Redacción
09 de julio, 2014
En administraciones de Gobierno anteriores losex ministros de Gobernación, Salvador Gándara y Raúl Velásquez, utilizaron a laorganización no gubernamental Fundtech para construir o realizar algún tipo deampliación en la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II. Debido al incumplimiento de los contratos y anomalías en la utilización de los recursos fueron capturados bajo cargos de estafa y lavado de dinero por Q118 millones.El proceso financiero que seutilizó en ese entonces para otorgar la construcción fue ‘la adquisición porexcepción”, que faculta a los ministerios a adquirir bienes yservicios de formadirecta, sin utilizar el procesode licitación y sin mayor fiscalización. Gándara y Velásquez fueron denunciadosluego que la prisión fuera destruida, en un amotinamiento el 23 de abril del 2010, por los reos que se negaban a permanecer en Fraijanes II y ‘exigían’ ser trasladados alCentro Preventivo de la zona 18.
Meses después se registró otro motín, el 19 de noviembre, y continuaron las acciones para destruir la infraestructura. Esas acciones delictivas, además de demostrarla sublevación de los privados de libertad, evidenció la mala calidad en la construcción del centrocarcelario, considerado de alta seguridad. Esos hechos demostraron que los recursos se utilizaron para edificar paredes, puertas y rejas, entre otros, con materiales de poca calidad. Asimismo, se evidenció que la edificación nocumplía con los parámetros de seguridad exigidos, violando las medidasque deben ser usadas en la construcción de este tipo de instalaciones.Velásquez fue condenado en juniode este año a tres años de prisión conmutables por el delito deincumplimiento de deberes. Sin embargo, sigue ligado a proceso por el casoMaskana, por el que se le acusa de colusión y lavado de dinero para favorecer a dichaempresa con Q40 millones con vales de gasolina para patrullas de la PolicíaNacional Civil (PNC). En tanto, Gándara espera juicio en su contra y seencuentra en libertad, luego de pagar Q1 millón de fianza. Gobernación insiste en procesos porexcepciónPese a esos antecedentes, las autoridades de la cartera de seguridad nuevamente optan por procesos de excepción. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dio a conocer contempla invertir Q1.1 millardos en laconstrucción de 40 módulos de ‘alta tecnología’ que ampliarían lasinstalaciones de las centros carcelarios de Canadá, en Escuintla, y Cantel, enQuetzaltenango. El funcionario argumenta la necesidad de usar el sistema de adquisición por excepción porque el tipo de construcción y el sistema no debería ser completamentepúblico porque violaría la seguridad de las cárceles. López Bonilla afirma que los planos podrían ser robados ovendidos a grupos delictivos en el marco de un proceso de licitación o cotización.‘Recordemos que por seguridad nosotroscomo Sistema Penitenciario. No podemos hacer un evento público donde tengamosque decirle a las empresas, estos son los planos de los centros carcelarios,porque se vulneraría completamente la seguridad”, argumenta Edgar Camargo,director del Sistema Penitenciario. El funcionario agrega que los planos ya los desarrollaron con apoyo internacional y conpersonal de los departamentos de infraestructura y planificación de Gobernación.Por su parte, el Ministro López Bonilla afirma que al utilizar el proceso de licitación para realizar laconstrucción, éste podría ser impugnado y que retrasaría todo el proceso. Es porello que argumenta que adquirir los servicios y materiales por excepción es elmejor sistema para cumplir los acuerdos adquiridos en la Ley del RégimenPenitenciario. Camargo también asegura quepara realizar el proceso de excepción se necesitan dictámenes técnicos,jurídicos y financieros que deben ser aprobados por la Contraloría General deCuentas, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Finazas. De serpositivo el dictamen, solamente quedaría pendiente la firma del Presidente,dice.Referente a la fiscalización,Camargo explicó que ‘comenzó desde que se solicitaron los dictámenescorrespondientes y si éstas instancias indican que no es factible,definitivamente no se harían los módulos; además está la sociedad civil y el Congreso,quiénes estarían fiscalizando directamente”. Sin embargo, dice Camargo, que almostrar un rechazo el proceso por excepción, el equipo del área jurídica,financiera y de seguridad de la dirección analizan la forma de utilizar el sistema de licitación, paraque no exista algún tipo de vulnerabilidad.Ninguno de los funcionarios explica porque no iniciaron los procesos desde que tomaron posesión del cargo. “Excepción” aumenta la opacidadDatos de la Dirección del Sistema Penitenciario indican que aproximadamente11 mil 200 personas no tienen un espacio físico para purgar condenas, lo que refleja el hacinamiento de los privados de libertad. Para varios analistas, los centros de detención se deben ampliar e incluso cambiar sus sistemas. Sin embargo, coinciden en que la adquisición por procesos de excepción no es el camino correcto, ya queexisten procedimientos establecidos en ley, aunque éstos puedan atrasar las compras. Coinciden queeste procedimiento permite contratar la empresa que ellos elijan, sincalificación y con los precios que convengan. Ello no permite la fiscalizacióny aumenta la opacidad.
Para Carlos Vega, analista deSeguridad y Justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), en la actualidad “no estamos en la posibilidad de desembolsar degolpe ese dinero para la construcción”, haciendo referencia al Q1.1 millardosque se tienen previstos invertir en nuevos módulos.La forma correcta para realizareste proceso, es utilizar el proceso de licitación, afirma Cristians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Las acciones del actual Gobierno ya están señaladas y el ministerio de Gobernación “han tomadocomo normalidad las compras por excepción, logrando un desgaste muy fuerte encriticas”. De igual forma, Corinne Dedik, investigadora en el área de seguridad delCentro de Investigación Económicas Nacionales (CIEN), considera que el proceso delicitación contempla mucha burocracia para la adquisición de bienes y contrataciones, “por lo que laley debe ser evaluada”, para una posible modificación. Asimismo, resaltó que alhacer una inversión financiera de este tipo, se debe preguntar de “dóndevendrán los fondos”. La propuesta de Gobernación, pese a que todavía está en proceso que se aprueben los dictámenes técnicos para la ampliación de las cárceles por excepción, pretende la construcción de 40 módulos por un monto de Q1 mil millones. Estos albergarían a 5 mil 760 privados de libertad, y estarían ubicados a un costado de los centros carcelarios.
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Redacción
09 de julio, 2014
En administraciones de Gobierno anteriores losex ministros de Gobernación, Salvador Gándara y Raúl Velásquez, utilizaron a laorganización no gubernamental Fundtech para construir o realizar algún tipo deampliación en la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II. Debido al incumplimiento de los contratos y anomalías en la utilización de los recursos fueron capturados bajo cargos de estafa y lavado de dinero por Q118 millones.El proceso financiero que seutilizó en ese entonces para otorgar la construcción fue ‘la adquisición porexcepción”, que faculta a los ministerios a adquirir bienes yservicios de formadirecta, sin utilizar el procesode licitación y sin mayor fiscalización. Gándara y Velásquez fueron denunciadosluego que la prisión fuera destruida, en un amotinamiento el 23 de abril del 2010, por los reos que se negaban a permanecer en Fraijanes II y ‘exigían’ ser trasladados alCentro Preventivo de la zona 18.
Meses después se registró otro motín, el 19 de noviembre, y continuaron las acciones para destruir la infraestructura. Esas acciones delictivas, además de demostrarla sublevación de los privados de libertad, evidenció la mala calidad en la construcción del centrocarcelario, considerado de alta seguridad. Esos hechos demostraron que los recursos se utilizaron para edificar paredes, puertas y rejas, entre otros, con materiales de poca calidad. Asimismo, se evidenció que la edificación nocumplía con los parámetros de seguridad exigidos, violando las medidasque deben ser usadas en la construcción de este tipo de instalaciones.Velásquez fue condenado en juniode este año a tres años de prisión conmutables por el delito deincumplimiento de deberes. Sin embargo, sigue ligado a proceso por el casoMaskana, por el que se le acusa de colusión y lavado de dinero para favorecer a dichaempresa con Q40 millones con vales de gasolina para patrullas de la PolicíaNacional Civil (PNC). En tanto, Gándara espera juicio en su contra y seencuentra en libertad, luego de pagar Q1 millón de fianza. Gobernación insiste en procesos porexcepciónPese a esos antecedentes, las autoridades de la cartera de seguridad nuevamente optan por procesos de excepción. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dio a conocer contempla invertir Q1.1 millardos en laconstrucción de 40 módulos de ‘alta tecnología’ que ampliarían lasinstalaciones de las centros carcelarios de Canadá, en Escuintla, y Cantel, enQuetzaltenango. El funcionario argumenta la necesidad de usar el sistema de adquisición por excepción porque el tipo de construcción y el sistema no debería ser completamentepúblico porque violaría la seguridad de las cárceles. López Bonilla afirma que los planos podrían ser robados ovendidos a grupos delictivos en el marco de un proceso de licitación o cotización.‘Recordemos que por seguridad nosotroscomo Sistema Penitenciario. No podemos hacer un evento público donde tengamosque decirle a las empresas, estos son los planos de los centros carcelarios,porque se vulneraría completamente la seguridad”, argumenta Edgar Camargo,director del Sistema Penitenciario. El funcionario agrega que los planos ya los desarrollaron con apoyo internacional y conpersonal de los departamentos de infraestructura y planificación de Gobernación.Por su parte, el Ministro López Bonilla afirma que al utilizar el proceso de licitación para realizar laconstrucción, éste podría ser impugnado y que retrasaría todo el proceso. Es porello que argumenta que adquirir los servicios y materiales por excepción es elmejor sistema para cumplir los acuerdos adquiridos en la Ley del RégimenPenitenciario. Camargo también asegura quepara realizar el proceso de excepción se necesitan dictámenes técnicos,jurídicos y financieros que deben ser aprobados por la Contraloría General deCuentas, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Finazas. De serpositivo el dictamen, solamente quedaría pendiente la firma del Presidente,dice.Referente a la fiscalización,Camargo explicó que ‘comenzó desde que se solicitaron los dictámenescorrespondientes y si éstas instancias indican que no es factible,definitivamente no se harían los módulos; además está la sociedad civil y el Congreso,quiénes estarían fiscalizando directamente”. Sin embargo, dice Camargo, que almostrar un rechazo el proceso por excepción, el equipo del área jurídica,financiera y de seguridad de la dirección analizan la forma de utilizar el sistema de licitación, paraque no exista algún tipo de vulnerabilidad.Ninguno de los funcionarios explica porque no iniciaron los procesos desde que tomaron posesión del cargo. “Excepción” aumenta la opacidadDatos de la Dirección del Sistema Penitenciario indican que aproximadamente11 mil 200 personas no tienen un espacio físico para purgar condenas, lo que refleja el hacinamiento de los privados de libertad. Para varios analistas, los centros de detención se deben ampliar e incluso cambiar sus sistemas. Sin embargo, coinciden en que la adquisición por procesos de excepción no es el camino correcto, ya queexisten procedimientos establecidos en ley, aunque éstos puedan atrasar las compras. Coinciden queeste procedimiento permite contratar la empresa que ellos elijan, sincalificación y con los precios que convengan. Ello no permite la fiscalizacióny aumenta la opacidad.
Para Carlos Vega, analista deSeguridad y Justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), en la actualidad “no estamos en la posibilidad de desembolsar degolpe ese dinero para la construcción”, haciendo referencia al Q1.1 millardosque se tienen previstos invertir en nuevos módulos.La forma correcta para realizareste proceso, es utilizar el proceso de licitación, afirma Cristians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos. Las acciones del actual Gobierno ya están señaladas y el ministerio de Gobernación “han tomadocomo normalidad las compras por excepción, logrando un desgaste muy fuerte encriticas”. De igual forma, Corinne Dedik, investigadora en el área de seguridad delCentro de Investigación Económicas Nacionales (CIEN), considera que el proceso delicitación contempla mucha burocracia para la adquisición de bienes y contrataciones, “por lo que laley debe ser evaluada”, para una posible modificación. Asimismo, resaltó que alhacer una inversión financiera de este tipo, se debe preguntar de “dóndevendrán los fondos”. La propuesta de Gobernación, pese a que todavía está en proceso que se aprueben los dictámenes técnicos para la ampliación de las cárceles por excepción, pretende la construcción de 40 módulos por un monto de Q1 mil millones. Estos albergarían a 5 mil 760 privados de libertad, y estarían ubicados a un costado de los centros carcelarios.