La masacre registrada el fin de semana en San Juan Sacatepéquez refleja una situación de anarquía, violación de la ley, comisión de delitos y debilidad del Estado. La oposición de un grupo de pobladores encapuchados hacia proyectos de desarrollo dejo el saldo de 11 fallecidos, 3 heridos y 85 desplazados por el terror que éstos han provocado. Ante la incapacidad de prevenir esos extremos de violencia, el Ejecutivo reaccionó con la imposición de un Estado de Prevención para todo el municipio por un lapso de 15 días. Según informó el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, se ejecutarán 36 órdenes de captura
Humanos (PDH) reconocía que desde el año 2006 surgieron en el sur de ese municipio “patrulleros” encapuchados que operan armados con fusiles de asalto, AK-47 y R-15. Éstos son señalados como participes de actividades delincuenciales.
Según el propio informe, el “poder de estos grupos es de tal magnitud que aún
autoridades como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y los cuerpos
de bomberos no pueden acceder a todas las zonas sin el aval o consentimiento de
los vigilantes (…) y se deja libre el paso a las autoridades cuando el hecho ha
sido consumado”.
vendió su terreno para la construcción del anillo regional y la
recriminación terminó en masacre. ‘El enfrentamiento entre comunidades y en contra de proyectos han llegado a un punto intolerable”, dice el analista Phillip Chicola. Por su parte Nestor López, del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (CIEN), indica que con este hecho surgen varios cuestionamientos, como la incapacidad estatal de generar diálogo y negociación, así como contener este tipo de ingobernabilidad social.
Al momento de lamentar la pérdida de vidas humanas, el Ministro de Gobernación reconoce que el Estado de Prevención podría no detener posibles acciones futuras de esos grupos delictivos.‘Es la medida correcta, pero es momentánea y temporal porque los conflictos ya están dados. No se toman en cuenta todas las medidas preventivas, como el diálogo, la transparencia y la interacción”, dice el responsable de la seguridad, quien reconoce que el Estado no tuvo una acción rápida por las barricadas de los “encapuchados fuertemente armados”.
Imágenes crudas de ingobernabilidad
La diferencia de opiniones en un país como Guatemala ha llegado a niveles extremos de violencia, debilitando la democracia y las instituciones en un marco de impunidad sin precedentes. No es parte de la línea editorial de República.Gt publicar fotografías que hagan alusión a violencia; sin embargo, en esta ocasión se consideró vital compartir algunas para reflejar la crítica situación ocurrida en San Juan Sacatepéquez, donde la violencia fue resultado de la intolerancia e incapacidad de diálogo disfrazada de oposición a proyectos de inversión. Hubo violación a la Ley, irrespeto a la autoridad y, lo más grave, pérdida de vidas humanas. Todo por diferencias de opinión donde se impuso el más fuerte, o el mejor armado.
Las fotografías pertenecen al fotoperiodista René Ruano, publicadas en su cuenta de Facebook, y fueron difuminadas para proteger el rostro de las víctimas.
Familia muere a machetazos. Miembros de una familia murieron de forma violenta cuando una turba los atacó a machetazos en su vivienda en la aldea Pajoques. Los bomberos logran entrar al lugar varias horas después de lo sucedido, ya que pobladores les obstaculizaron el paso.
Cuerpos de socorro ignorados. Algunas de las víctimas fueron cargadas por los socorristas ante la indiferencias de las personas que se encontraban en el lugar, ya que no quisieron colaborar con los bomberos, contrario a otras ocasiones.
Denigración de género. Esta imagen es impactante, ya que refleja la saña con la que se actuó contra las mujeres que perdieron la vida en el incidente. La cabellera de una de las indígenas masacradas fue cortada con machete, que luego quedó tirada en la escena del crimen. Es un acto de denigración, ya que el cabello largo es cultural entre los distintos grupos mayenses.
Destrucción de propiedad. La turba quemó una incipiente construcción propiedad de la familia atacada. Casa, vehículos y todas las pertenencias fueron incendidas con total impunidad.
¿Opositores, criminales o ambos?
Las medidas de oposición por grupos que argumentan conflictos por acciones de inversión en localidades específicas ha rebasado el umbral de la democracia para convertirse en claras acciones delictivas. San Juan Sacatepéquez es un claro ejemplo de ello, así como de la incapacidad de prevención y reacción efectiva por la institucionalidad correspondiente.
