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Conflictividad: Grupos paralelos aprovechan ausencia del Estado

Redacción
21 de agosto, 2014

‘Hay grupos criminales que se aprovechan de las
situaciones sociales para crear caos. Ese lugar es uno de los más importantes
corredores del narcotráfico”, fueron las declaraciones del ministro de
Gobernación, Mauricio López Bonilla, tras los hechos violentos ocurridos la
semana pasada en Alta Verapaz, donde un grupo de pobladores se enfrentaron con
la Policía Nacional Civil (PNC) cuando
intentaban desalojarlos de  terrenos propiedad de una hidroeléctrica
que invadieron. También se registró el secuestro de 8 agentes de la PNC, retenidos y
despojados de sus armas, por otro grupo que impedía cumplir una orden de
captura contra dos miembros del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), acusados de robo de energía eléctrica.
López Bonilla, reiteró que la situación ocurrida en Raxruhá y Chisec podría ser
aprovechada por grupos del tráfico de narcóticos para solapar sus acciones
ilícitas.

Miguel Castillo, analista independiente en seguridad, indica que
coincide con la hipótesis que el Ministro de Gobernación está manejando: hay
grupos del narcotráfico que se infiltran en la conflictividad social. Hace ver que la conflictividad social tiene dos aristas. Por
una parte una legítima preocupación de numerosas comunidades por el uso de los
recursos naturales y otra que es ideológica, ya que hay organizaciones que
cuestionan el modelo económico en el país que lo disfrazan en una defensa de
los recursos naturales, pero en realidad es una oposición al modelo económico. Y en este caso, a la oposición a la
propiedad privada y al desarrollo de la generación eléctrica, lo que estos
grupos quieren es evitar a toda costa que estos proyectos avancen.

Según el analista, las acciones que realizan estas organizaciones son un
reto para el Estado, ya que en el 2013 y 2014 se han visto varios hechos
violentos contra la minería y proyectos hidroeléctricos. Por lo que es
necesario que el Estado reactive los diálogos para evitar estas situaciones,
puntualiza.

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER

Por su parte, el analista en seguridad, Adolfo Alarcón, de la Asociación
de Investigaciones y Estudios Sociales (ASIES), indica que el Ministerio de
Gobernación deberá tener todos los estudios necesarios para hacer frente a la
conflictividad que se ha generado por distintos hechos como los ocurridos
recientemente en Alta Verapaz y Huehuetenango. “Ante la ausencia del Estado que se ha tenido en los últimos años, los
grupos paralelos han aprovechado para instalarse en el área y controlar los
territorios”, indica. Sin embargo, considera que para vincular a los
grupos del crimen organizado hay que hacer un análisis más profundo y saber si
los pobladores están apoyados por estos grupos.

Alarcón indica que hay que tener cuidado con este tema respecto al
vinculo que podrían tener los pobladores con los grupos del narcotráfico porque
podría ser “más por presión de estos grupos sobre la población”.

AGER repudia violencia contra hidroeléctrica

Por otro lado, ante la
conflictividad que se ha generado en el municipio de Santa Eulalia,
Huehuetenango, por la construcción de una Hidroeléctrica, la Asociación de
Generadores de Energía Renovable (AGER) repudiaron a través de un campo pagado
los hechos violentos cometidos por pobladores que viven en impunidad y que no
pertenecen al municipio.

“La falta del cumplimiento de las obligaciones del Estado han
provocado que estas personas continúen realizando actos criminales, amenazando
e intimidando a los pobladores de Santa Eulalia, quienes han manifestado
públicamente su apoyo al proyecto hidroeléctrico que aun se encuentra en etapa
de estudio y que busca el legítimo desarrollo de sus comunidades, entendiendo
que esta inversión representaría fuentes de empleo e ingresos para sus
familias”, aseguró la AGER.

Por lo que hacen un llamado al Ministerio Publico, Ministerio de
Gobernación, Sistema Nacional del Dialogo y al Presidente de la República para
que cumplan sus obligaciones constitucionales y tomen las acciones necesarias
para la aplicación de la justicia, ejerciendo su papel de mantener el orden, la
certeza jurídica y el respeto al Estado de Derecho.


