Este martes el presidente Otto Pérez Molina presentó la Política Agraria como una de las 11 políticas sectoriales para activar y adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI). El mandatario hizo entrega de seis puntos resolutivos de la Reestructuración de la Deuda Agraria y escrituras del programa de acceso a la tierra de tres fincas de Alta Verapaz. En la entrega de títulos de propiedad, el mandatario dijo que esta política fue discutida en el Gabinete de Desarrollo Rural de la Secretaría de Asuntos Agrarios. “Teníamos años de no tener una Política Agraria; a algunos les da pena hablar sobre este tema, pero este gobierno no sólo lo está haciendo sino priorizándola para las personas que trabajan la tierra”, dijo Pérez.
En ese contexto, los inversionistas pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios, agro exportadores y agroindustriales aglutinados en Cámara del Agro (Camagro) denunciaron mediante un comunicado que “a pesar del ofrecimiento de Gobierno para consensuar un instrumento técnico de política de largo plazo”, la Política Agraria presentada “continúa siendo prácticamente los mismos textos presentados en Mayo 2012”.
En esa oportunidad no se pudo llegar a un acuerdo y como resultado se rechazó la iniciativa 4084, Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral. El analista Paulo De León, de Central American Business Intelligence (CABI), señala que según los análisis que hicieron, esa ley era nefasta porque no respondía a las necesidades que se tienen en el tema agrícola y por el contrario era contraproducente. Así que quedó pendiente seguir trabajando la agenda que daría luz a nuevas propuestas.
Según explica la Camagro, el Ejecutivo se comprometió a someter la política a consulta y consenso, pero al final no tomaron en cuenta ninguna recomendación ni las observaciones efectuadas. “Nos sorprenden con esta presentación porque no cumplieron con lo prometido de tomar en cuenta a todos”, dice José Santiago Molina, Presidente del gremio. El mismo comunicado señala que la política presentada este martes genera expectativas irreales en la población, incrementando la conflictividad y la ingobernabilidad en el país.
Para Carla Caballeros, Directora Ejecutiva de Camagro, los ofrecimientos son irreales porque en el proyecto de presupuesto 2015 no se tienen contemplados los recursos para implementar lo que la política ofrece.
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¿Una política populista?
Según el Ejecutivo, la política tiene
como sujeto priorizado la economía campesina y, por tanto, a la población en
condición de pobreza, pobreza extrema y con altos índices de desnutrición.
En el documento también se puntualiza la relevancia de la coordinación interinstitucional como condición del éxito de la implementación de esta política, y propone un Gabinete Agrario responsable de lograrla.
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No obstante, no todos creen que lo anterior sea la solución.“Si esta nueva política la están planteando con los mismos principios de la iniciativa 4084, Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, necesita cambios importantes”, opina De León de CABI. Una de las cosas que deben cambiar, según el analista, es el paradigma de la tierra como factor de capital para producir. “Esas discusiones las tuvieron en Estados Unidos hace 250 años, y en Europa hace 300, necesitamos una visión más futurista”, opina.
Otro factor es que ese tipo de iniciativas no tienen argumentos sólidos ni evidencia empírica para garantizar que lo que plantean va a funcionar. “Sin embargo, puede parecer atractiva para la gente, por lo que sí podría ser una manera de ganar simpatía”, considera. Agrega que en el caso del gobierno actual, que no tiene tiempo ni recursos en este período para implementarla, podría ser la manera de pedirles a los votantes que apoyen la continuidad de su mandato.
Según analistas consultados, la Política Agraria lanzada por el Ejecutivo tiene, al menos, cuatro características que podrían enmarcarla como una medida de corte populista o de violación de garantías más que una herramienta para lograr un desarrollo integral:
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- Adjudicación gratuita en el acceso a la tierra en propiedad o usufructo. En otras palabras, se regalará tierra. Para ello, se reconoce la necesidad de disponer de un fondo que permita subsidiar a los beneficiarios en momentos en que el Ejecutivo ha reconocido una crítica situación financiera para cubrir los gastos actuales. Ofrecimiento utilizado históricamente para ganar seguidores políticos.
