CODECA recibió del Gobierno de Noruega, a través de la organización Norsk Folkehjelp casi 100 millones de quetzales para los años 2012, 2013 y 2014 en un proyecto que dentro de sus objetivos incluye la capacidad de movilización y el promover acciones para promover la nacionalización de los recursos naturales, por lo que no es sorpresa que a través de esa misma organización, MADRE SELVA ha recibido casi 18 millones de quetzales.
FIVAS aparece con un proyecto denominado ‘energía para el pueblo’ cuyo objetivo es un proyecto de inversión de capital noruego para pequeñas hidroeléctricas en el área rural teniendo como contraparte al CUC,AGGAI, AVANCSO, y CALAS. Lo que hace que resulte muy conveniente y sospechosa la oposición a las hidroeléctricas o en otras palabras, no es más que la farsa montada para eliminar a la competencia y asegurar un mercado no cautivo sino capturado y extorsionado.
Además de las empresas involucradas, miles son los guatemaltecos que han sido afectados por los robos de energía eléctrica que miembros de CODECA han realizado durante los mismos años que han sido financiados por Noruega. Pero también durante esos mismos años, millones de guatemaltecos hemos sido afectados en nuestro derecho de libre locomoción cada vez que CODECA o el CUC o el CONIC, durante también los mismos años que han recibido este financiamiento, han organizado esas acciones de ‘movilización’ que significa bloquear carreteras.
No se queda atrás la Fundación Rigoberta Menchú Tum que ha recibido otros 65 millones más. Y OXFAM que de 2013 a 2017 recibirá aproximadamente 260 millones de quetzales.
El financiamiento noruego revelado en este reporte, sumado al revelado en la guía de cooperación internacional de la Unión Europea, dan cuenta de miles de millones de quetzales que llegan a estas mismas organizaciones. Es tarea entonces de las autoridades investigar y determinar la corresponsabilidad legal.
Es responsabilidad del Gobierno de Guatemala, no de Noruega, no de la Unión Europea, verificar las rutas del dinero que ingresa al país. Es responsabilidad del Gobierno de Guatemala, de nadie más, declarar non grato o iniciar los procesos que correspondan en contra de cualquier Gobierno o funcionario extranjero, y de cualquier organización que este financiando actos ilegales en contra de los guatemaltecos.