Desde el año 2008 se han registrado delitos que llegan al homicidio, en un claro irrespeto por la vida de una persona que no comparte la misma forma de pensar. Los grupos pro derechos humanos argumentan la criminalización de la protesta, pero los hechos evidencian que algunos opositores son, en realidad, los criminales. Existen al menos 50 denuncias por delitos como amenazas, lesiones, coacción y asesinatos en el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos por la situación en San Juan Sacatepéquez. A continuación un ejemplo de los crímenes cometidos en San Juan Sacatepéquez, que remontan al año 2008, y cuya sentencia evidencia la comisión de graves delitos:
La masacre registrada el fin de semana en San Juan Sacatepéquez refleja una situación de anarquía, violación de la ley, comisión de delitos y debilidad del Estado. La oposición de un grupo de pobladores encapuchados hacia proyectos de desarrollo dejo el saldo de 11 fallecidos, 3 heridos y 85 desplazados por el terror que éstos han provocado. Ante la incapacidad de prevenir esos extremos de violencia, el Ejecutivo reaccionó con la imposición de un Estado de Prevención para todo el municipio por un lapso de 15 días. Según informó el Ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, se ejecutarán 36 órdenes de captura
Humanos (PDH) reconocía que desde el año 2006 surgieron en el sur de ese municipio “patrulleros” encapuchados que operan armados con fusiles de asalto, AK-47 y R-15. Éstos son señalados como participes de actividades delincuenciales.
Según el propio informe, el “poder de estos grupos es de tal magnitud que aún
autoridades como la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y los cuerpos
de bomberos no pueden acceder a todas las zonas sin el aval o consentimiento de
los vigilantes (…) y se deja libre el paso a las autoridades cuando el hecho ha
sido consumado”.
vendió su terreno para la construcción del anillo regional y la
recriminación terminó en masacre. ‘El enfrentamiento entre comunidades y en contra de proyectos han llegado a un punto intolerable”, dice el analista Phillip Chicola. Por su parte Nestor López, del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (CIEN), indica que con este hecho surgen varios cuestionamientos, como la incapacidad estatal de generar diálogo y negociación, así como contener este tipo de ingobernabilidad social.
Al momento de lamentar la pérdida de vidas humanas, el Ministro de Gobernación reconoce que el Estado de Prevención podría no detener posibles acciones futuras de esos grupos delictivos.‘Es la medida correcta, pero es momentánea y temporal porque los conflictos ya están dados. No se toman en cuenta todas las medidas preventivas, como el diálogo, la transparencia y la interacción”, dice el responsable de la seguridad, quien reconoce que el Estado no tuvo una acción rápida por las barricadas de los “encapuchados fuertemente armados”.
Imágenes crudas de ingobernabilidad
La diferencia de opiniones en un país como Guatemala ha llegado a niveles extremos de violencia, debilitando la democracia y las instituciones en un marco de impunidad sin precedentes. No es parte de la línea editorial de República.Gt publicar fotografías que hagan alusión a violencia; sin embargo, en esta ocasión se consideró vital compartir algunas para reflejar la crítica situación ocurrida en San Juan Sacatepéquez, donde la violencia fue resultado de la intolerancia e incapacidad de diálogo disfrazada de oposición a proyectos de inversión. Hubo violación a la Ley, irrespeto a la autoridad y, lo más grave, pérdida de vidas humanas. Todo por diferencias de opinión donde se impuso el más fuerte, o el mejor armado.
Las fotografías pertenecen al fotoperiodista René Ruano, publicadas en su cuenta de Facebook, y fueron difuminadas para proteger el rostro de las víctimas.
Familia muere a machetazos. Miembros de una familia murieron de forma violenta cuando una turba los atacó a machetazos en su vivienda en la aldea Pajoques. Los bomberos logran entrar al lugar varias horas después de lo sucedido, ya que pobladores les obstaculizaron el paso.
Cuerpos de socorro ignorados. Algunas de las víctimas fueron cargadas por los socorristas ante la indiferencias de las personas que se encontraban en el lugar, ya que no quisieron colaborar con los bomberos, contrario a otras ocasiones.
Denigración de género. Esta imagen es impactante, ya que refleja la saña con la que se actuó contra las mujeres que perdieron la vida en el incidente. La cabellera de una de las indígenas masacradas fue cortada con machete, que luego quedó tirada en la escena del crimen. Es un acto de denigración, ya que el cabello largo es cultural entre los distintos grupos mayenses.
Destrucción de propiedad. La turba quemó una incipiente construcción propiedad de la familia atacada. Casa, vehículos y todas las pertenencias fueron incendidas con total impunidad.
¿Opositores, criminales o ambos?
Las medidas de oposición por grupos que argumentan conflictos por acciones de inversión en localidades específicas ha rebasado el umbral de la democracia para convertirse en claras acciones delictivas. San Juan Sacatepéquez es un claro ejemplo de ello, así como de la incapacidad de prevención y reacción efectiva por la institucionalidad correspondiente.
Desde el año 2008 se han registrado delitos que llegan al homicidio, en un claro irrespeto por la vida de una persona que no comparte la misma forma de pensar. Los grupos pro derechos humanos argumentan la criminalización de la protesta, pero los hechos evidencian que algunos opositores son, en realidad, los criminales. Existen al menos 50 denuncias por delitos como amenazas, lesiones, coacción y asesinatos en el Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos por la situación en San Juan Sacatepéquez. A continuación un ejemplo de los crímenes cometidos en San Juan Sacatepéquez, que remontan al año 2008, y cuya sentencia evidencia la comisión de graves delitos: