia y rendición de cuentas, pueden contribuir significativamente a reducir la delincuencia y mejorar la seguridad de la comunidad, en particular, a través de una relación confiable e intercambio de información con la policía pública. 
Las recomendaciones de dicha Oficina se refieren, entre otros, a las licencias de autorización y limitaciones explícitas para el sector de la seguridad privada en cuanto al derecho a portar armas, el tipo de armas, la debida diligencia en su uso, entrenamiento de personal y a la existencia de códigos de conducta aplicables no sólo a la empresa sino a sus operadores y proveedores como una de las condiciones para otorgar las licencias de operación. También es importante la calificación de los procedimientos operativos relacionados con la recopilación y almacenamiento de datos proporcionados por los clientes. 
Una formación adecuada para el personal de seguridad privada es vital para elevar los estándares del sector. Existen orientaciones internacionales tales como los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptados en el 8° Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1990. 
Para Guatemala, en donde es normal que a los trabajadores de estas empresas se les permita la utilización de armas de grueso calibre, tanto el Gobierno como la Cámara de Seguridad deben coordinarse para que estos trabajadores reciban la formación técnica sobre el papel que juegan en la comunidad y el uso adecuado de la fuerza y del arma que portan. 
Es un consenso general que todos los niveles de gobierno deben desempeñar un papel principal en el desarrollo de la prevención del delito y en la mejora de la seguridad ciudadana; sin embargo, no podemos dejar pasar que los servicios de seguridad privada tienen un papel complementario trascendental en esta función y que es tiempo de trabajar juntos para mejorar los estándares de calidad en el servicio fomentando mayor colaboración entre Policía Nacional Civil y seguridad privada, invertir en investigación criminológica y, por sobre todo, reforzar los programas de formación laboral.