- Creación de un fondo público para un Programa de adquisición de tierras para restitución o compensación. Éste estaría bajo la coordinación de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y ejecutado por el Fondo de Tierras con partida presupuestaria anual en el Presupuesto General. Tendría que garantizar el Ejecutivo la obtención de fondos extraordinarios para cumplir el compromiso.
- Debilitamiento del Estado de Derecho al reconocer, en el marco de la Política Agraria, el derecho consuetudinario como un método válido para la resolución de conflictos de tierra. La política reconoce el sistema jurídico de los pueblos indígenas que se aplica de acuerdo a las experiencias y costumbres; sin embargo, lo propone para regir en conflictos agrarios, vulnerando así la normativa legal vigente y el orden constitucional.
- La política resta valor al delito de “usurpación” o “usurpación agravada” tipificada en el Código Penal, argumentando que las ocupaciones de tierras tienen múltiples orígenes y cuestiona que se emitan órdenes de desalojo. Le otorga potestad a la SAA para que decida cuando se trata de una ocupación, función que corresponde a juez competente.
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No podrían cumplir
La implementación de la Política requeriría la creación de alrededor de 15 nuevos fondos y/o programas, que tendría un efecto en el incremento de la burocracia estatal y, en consecuencia, un aumento en el presupuesto de funcionamiento. Al analizarse la política se identifican aspectos polémicos. “Además de presentarla sin cambios y sin tomar en cuenta el presupuesto que necesitan, tampoco tendrían el tiempo que se llevaría aprobar de 10 a 12 leyes e implementar los15 programas y fondos que ofrecen”, dice Molina.
Esto da lugar a suspicacias sobre las verdaderas intenciones de presentar esa política. “Por esas razones, consideramos que este es otro instrumento clientelar y populista que lanzan en un año electoral”, dice Caballeros. La gente podría esperar que se les adjudique tierras sin ningún costo, pero a cambio de apoyo político. De no cumplirse con lo ofrecido habrían reclamos de parte de la población engañada, lo cual haría estallar problemas sociales, puntualiza.
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Este martes el presidente Otto Pérez Molina presentó la Política Agraria como una de las 11 políticas sectoriales para activar y adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI). El mandatario hizo entrega de seis puntos resolutivos de la Reestructuración de la Deuda Agraria y escrituras del programa de acceso a la tierra de tres fincas de Alta Verapaz. En la entrega de títulos de propiedad, el mandatario dijo que esta política fue discutida en el Gabinete de Desarrollo Rural de la Secretaría de Asuntos Agrarios. “Teníamos años de no tener una Política Agraria; a algunos les da pena hablar sobre este tema, pero este gobierno no sólo lo está haciendo sino priorizándola para las personas que trabajan la tierra”, dijo Pérez.
En ese contexto, los inversionistas pequeños, medianos y grandes productores agropecuarios, agro exportadores y agroindustriales aglutinados en Cámara del Agro (Camagro) denunciaron mediante un comunicado que “a pesar del ofrecimiento de Gobierno para consensuar un instrumento técnico de política de largo plazo”, la Política Agraria presentada “continúa siendo prácticamente los mismos textos presentados en Mayo 2012”.
En esa oportunidad no se pudo llegar a un acuerdo y como resultado se rechazó la iniciativa 4084, Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral. El analista Paulo De León, de Central American Business Intelligence (CABI), señala que según los análisis que hicieron, esa ley era nefasta porque no respondía a las necesidades que se tienen en el tema agrícola y por el contrario era contraproducente. Así que quedó pendiente seguir trabajando la agenda que daría luz a nuevas propuestas.
Según explica la Camagro, el Ejecutivo se comprometió a someter la política a consulta y consenso, pero al final no tomaron en cuenta ninguna recomendación ni las observaciones efectuadas. “Nos sorprenden con esta presentación porque no cumplieron con lo prometido de tomar en cuenta a todos”, dice José Santiago Molina, Presidente del gremio. El mismo comunicado señala que la política presentada este martes genera expectativas irreales en la población, incrementando la conflictividad y la ingobernabilidad en el país.
