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¿Narcotráfico e ilegalidades disfrazadas de conflictividad?

Redacción
20 de agosto, 2014

Desde el pasado jueves 14 de agosto se vive tensión
en el área de Alta Verapaz, causada por dos hechos distintos: el primero de
ellos, la ejecución de una orden de desalojo en la Comunidad Xalajá Canguinic, en el municipio de Raxruhá,
cercana a la finca Santa Rita, donde se construirá una Hidroeléctrica con el
mismo nombre. El segundo, en la comunidad de Semococh, en el
municipio de Chisec, Alta Verapaz, donde se pretendía ejecutar órdenes de captura de líderes del
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), vinculados al robo de energía eléctrica
en el área. La ejecución de esas órdenes judiciales provocó un enfrentamiento entre pobladores del lugar y
agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que dejó como saldo tres personas fallecidas, cinco agentes de la PNC heridos, 22 personas
detenidas y 11 armas robadas. 

Fueron dos conflictos sociales por distintas razones, en una misma zona,
pero que se vinculan por una hipótesis: supuesta conflictividad que podría estar siendo alimentada por la
infiltración del narcotráfico en la zona, ya que algunos grupos criminales visualizan como obstáculo para sus actividades la presencia
de autoridades en su ruta.

‘Hay grupos criminales que se aprovechan de las situaciones
sociales para crear caos. Ese lugar es uno de los más importantes corredores
del narcotráfico. Vamos a regresar para instalar la fuerza combinada en toda el
área porque en el lugar no hay presencia de autoridades’. Esas fueron las
declaraciones del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, tras los
hechos violentos ocurridos la semana pasada. El funcionario reiteró que la situación ocurrida en Raxruhá podría ser
aprovechada por grupos del tráfico de narcóticos para solapar sus acciones
ilícitas, por lo que solicitó a la población no dejarse engañar por grupos que
fomentan la ilegalidad.


Luego de los incidentes registrados entre el
jueves y el sábado últimos en Raxruhá, Alta Verapaz, el jefe de la cartera de seguridad anunció que se instalarán subcomisarias regionales para prevenir y combatir el trasiego de drogas y otros ilícitos, ya que la región es un corredor utilizado en el pasado por el grupo de narcotraficantes denominados los Zetas. Los pobladores secuestraron a ocho policías en represalia por la captura de los líderes de
CODECA señalados del robo de energía eléctrica, en una evidente comisión de delitos hacia la autoridad.

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La zona de Alta Verapaz ha estado identificada en los ejes principales o rutas que utilizan los grupos del narcotráfico. Según el analista Mario Mérida, estas rutas son utilizadas por el narcotráfico porque permite realizar movilización de drogas ilícitas a través de pagos que hacen a la población local para apoyar el traslado de las mismas. La inestabilidad generada por la nula presencia del Estado sería otro elemento favorable para las actividades ilícitas. De acuerdo con Mérida, el transporte de la droga genera la necesidad de influencia en esas áreas que ‘logran a través de la movilización social’. A las estructuras dedicadas al narcotráfico no les conviene el desarrollo económico en el área porque ello movilizaría recursos y más capacidad ocupacional u otros proyectos de carácter económico que prácticamente no permitirían su presencia, afirma el analista. 

Fernando López, presidente de la Cámara de la Industria de Guatemala
(CIG), concuerda con la versión del Ministro de Gobernación sobre la posibilidad de un vínculo entre esa supuesta conflictividad y el
narcotráfico. A criterio de López, en el área existe presencia del crimen organizado, principalmente grupos dedicados al narcotráfico, que se verían
beneficiados con mantener la ausencia del Estado. Según el empresario, el hecho que se estén dando acontecimientos
violentos contra proyectos no es positivo para la industria. “En
nuestra opinión hay una violación de la Ley pero esperamos que se resuelva
porque de lo contrario no habrá un desarrollo en las inversiones que son
necesarias para Guatemala”. Agrega
que hay personas que desinforman a la población para aprovecharse de la
conflictividad, como podría ser el caso del narcotráfico.


Excesos de la población contra desalojo judicial

En julio del 2013 empezó la
construcción de la Hidroeléctrica Santa Rita y, una semana después del inicio de los
trabajos, llegaron alrededor de 75 personas a tratar de sacar a los trabajadores
de la empresa. Quemaron la maquinaria, lo cual provocó que se detuvieran los
trabajos de construcción.


Posteriormente, el 23 de agosto, se produjo otro hecho violento en donde se involucró a una persona que trabajaba en la hidroeléctrica, dejando como saldo
a dos adolescentes muertos en el área. Ello causó más descontento entre las
personas en desacuerdo con la construcción de la generadora, quienes culparon a la empresa por lo sucedido, indica Luis Velásquez, mediador del proceso de negociación de la Hidroeléctrica Santa Rita con 18 comunidades. 


Después de estos acontecimientos, a principios del presente año hubo tres
invasiones en las fincas Xalajá Canguinic y
otras circunvecinas, por lo que propietarios iniciaron los procesos
judiciales correspondientes para que se desalojaran a los invasores.


La primera orden de
desalojo se debió de haber efectuado en abril, dice Velásquez; sin embargo, las autoridades la
pospusieron para junio, luego para julio. Hasta el 14 de agosto se
hace efectivo el desalojo. En el proceso de ejecutar la orden judicial, varios comunitarios armados con palos,
armas hechizas y de grueso calibre se enfrentaron a la PNC,
quienes decidieron dejar el lugar para resguardar sus vidas, puntualiza.


La versión fue confirmada por
corresponsales de medios de comunicación. Éstos narran que los pobladores
agredieron a los policías y miembros de cuerpos de socorro que llegaron para
auxiliar a los heridos que había provocado el enfrentamiento. Según periodistas que se
encontraban en el área, los pobladores no dejaron ingresar a los cuerpos de
socorro en la zona de los bloqueos que tenían durante el trayecto; asimismo, negaron el acceso a  miembros de prensa, que en un momento fueron agredidos.


El
viernes 15 ya no hubo enfrentamiento pues los pobladores habían abandonado el lugar. La policía sólo encontró las “covachas” de los invasores ardiendo en llamas, posiblemente por haber
dejado fuego en las improvisadas viviendas.


De acuerdo con Velásquez,  hay 20 procesos judiciales y 30 órdenes de captura para las
personas que han provocado violencia y quienes han bloqueado los caminos
vecinales en el área, así como 3 órdenes de desalojo. Según el mediador, las
personas que se oponen al proyecto de construcción de la hidroeléctrica son muy
pocos, alrededor de unas 30 personas de la comunidad Monte Olivo, quienes han
llevado a varios comunitarios de otros lugares para hacer las invasiones
provocando zozobra en el lugar.


Órdenes de captura contra líderes de CODECA


De acuerdo con las
autoridades, lo ocurrido en la comunidad de Semococh, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz, fue generado por la orden de capturar de Rafael Chub y María del Carmen del Cid, dirigentes del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, vinculados con el robo de energía eléctrica en el área. A los comunitarios detenidos se les sindica de intimidación, secuestro, retención, coacción, amenazas y atentado contra los servicios de la utilidad pública. 


Las órdenes de captura  contra los miembros de CODECA provocaron un enfrentamiento
entre pobladores que apoyaban a los líderes de dicho Comité,
que retuvieron y vapulearon a 8 agentes de la PNC. Incluso llegaron al extremo de solicitar el ‘intercambio’ de los agentes por Chub y del Cid. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, lamentó lo ocurrido e indicó que los agentes cumplían con su deber y fueron objeto de ‘plagio o secuestro’ durante 24 horas, y mostró una fotografía donde los elementos policíacos están amarrados y despojados de sus armas, en poder de miembros de CODECA. 

Según López Bonilla, los nombres de las personas que ‘robaron’ las armas de los PNC son los hermanos Pedro y Mario Ical. Asimismo, indicó que Antonio Cruz colocó un machete en el cuello del inspector al mando en el momento del despojo del armamento. Hizo ver que se realizarán los procedimientos legales correspondientes en contra de los agresores. Este fue un hecho que coincidió en día, pero un conflicto distinto al provocado por el
desalojo.