Conflictividad: Grupos paralelos aprovechan ausencia del Estado

Redacción
21 de agosto, 2014

‘Hay grupos criminales que se aprovechan de las
situaciones sociales para crear caos. Ese lugar es uno de los más importantes
corredores del narcotráfico”, fueron las declaraciones del ministro de
Gobernación, Mauricio López Bonilla, tras los hechos violentos ocurridos la
semana pasada en Alta Verapaz, donde un grupo de pobladores se enfrentaron con
la Policía Nacional Civil (PNC) cuando
intentaban desalojarlos de  terrenos propiedad de una hidroeléctrica
que invadieron. También se registró el secuestro de 8 agentes de la PNC, retenidos y
despojados de sus armas, por otro grupo que impedía cumplir una orden de
captura contra dos miembros del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), acusados de robo de energía eléctrica.
López Bonilla, reiteró que la situación ocurrida en Raxruhá y Chisec podría ser
aprovechada por grupos del tráfico de narcóticos para solapar sus acciones
ilícitas.

Miguel Castillo, analista independiente en seguridad, indica que
coincide con la hipótesis que el Ministro de Gobernación está manejando: hay
grupos del narcotráfico que se infiltran en la conflictividad social. Hace ver que la conflictividad social tiene dos aristas. Por
una parte una legítima preocupación de numerosas comunidades por el uso de los
recursos naturales y otra que es ideológica, ya que hay organizaciones que
cuestionan el modelo económico en el país que lo disfrazan en una defensa de
los recursos naturales, pero en realidad es una oposición al modelo económico. Y en este caso, a la oposición a la
propiedad privada y al desarrollo de la generación eléctrica, lo que estos
grupos quieren es evitar a toda costa que estos proyectos avancen.

Según el analista, las acciones que realizan estas organizaciones son un
reto para el Estado, ya que en el 2013 y 2014 se han visto varios hechos
violentos contra la minería y proyectos hidroeléctricos. Por lo que es
necesario que el Estado reactive los diálogos para evitar estas situaciones,
puntualiza.

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Por su parte, el analista en seguridad, Adolfo Alarcón, de la Asociación
de Investigaciones y Estudios Sociales (ASIES), indica que el Ministerio de
Gobernación deberá tener todos los estudios necesarios para hacer frente a la
conflictividad que se ha generado por distintos hechos como los ocurridos
recientemente en Alta Verapaz y Huehuetenango. “Ante la ausencia del Estado que se ha tenido en los últimos años, los
grupos paralelos han aprovechado para instalarse en el área y controlar los
territorios”, indica. Sin embargo, considera que para vincular a los
grupos del crimen organizado hay que hacer un análisis más profundo y saber si
los pobladores están apoyados por estos grupos.

Alarcón indica que hay que tener cuidado con este tema respecto al
vinculo que podrían tener los pobladores con los grupos del narcotráfico porque
podría ser “más por presión de estos grupos sobre la población”.

AGER repudia violencia contra hidroeléctrica

Por otro lado, ante la
conflictividad que se ha generado en el municipio de Santa Eulalia,
Huehuetenango, por la construcción de una Hidroeléctrica, la Asociación de
Generadores de Energía Renovable (AGER) repudiaron a través de un campo pagado
los hechos violentos cometidos por pobladores que viven en impunidad y que no
pertenecen al municipio.

“La falta del cumplimiento de las obligaciones del Estado han
provocado que estas personas continúen realizando actos criminales, amenazando
e intimidando a los pobladores de Santa Eulalia, quienes han manifestado
públicamente su apoyo al proyecto hidroeléctrico que aun se encuentra en etapa
de estudio y que busca el legítimo desarrollo de sus comunidades, entendiendo
que esta inversión representaría fuentes de empleo e ingresos para sus
familias”, aseguró la AGER.

Por lo que hacen un llamado al Ministerio Publico, Ministerio de
Gobernación, Sistema Nacional del Dialogo y al Presidente de la República para
que cumplan sus obligaciones constitucionales y tomen las acciones necesarias
para la aplicación de la justicia, ejerciendo su papel de mantener el orden, la
certeza jurídica y el respeto al Estado de Derecho.