Política
Política
Empresa
Empresa
Investigación y Análisis
Investigación y Análisis
Internacional
Internacional
Opinión
Opinión
Inmobiliaria
Inmobiliaria
Agenda Empresarial
Agenda Empresarial

El carácter clientelar de las transferencias condicionadas

Redacción República
06 de noviembre, 2014

Las recientes elecciones
presidenciales de Brasil, en la cual Dilma Rousseff acabó siendo electa para un
nuevo periodo presidencia, ha dejado un dato importante. Al hacer un análisis demográfico del voto, se
evidenció que Roussef superó a su oponente Aécio Neves en aquellas regiones que
son altamente dependientes de las transferencias condicionadas o Bolsa Familia, como es llamada.

Así, zonas con mayores índices de
pobreza y que son las principales beneficiarias y dependientes de las transferencias
condicionadas, tales como Amazonas, Bahía o Maranhão, fueron zonas en las que
Rousseff obtuvo mayorías amplias. Por
otro lado, en las zonas más prósperas y de mayor actividad económicas, como São
Paulo, Neves aventajó por amplio margen a Rousseff.

Estas políticas, llamadas
políticas sociales, son vehementemente defendidas por unos por considerar que
son esenciales para que mucha gente salga de la pobreza y para reducir las
desigualdades. Citan como ejemplo
justamente a Brasil por los indicadores de pobreza que ha mostrado desde que se
establecieron dichas políticas.

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER

Por otra parte estas políticas son
criticadas por algunos que afirman que fomentan la dependencia del Estado. Otros las critican bajo el supuesto de que
generan incentivos perversos para que gente que no “necesita” la ayuda acabe
obteniéndola encontrando formas que los hagan calificar para la obtención de
dichos beneficios.

Dejando a un lado los argumentos
más populares habría que tomar en cuenta lo que pueden decir al respecto las
disciplinas científicas. La tarea de los
economistas y estudiosos de las ciencias sociales consiste en analizar las
consecuencias no intencionadas de los actos humanos. En el caso en cuestión no tenemos que tomar en
cuenta simplemente el fin que queramos conseguir. Hay que analizar si los
medios que empleamos son los apropiados para el fin que perseguimos.

Recordemos que los economistas
nos enseñan que los votantes tienden a decidir de forma menos cuidadosa por una
sencilla razón: es estadísticamente imposible que su voto haga la
diferencia. En ese sentido los votantes
manifiestan mucho interés en las discusiones coyunturales en su comunidad pero
no invierten una cantidad óptima de tiempo y recursos para determinar si las
políticas son viables o no.

Así, ningún votante se toma la
molestia de tomar un curso de finanzas públicas para analizar si el presupuesto
estatal es sostenible o no. Del mismo
modo no tomará lecciones de macroeconomía para comprender los planes de
crecimiento económico de su candidato son acertados o no. ¿Por qué? Porque el votante no ve un
beneficio directo lo suficientemente fuerte para incurrir en un costo de
información tan alto.

¿Cómo deciden los votantes? Pues
más bien guiados por sesgos, preconcepciones e impresiones. No porque sean maleducados o poco formados
sino porque el costo de ser “experto” en asuntos públicos no representa ningún
beneficio. Al fin y al cabo todos los
votos valen lo mismo. Los del informado y los del desinformado.

En ese contexto los programas
políticos que crean lazos de dependencia entre beneficiarios y funcionarios tienden
a acrecentar la miopía de la que tanto padecen los políticos. A su vez, incrementan la “irracionalidad” de
los votantes puesto que en ese clima de escasa información en el cual deciden,
ahora sí que tienen un interés directo en juego a la hora de decidir por quién
votar.

El carácter clientelar de las transferencias condicionadas

Redacción República
06 de noviembre, 2014

Las recientes elecciones
presidenciales de Brasil, en la cual Dilma Rousseff acabó siendo electa para un
nuevo periodo presidencia, ha dejado un dato importante. Al hacer un análisis demográfico del voto, se
evidenció que Roussef superó a su oponente Aécio Neves en aquellas regiones que
son altamente dependientes de las transferencias condicionadas o Bolsa Familia, como es llamada.

Así, zonas con mayores índices de
pobreza y que son las principales beneficiarias y dependientes de las transferencias
condicionadas, tales como Amazonas, Bahía o Maranhão, fueron zonas en las que
Rousseff obtuvo mayorías amplias. Por
otro lado, en las zonas más prósperas y de mayor actividad económicas, como São
Paulo, Neves aventajó por amplio margen a Rousseff.

Estas políticas, llamadas
políticas sociales, son vehementemente defendidas por unos por considerar que
son esenciales para que mucha gente salga de la pobreza y para reducir las
desigualdades. Citan como ejemplo
justamente a Brasil por los indicadores de pobreza que ha mostrado desde que se
establecieron dichas políticas.

SUSCRIBITE A NUESTRO NEWSLETTER

Por otra parte estas políticas son
criticadas por algunos que afirman que fomentan la dependencia del Estado. Otros las critican bajo el supuesto de que
generan incentivos perversos para que gente que no “necesita” la ayuda acabe
obteniéndola encontrando formas que los hagan calificar para la obtención de
dichos beneficios.

Dejando a un lado los argumentos
más populares habría que tomar en cuenta lo que pueden decir al respecto las
disciplinas científicas. La tarea de los
economistas y estudiosos de las ciencias sociales consiste en analizar las
consecuencias no intencionadas de los actos humanos. En el caso en cuestión no tenemos que tomar en
cuenta simplemente el fin que queramos conseguir. Hay que analizar si los
medios que empleamos son los apropiados para el fin que perseguimos.

Recordemos que los economistas
nos enseñan que los votantes tienden a decidir de forma menos cuidadosa por una
sencilla razón: es estadísticamente imposible que su voto haga la
diferencia. En ese sentido los votantes
manifiestan mucho interés en las discusiones coyunturales en su comunidad pero
no invierten una cantidad óptima de tiempo y recursos para determinar si las
políticas son viables o no.

Así, ningún votante se toma la
molestia de tomar un curso de finanzas públicas para analizar si el presupuesto
estatal es sostenible o no. Del mismo
modo no tomará lecciones de macroeconomía para comprender los planes de
crecimiento económico de su candidato son acertados o no. ¿Por qué? Porque el votante no ve un
beneficio directo lo suficientemente fuerte para incurrir en un costo de
información tan alto.

¿Cómo deciden los votantes? Pues
más bien guiados por sesgos, preconcepciones e impresiones. No porque sean maleducados o poco formados
sino porque el costo de ser “experto” en asuntos públicos no representa ningún
beneficio. Al fin y al cabo todos los
votos valen lo mismo. Los del informado y los del desinformado.

En ese contexto los programas
políticos que crean lazos de dependencia entre beneficiarios y funcionarios tienden
a acrecentar la miopía de la que tanto padecen los políticos. A su vez, incrementan la “irracionalidad” de
los votantes puesto que en ese clima de escasa información en el cual deciden,
ahora sí que tienen un interés directo en juego a la hora de decidir por quién
votar.