Para Carla Caballeros, Directora Ejecutiva de Camagro, los ofrecimientos son irreales porque en el proyecto de presupuesto 2015 no se tienen contemplados los recursos para implementar lo que la política ofrece.
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¿Una política populista?
Según el Ejecutivo, la política tiene
como sujeto priorizado la economía campesina y, por tanto, a la población en
condición de pobreza, pobreza extrema y con altos índices de desnutrición.
En el documento también se puntualiza la relevancia de la coordinación interinstitucional como condición del éxito de la implementación de esta política, y propone un Gabinete Agrario responsable de lograrla.
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No obstante, no todos creen que lo anterior sea la solución.“Si esta nueva política la están planteando con los mismos principios de la iniciativa 4084, Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, necesita cambios importantes”, opina De León de CABI. Una de las cosas que deben cambiar, según el analista, es el paradigma de la tierra como factor de capital para producir. “Esas discusiones las tuvieron en Estados Unidos hace 250 años, y en Europa hace 300, necesitamos una visión más futurista”, opina.
Otro factor es que ese tipo de iniciativas no tienen argumentos sólidos ni evidencia empírica para garantizar que lo que plantean va a funcionar. “Sin embargo, puede parecer atractiva para la gente, por lo que sí podría ser una manera de ganar simpatía”, considera. Agrega que en el caso del gobierno actual, que no tiene tiempo ni recursos en este período para implementarla, podría ser la manera de pedirles a los votantes que apoyen la continuidad de su mandato.
Según analistas consultados, la Política Agraria lanzada por el Ejecutivo tiene, al menos, cuatro características que podrían enmarcarla como una medida de corte populista o de violación de garantías más que una herramienta para lograr un desarrollo integral:
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- Adjudicación gratuita en el acceso a la tierra en propiedad o usufructo. En otras palabras, se regalará tierra. Para ello, se reconoce la necesidad de disponer de un fondo que permita subsidiar a los beneficiarios en momentos en que el Ejecutivo ha reconocido una crítica situación financiera para cubrir los gastos actuales. Ofrecimiento utilizado históricamente para ganar seguidores políticos.
- Creación de un fondo público para un Programa de adquisición de tierras para restitución o compensación. Éste estaría bajo la coordinación de la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) y ejecutado por el Fondo de Tierras con partida presupuestaria anual en el Presupuesto General. Tendría que garantizar el Ejecutivo la obtención de fondos extraordinarios para cumplir el compromiso.
- Debilitamiento del Estado de Derecho al reconocer, en el marco de la Política Agraria, el derecho consuetudinario como un método válido para la resolución de conflictos de tierra. La política reconoce el sistema jurídico de los pueblos indígenas que se aplica de acuerdo a las experiencias y costumbres; sin embargo, lo propone para regir en conflictos agrarios, vulnerando así la normativa legal vigente y el orden constitucional.
- La política resta valor al delito de “usurpación” o “usurpación agravada” tipificada en el Código Penal, argumentando que las ocupaciones de tierras tienen múltiples orígenes y cuestiona que se emitan órdenes de desalojo. Le otorga potestad a la SAA para que decida cuando se trata de una ocupación, función que corresponde a juez competente.
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No podrían cumplir
La implementación de la Política requeriría la creación de alrededor de 15 nuevos fondos y/o programas, que tendría un efecto en el incremento de la burocracia estatal y, en consecuencia, un aumento en el presupuesto de funcionamiento. Al analizarse la política se identifican aspectos polémicos. “Además de presentarla sin cambios y sin tomar en cuenta el presupuesto que necesitan, tampoco tendrían el tiempo que se llevaría aprobar de 10 a 12 leyes e implementar los15 programas y fondos que ofrecen”, dice Molina.
Esto da lugar a suspicacias sobre las verdaderas intenciones de presentar esa política. “Por esas razones, consideramos que este es otro instrumento clientelar y populista que lanzan en un año electoral”, dice Caballeros. La gente podría esperar que se les adjudique tierras sin ningún costo, pero a cambio de apoyo político. De no cumplirse con lo ofrecido habrían reclamos de parte de la población engañada, lo cual haría estallar problemas sociales, puntualiza.
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