Ayer, en Consejo de Ministros, fue declarado el estado de prevención
en el municipio de San Juan Sacatepéquez del departamento central de Guatemala.
El motivo de dicha declaración es por la masacre ocurrida en Los Pajoques, en
donde murieron ocho personas de una misma familia a manos de un grupo de
encapuchados.

La causa oficial de esta masacre no ha sido establecida, las
autoridades se encuentran investigando y no han dado mayor información al
respecto. Por un lado se maneja la versión de una discusión entre vecinos del
lugar que subió de tono por la ingesta de alcohol. Por otro lado se habla que
el motivo del asesinato fue por haber vendido terrenos para la construcción de
una carretera en el lugar.

Sin importar cuál haya sido el motivo, cualquier masacre es injustificable,
inmoral, odiosa y perversa en todos los sentidos, sus consecuencias van mucho
más allá del asesinato. Convierte en animales irracionales a quienes bajo el
anonimato de una capucha y protegidos por la turba cometen actos criminales y
no solo asesinan sino que previamente torturan salvajemente a sus víctimas.

Mientras que el resto
de la población vive con la zozobra de que cualquiera de sus actos moleste o
incomode a estos energúmenos encapuchados y arriesguen su vida ante la furia desenfrenada
de estos últimos. La peor parte obviamente la tienen los deudos de quienes
mueren bajo estas circunstancias, mujeres ahora viudas, niños ahora huérfanos
que dependían de los ingresos de la persona asesinada. Ellos que tienen miedo
de regresar a sus casas con razón justificada de no correr con “suerte” y ahora
sí ser asesinados.

Esta masacre muestra, una vez más, la incompetencia de parte del gobierno en
cumplir con su principal función de ofrecer seguridad y justicia. Resulta
irónico pues, que en los considerandos del estado de prevención declarado desde
ayer, diga: “Que si bien es obligación del Estado y sus autoridades garantizar
a los habitantes de la Nación, el pleno goce de los derechos de la Constitución
Política de la República de Guatemala garantiza, hay circunstancias en la que
puede cesar la plena vigencia de algunos derechos…”

Cuando se refieren a “esas circunstancias” me pregunto si se
refieren a la complacencia de las autoridades de sentarse a negociar con
quienes cometen delitos y crímenes, a la complacencia de los diputados del
Congreso que están a dispuestos a aprobar leyes que piden quienes bloquean las
carreteras del país.

Cuando hablan de “esas circunstancias” que alteran el orden
constitucional, ¿estarán hablando del retiro de policías de áreas conflictivas?
¿De la poca o casi nula efectividad en las investigaciones del Ministerio
Público? ¿De la poca importancia a reforzar el sistema de justicia y seguridad?
¿De la mayor preocupación de este gobierno por mantenerse en el poder? ¿Del
insaciable deseo de obtener más dinero de los tributarios para después
robárselo?

El estado de prevención declarado ayer, parece más una
medida que han tomado para cumplir con el protocolo y después no digan que no se
hace nada. Desgraciadamente, esta masacre no ha sido el único caso en donde
cobardes amparados en el anonimato y la ineficiencia del gobierno hacen de las
suyas a sus anchas sin el menor temor a sufrir las consecuencias de sus actos.

Si realmente queremos prevenir estas situaciones, evitar más
muertes, masacres y tragedias como la ocurrida el fin de semana, debemos
entender que el gobierno se debe dedicar principalmente a seguridad y justicia.
Que su harta obligación es proteger nuestra vida, propiedad y libertad, que es
para eso que pagamos impuestos.

Hasta que no entendamos eso, el estado de prevención
declarado por los ministros será sólo un papelito más emitido por el gobierno.

@Md30