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Debate presupuestario en medio de pugna política

Redacción República
31 de octubre, 2014

En teoría, el Gobierno Central quiere que se apruebe su proyecto de Presupuesto 2015. El presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Julio Suárez, se presentó la semana pasada en el Congreso de la Repúblia para solicitar dicha aprobación, 30 días antes de que se venza el plazo. Hizo énfasis en que han transcurrido dos años con el mismo monto y que al aprobarse uno nuevo se daría certeza y transparencia a las finanzas públicas.

El Congreso no aprobó el presupuesto que Finanzas solicitó para el 2014, el cual ascendía a Q71 mil millones, dejando vigente el del 2013 por casi Q67 mil millones, ya que la Constitución Política establece en el artículo 171, inciso b), que continúa rigiendo el del año anterior que puede ser modificado o ajustado por el Congreso.

Se aprobaría pero con cambios

Según el diputado Rubén Rolando Pérez, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), miembro de la Comisión de Finanzas del Congreso, el proceso para emitir el dictamen que permitiría la discusión y aprobación del presupuesto en el Pleno está en marcha. “Estamos recibiendo a las diferentes entidades que hacen cabildeo para solicitar asignaciones más altas. Las audiencias terminan el 11 de noviembre”, informa.

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El análisis de la Comisión y las peticiones podrían provocar que en el dictamen se sugieran cambios en el monto total y en lo asignado a cada rubro. “Tomando en cuenta la realidad de la recaudación de nuestro país, podría pedirse que el total bajara, quitándole a algunas dependencias que tienen poca ejecución para dárselo a quienes lo necesitan más”, explica.

El diputado asegura que la oposición está convencida que debe aprobarse un presupuesto bien planteado y realista. Pero un monto menor no le convendría al Gobierno, por lo que preferirían seguir con el presupuesto actual.

Muchos son los sectores que se manifiestan en favor de la aprobación de un nuevo presupuesto. “Es el principal instrumento para ejecutar la política pública de un Gobierno, refleja sus intenciones reales más allá de los discursos”, considera Marvin Flores, de Acción Ciudadana.

Flores opina que no aprobarlo provoca desajustes que se traducen en atrasos y más burocracia. “Aquí hay un factor político, pues existen intereses en juego para su aprobación o desaprobación. Por otro lado, lo que se propone originalmente va cambiando en el proceso. Es una lástima porque el sistema que se usa para formularlo es técnicamente muy bueno”, refiere.

El analista Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), coincide en que al Gobierno le conviene más quedarse con el presupuesto actual. “Esto es parte de la pugna política en el marco de la contienda electoral anticipada. Aquí está en juego el financiamiento para la campaña oficial”, señala.

Endeudamiento ilegal

Según  el diputado Pérez, el presupuesto vigente fue diseñado de tal manera que hay dos “lagunas” legales que permiten adquirir deuda pública por casi Q10 mil millones sin la aprobación del Congreso. “En esa circunstancia podrían obtener incluso más financiamiento del que piden originalmente”, expone.

El tema de la colocación de bonos es complejo, aunque está regido por un reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo 551-2013, donde se establece que deben ser aprobados por el Congreso de la República. Pero a principios de este año, luego de que no se aprobó el presupuesto propuesto y aprovechando las “lagunas” mencionadas, el Gobierno colocó por su cuenta Q5,400 millones en bonos.

El panorama se complicó porque al interponer un recurso de inconstitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad dio una resolución que dio pie a que esto quedara impune. Argumentó problemas de forma pues no podía declarar inconstitucional un reglamento que no lo es. A pesar que la exministra de Finanzas, María Castro, enfrenta un proceso en su contra por este proceder, ésto fue considerado una victoria política.


“Por esa razón pretenden que, si no se aprueba el proyecto de presupuesto para 2015 y el Congreso aprueba los bonos, automáticamente podría estar aprobando endeudamiento público para 2015, y con ello, financiar la campaña electoral oficialista”
, considera Barrientos.

Bonos de la discordia

En sus declaraciones en el Congreso, Suárez calificó de “aceptable” el déficit fiscal estimado de 2.5% para el 2015. Acerca de los bonos, Suárez dijo que de aprobarse para el presente año el déficit fiscal cerraría en 2.1%. No subiría porque no sería una ampliación presupuestaria sino un cambio de fuentes de financiamiento.

Sin embargo, diputados de oposición le cuestionaron que de aprobarse ese monto de bonos, y al mismo tiempo no se aprueba el presupuesto del 2015, el espacio presupuestario para deuda bonificada aumentaría para el próximo año a Q9 mil 400 millones (Q5 mil 400 millones del 2013, más los Q4 mil millones que se sumarían este año). Consideran que este aumento anual es ilegal porque reiteran que debería aprobarlo el Congreso.

Esto ha provocado rechazo. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) mantiene su postura de no apoyar la emisión de bonos ni de otro tipo de deuda, porque temen que no se tenga asegurada la capacidad de pago.


“Uno de los temas importantes en el futuro inmediato es que cualquier endeudamiento que el Gobierno adquiera debe ir dentro de la lógica económica de nuestro país”
, señala Hermann Girón, presidente del CACIF.

Para este sector es muy importante que los indicadores guatemaltecos se mantengan dentro de los estándares internacionales de deuda. Por otro lado, exigen que tanto la ejecución presupuestaria de lo que queda del año como el presupuesto del año entrante cumplan con las expectativas económicas.