¿Narcotráfico e ilegalidades disfrazadas de conflictividad?

Redacción
20 de agosto, 2014

Desde el pasado jueves 14 de agosto se vive tensión
en el área de Alta Verapaz, causada por dos hechos distintos: el primero de
ellos, la ejecución de una orden de desalojo en la Comunidad Xalajá Canguinic, en el municipio de Raxruhá,
cercana a la finca Santa Rita, donde se construirá una Hidroeléctrica con el
mismo nombre. El segundo, en la comunidad de Semococh, en el
municipio de Chisec, Alta Verapaz, donde se pretendía ejecutar órdenes de captura de líderes del
Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), vinculados al robo de energía eléctrica
en el área. La ejecución de esas órdenes judiciales provocó un enfrentamiento entre pobladores del lugar y
agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que dejó como saldo tres personas fallecidas, cinco agentes de la PNC heridos, 22 personas
detenidas y 11 armas robadas. 

Fueron dos conflictos sociales por distintas razones, en una misma zona,
pero que se vinculan por una hipótesis: supuesta conflictividad que podría estar siendo alimentada por la
infiltración del narcotráfico en la zona, ya que algunos grupos criminales visualizan como obstáculo para sus actividades la presencia
de autoridades en su ruta.

‘Hay grupos criminales que se aprovechan de las situaciones
sociales para crear caos. Ese lugar es uno de los más importantes corredores
del narcotráfico. Vamos a regresar para instalar la fuerza combinada en toda el
área porque en el lugar no hay presencia de autoridades’. Esas fueron las
declaraciones del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, tras los
hechos violentos ocurridos la semana pasada. El funcionario reiteró que la situación ocurrida en Raxruhá podría ser
aprovechada por grupos del tráfico de narcóticos para solapar sus acciones
ilícitas, por lo que solicitó a la población no dejarse engañar por grupos que
fomentan la ilegalidad.


Luego de los incidentes registrados entre el
jueves y el sábado últimos en Raxruhá, Alta Verapaz, el jefe de la cartera de seguridad anunció que se instalarán subcomisarias regionales para prevenir y combatir el trasiego de drogas y otros ilícitos, ya que la región es un corredor utilizado en el pasado por el grupo de narcotraficantes denominados los Zetas. Los pobladores secuestraron a ocho policías en represalia por la captura de los líderes de
CODECA señalados del robo de energía eléctrica, en una evidente comisión de delitos hacia la autoridad.

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La zona de Alta Verapaz ha estado identificada en los ejes principales o rutas que utilizan los grupos del narcotráfico. Según el analista Mario Mérida, estas rutas son utilizadas por el narcotráfico porque permite realizar movilización de drogas ilícitas a través de pagos que hacen a la población local para apoyar el traslado de las mismas. La inestabilidad generada por la nula presencia del Estado sería otro elemento favorable para las actividades ilícitas. De acuerdo con Mérida, el transporte de la droga genera la necesidad de influencia en esas áreas que ‘logran a través de la movilización social’. A las estructuras dedicadas al narcotráfico no les conviene el desarrollo económico en el área porque ello movilizaría recursos y más capacidad ocupacional u otros proyectos de carácter económico que prácticamente no permitirían su presencia, afirma el analista. 

Fernando López, presidente de la Cámara de la Industria de Guatemala
(CIG), concuerda con la versión del Ministro de Gobernación sobre la posibilidad de un vínculo entre esa supuesta conflictividad y el
narcotráfico. A criterio de López, en el área existe presencia del crimen organizado, principalmente grupos dedicados al narcotráfico, que se verían
beneficiados con mantener la ausencia del Estado. Según el empresario, el hecho que se estén dando acontecimientos
violentos contra proyectos no es positivo para la industria. “En
nuestra opinión hay una violación de la Ley pero esperamos que se resuelva
porque de lo contrario no habrá un desarrollo en las inversiones que son
necesarias para Guatemala”. Agrega
que hay personas que desinforman a la población para aprovecharse de la
conflictividad, como podría ser el caso del narcotráfico.


