Un nuevo acto de salvajismo -uno más en la infame lista que poco a poco nos
ha vuelto unos insensibles ante la desgracia ajena- desató ríos de tinta en las
noticias y columnas de opinión. Se trata de la masacre de alrededor de 11
personas en la aldea Los Pajoques en San Juan Sacatepéquez a manos de un grupo
de agitadores que se opone a la construcción del Anillo Regional (una carretera
que aliviará el tránsito pesado en muchas partes del país) y a una planta de
Cementos Progreso.

En esa región del país, ¡que queda a 24
insignificantes kilómetros de la capital!, el Estado brilla por su ausencia. La
policía no penetra en esas aldeas y el “orden” lo impone un grupo de
encapuchados que desde hace años amedrenta con violencia (desde daño físico y a
la propiedad, hasta asesinatos) a los vecinos que trabajan para Cementos
Progreso. El espanto sucedido a la familia Pajoc Matz el 20 de septiembre
pasado fue porque ellos, al igual que otras personas, habían vendido sus
terrenos donde pasará el Anillo Regional (una parte de la carretera será
construida por Cementos Progreso).

Mientras los encapuchados rodeaban la casa de la
familia Pajoc Matz, Marcelo, uno de sus miembros, llamó a las autoridades exigiendo
ayuda, pero la ayuda nunca llegó porque le es imposible a las fuerzas de
seguridad entrar al lugar. Luego que cayeron los trancazos, luego que
humillaron y masacraron a personas que nada malo habían hecho, la policía entró
y el Ministerio de Gobernación tomó cartas en el asunto. ¡DEMASIADO TARDE,
SEÑORES! Según ha informado Cementos Progreso, el lamentable acontecimiento involucra
a figuras públicas como el dirigente del CUC, Daniel Pascual, y el diputado Amílcar
Pop, que en reiteradas ocasiones pidió al Ministerio de Comunicaciones la lista
de las personas que habían vendido sus terrenos para la construcción de la
carretera.

Estos no son actos espontáneos de violencia ni
de delincuencia común. Tampoco es cierto ese antagonismo categórico entre
pueblos indígenas y grandes empresas, pues muchas de las personas que trabajan
en ellas son indígenas que han encontrado en esa industria una forma de vida
más humana que la agricultura de subsistencia.

Hasta el cansancio se ha denunciado que quienes
que se oponen con violencia a estos proyectos son agitadores profesionales,
terroristas altamente organizados que reciben financiamiento de países
europeos, personas que se atribuyen la defensa de pueblos indígenas pero poco
les importa esos pueblos y mucho los jugosos dólares y euros que reciben para
hacer del caos una lucrativa forma de vida.

La anarquía que se ha desatado desde la entrada
en vigencia de la Constitución actual y la firma de los Acuerdos de Paz ha
destruido al Estado, entendido éste en su concepción moderna como el monopolio
de la fuerza. Guatemala tiene un Estado premoderno, porque existen varios
feudos que cuentan con sus propias armas y formas de organización y que son los
que imponen el orden en sus respectivos territorios, como sucede en San Juan
Sacatepéquez.

A todo esto, ¿dónde está la CICIG? ¿No debería
estar investigando a estos grupos y toda su estructura de financiamiento,
planificación y ejecución? ¿Será que no han dicho nada porque temen arruinar
años de investigación? Lo dudo mucho. El mandato de la CICIG le manda a
investigar a los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de
seguridad que cometen delitos contra los derechos humanos, pero la Comisión
actúa de acuerdo a una agenda ideológica propia y los cuerpos ilegales de
seguridad que se encargan de boicotear industrias extractivas seguro no son de
su interés. Espero equivocarme.