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Redacción República
31 de octubre, 2014

En teoría, el Gobierno Central quiere que se apruebe su proyecto de Presupuesto 2015. El presidente del Banco de Guatemala (Banguat), Julio Suárez, se presentó la semana pasada en el Congreso de la Repúblia para solicitar dicha aprobación, 30 días antes de que se venza el plazo. Hizo énfasis en que han transcurrido dos años con el mismo monto y que al aprobarse uno nuevo se daría certeza y transparencia a las finanzas públicas.

El Congreso no aprobó el presupuesto que Finanzas solicitó para el 2014, el cual ascendía a Q71 mil millones, dejando vigente el del 2013 por casi Q67 mil millones, ya que la Constitución Política establece en el artículo 171, inciso b), que continúa rigiendo el del año anterior que puede ser modificado o ajustado por el Congreso.

Se aprobaría pero con cambios

Según el diputado Rubén Rolando Pérez, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), miembro de la Comisión de Finanzas del Congreso, el proceso para emitir el dictamen que permitiría la discusión y aprobación del presupuesto en el Pleno está en marcha. “Estamos recibiendo a las diferentes entidades que hacen cabildeo para solicitar asignaciones más altas. Las audiencias terminan el 11 de noviembre”, informa.

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El análisis de la Comisión y las peticiones podrían provocar que en el dictamen se sugieran cambios en el monto total y en lo asignado a cada rubro. “Tomando en cuenta la realidad de la recaudación de nuestro país, podría pedirse que el total bajara, quitándole a algunas dependencias que tienen poca ejecución para dárselo a quienes lo necesitan más”, explica.

El diputado asegura que la oposición está convencida que debe aprobarse un presupuesto bien planteado y realista. Pero un monto menor no le convendría al Gobierno, por lo que preferirían seguir con el presupuesto actual.

Muchos son los sectores que se manifiestan en favor de la aprobación de un nuevo presupuesto. “Es el principal instrumento para ejecutar la política pública de un Gobierno, refleja sus intenciones reales más allá de los discursos”, considera Marvin Flores, de Acción Ciudadana.

Flores opina que no aprobarlo provoca desajustes que se traducen en atrasos y más burocracia. “Aquí hay un factor político, pues existen intereses en juego para su aprobación o desaprobación. Por otro lado, lo que se propone originalmente va cambiando en el proceso. Es una lástima porque el sistema que se usa para formularlo es técnicamente muy bueno”, refiere.

El analista Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), coincide en que al Gobierno le conviene más quedarse con el presupuesto actual. “Esto es parte de la pugna política en el marco de la contienda electoral anticipada. Aquí está en juego el financiamiento para la campaña oficial”, señala.

Endeudamiento ilegal

Según  el diputado Pérez, el presupuesto vigente fue diseñado de tal manera que hay dos “lagunas” legales que permiten adquirir deuda pública por casi Q10 mil millones sin la aprobación del Congreso. “En esa circunstancia podrían obtener incluso más financiamiento del que piden originalmente”, expone.

El tema de la colocación de bonos es complejo, aunque está regido por un reglamento contenido en el Acuerdo Gubernativo 551-2013, donde se establece que deben ser aprobados por el Congreso de la República. Pero a principios de este año, luego de que no se aprobó el presupuesto propuesto y aprovechando las “lagunas” mencionadas, el Gobierno colocó por su cuenta Q5,400 millones en bonos.

El panorama se complicó porque al interponer un recurso de inconstitucionalidad, la Corte de Constitucionalidad dio una resolución que dio pie a que esto quedara impune. Argumentó problemas de forma pues no podía declarar inconstitucional un reglamento que no lo es. A pesar que la exministra de Finanzas, María Castro, enfrenta un proceso en su contra por este proceder, ésto fue considerado una victoria política.


“Por esa razón pretenden que, si no se aprueba el proyecto de presupuesto para 2015 y el Congreso aprueba los bonos, automáticamente podría estar aprobando endeudamiento público para 2015, y con ello, financiar la campaña electoral oficialista”
, considera Barrientos.

Bonos de la discordia

En sus declaraciones en el Congreso, Suárez calificó de “aceptable” el déficit fiscal estimado de 2.5% para el 2015. Acerca de los bonos, Suárez dijo que de aprobarse para el presente año el déficit fiscal cerraría en 2.1%. No subiría porque no sería una ampliación presupuestaria sino un cambio de fuentes de financiamiento.

Sin embargo, diputados de oposición le cuestionaron que de aprobarse ese monto de bonos, y al mismo tiempo no se aprueba el presupuesto del 2015, el espacio presupuestario para deuda bonificada aumentaría para el próximo año a Q9 mil 400 millones (Q5 mil 400 millones del 2013, más los Q4 mil millones que se sumarían este año). Consideran que este aumento anual es ilegal porque reiteran que debería aprobarlo el Congreso.

Esto ha provocado rechazo. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) mantiene su postura de no apoyar la emisión de bonos ni de otro tipo de deuda, porque temen que no se tenga asegurada la capacidad de pago.


“Uno de los temas importantes en el futuro inmediato es que cualquier endeudamiento que el Gobierno adquiera debe ir dentro de la lógica económica de nuestro país”
, señala Hermann Girón, presidente del CACIF.

Para este sector es muy importante que los indicadores guatemaltecos se mantengan dentro de los estándares internacionales de deuda. Por otro lado, exigen que tanto la ejecución presupuestaria de lo que queda del año como el presupuesto del año entrante cumplan con las expectativas económicas.