Excesos de la población contra desalojo judicial

En julio del 2013 empezó la
construcción de la Hidroeléctrica Santa Rita y, una semana después del inicio de los
trabajos, llegaron alrededor de 75 personas a tratar de sacar a los trabajadores
de la empresa. Quemaron la maquinaria, lo cual provocó que se detuvieran los
trabajos de construcción.


Posteriormente, el 23 de agosto, se produjo otro hecho violento en donde se involucró a una persona que trabajaba en la hidroeléctrica, dejando como saldo
a dos adolescentes muertos en el área. Ello causó más descontento entre las
personas en desacuerdo con la construcción de la generadora, quienes culparon a la empresa por lo sucedido, indica Luis Velásquez, mediador del proceso de negociación de la Hidroeléctrica Santa Rita con 18 comunidades. 


Después de estos acontecimientos, a principios del presente año hubo tres
invasiones en las fincas Xalajá Canguinic y
otras circunvecinas, por lo que propietarios iniciaron los procesos
judiciales correspondientes para que se desalojaran a los invasores.


La primera orden de
desalojo se debió de haber efectuado en abril, dice Velásquez; sin embargo, las autoridades la
pospusieron para junio, luego para julio. Hasta el 14 de agosto se
hace efectivo el desalojo. En el proceso de ejecutar la orden judicial, varios comunitarios armados con palos,
armas hechizas y de grueso calibre se enfrentaron a la PNC,
quienes decidieron dejar el lugar para resguardar sus vidas, puntualiza.


La versión fue confirmada por
corresponsales de medios de comunicación. Éstos narran que los pobladores
agredieron a los policías y miembros de cuerpos de socorro que llegaron para
auxiliar a los heridos que había provocado el enfrentamiento. Según periodistas que se
encontraban en el área, los pobladores no dejaron ingresar a los cuerpos de
socorro en la zona de los bloqueos que tenían durante el trayecto; asimismo, negaron el acceso a  miembros de prensa, que en un momento fueron agredidos.


El
viernes 15 ya no hubo enfrentamiento pues los pobladores habían abandonado el lugar. La policía sólo encontró las “covachas” de los invasores ardiendo en llamas, posiblemente por haber
dejado fuego en las improvisadas viviendas.


De acuerdo con Velásquez,  hay 20 procesos judiciales y 30 órdenes de captura para las
personas que han provocado violencia y quienes han bloqueado los caminos
vecinales en el área, así como 3 órdenes de desalojo. Según el mediador, las
personas que se oponen al proyecto de construcción de la hidroeléctrica son muy
pocos, alrededor de unas 30 personas de la comunidad Monte Olivo, quienes han
llevado a varios comunitarios de otros lugares para hacer las invasiones
provocando zozobra en el lugar.


Órdenes de captura contra líderes de CODECA


De acuerdo con las
autoridades, lo ocurrido en la comunidad de Semococh, en el municipio de Chisec, Alta Verapaz, fue generado por la orden de capturar de Rafael Chub y María del Carmen del Cid, dirigentes del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, vinculados con el robo de energía eléctrica en el área. A los comunitarios detenidos se les sindica de intimidación, secuestro, retención, coacción, amenazas y atentado contra los servicios de la utilidad pública. 


Las órdenes de captura  contra los miembros de CODECA provocaron un enfrentamiento
entre pobladores que apoyaban a los líderes de dicho Comité,
que retuvieron y vapulearon a 8 agentes de la PNC. Incluso llegaron al extremo de solicitar el ‘intercambio’ de los agentes por Chub y del Cid. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, lamentó lo ocurrido e indicó que los agentes cumplían con su deber y fueron objeto de ‘plagio o secuestro’ durante 24 horas, y mostró una fotografía donde los elementos policíacos están amarrados y despojados de sus armas, en poder de miembros de CODECA. 

Según López Bonilla, los nombres de las personas que ‘robaron’ las armas de los PNC son los hermanos Pedro y Mario Ical. Asimismo, indicó que Antonio Cruz colocó un machete en el cuello del inspector al mando en el momento del despojo del armamento. Hizo ver que se realizarán los procedimientos legales correspondientes en contra de los agresores. Este fue un hecho que coincidió en día, pero un conflicto distinto al provocado por el
desalojo.