La aprobación de la ley de Inversión y Empleo, que se tenía previsto se aprobara en el Congreso de la República en junio, se aleja de su aprobación conforme pasan los días. Sectores se van sumando al rechazo por encontrarle efectos negativos para las finanzas públicas.
Una de las entidades que la ha analizado y luego rechazado es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Sus analistas consideran aunque se le hayan hecho ya más de 30 cambios a la normativa, aún podría provocar un agujero fiscal de hasta Q1 mil 300 millones.
Por su parte, también representantes sindicales se han manifestado. La Central General de Trabajadores de Guatemala y la Federación de Empleados Bancarios, de Servicios y del Estado (Fesebs) durante un foro público organizado en el Congreso de la República manifestaron su rechazo.
Estas reuniones y análisis van dando como conclusión que a esta Ley debe hacerse una revisión exhaustiva y pública, pues según analistas del Icefi uno de los errores al crearla sin consultar a los diversos sectores. Esto provocó que tuviera vicios y errores.
Además de buscar retener 80 mil empleos, debe trabajarse para generar cinco millones de empleos dignos que se necesitan. Debe tomarse en cuenta también, según se discutió, que deben garantizarse la protección laboral y no en privilegios fiscales para los empresarios. Los sindicalistas señalan que de aprobarse como está, esta disposición en el mediano plazo generaría un incremento de impuestos directos, con efectos que impactarían a la clase media asalariada.
Por lo anterior, por el momento el apoyo político es incierto, además algunas bancadas de oposición del Congreso han decidido retirar el apoyo inicial al proyecto.
La aprobación de la ley de Inversión y Empleo, que se tenía previsto se aprobara en el Congreso de la República en junio, se aleja de su aprobación conforme pasan los días. Sectores se van sumando al rechazo por encontrarle efectos negativos para las finanzas públicas.
Una de las entidades que la ha analizado y luego rechazado es el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). Sus analistas consideran aunque se le hayan hecho ya más de 30 cambios a la normativa, aún podría provocar un agujero fiscal de hasta Q1 mil 300 millones.
Por su parte, también representantes sindicales se han manifestado. La Central General de Trabajadores de Guatemala y la Federación de Empleados Bancarios, de Servicios y del Estado (Fesebs) durante un foro público organizado en el Congreso de la República manifestaron su rechazo.
Estas reuniones y análisis van dando como conclusión que a esta Ley debe hacerse una revisión exhaustiva y pública, pues según analistas del Icefi uno de los errores al crearla sin consultar a los diversos sectores. Esto provocó que tuviera vicios y errores.
Además de buscar retener 80 mil empleos, debe trabajarse para generar cinco millones de empleos dignos que se necesitan. Debe tomarse en cuenta también, según se discutió, que deben garantizarse la protección laboral y no en privilegios fiscales para los empresarios. Los sindicalistas señalan que de aprobarse como está, esta disposición en el mediano plazo generaría un incremento de impuestos directos, con efectos que impactarían a la clase media asalariada.
Por lo anterior, por el momento el apoyo político es incierto, además algunas bancadas de oposición del Congreso han decidido retirar el apoyo inicial al proyecto.