Ha causado polémica y rechazo desde que se conoció el acuerdo firmado por los
magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) donde el presidente del
órgano electoral, Rudy Pineda, se receta un monto por Q15 mil mensuales, lo que haría que su salario
aumente a Q71 mil 100, mientras que para los otros cuatro magistrados les
corresponde una cantidad de Q13 mil.
Según José Carlos Sanabria,
de la Asociacion de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), este no es un
precedente muy positivo a la población guatemalteca. El TSE se pone en un
escenario donde será criticado y señalado, dice. El analista puntualiza que deben de reconsiderar la
decisión que se tomó en el espíritu que el alto ente electoral necesita, no sólo en este
momento sino de cara al próximo proceso electoral de fortalecer su legitimidad y
representatividad frente a la sociedad. Este tipo de acciones genera un
desgaste institucional en su credibilidad, enfatiza.
Para Sanabria, el hecho que se haya acordado un incremento de ese tipo debe tener una justificación
en términos de los objetivos institucionales, las acciones y el uso que se le
debe dar. No son suficientes las justificaciones que presentaron los
magistrados por lo que es necesario reconsiderar esa decisión, señala el
analista.
Por su parte Cristhians
Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (Ipnusac), dice que el momento no pareciera ser el más
oportuno sobre todo por la crisis financiera que está viviendo el Estado ahora, se han juntado una serie de problemáticas que han puesto la
funcionalidad del Estado en “jaque”. No hay gasolina para las patrullas, se
cierran las emergencias de los hospitales, entonces la tensión que existe en
las finanzas pública no permite que sea el momento justo para un beneficio de
esa naturaleza.
Sin embargo, agrega que lo
que hay que reconocer es el trabajo que deben cumplir los magistrados del TSE
en un año electoral ya que es bastante intenso y este tipo de beneficios en alguna
medida les permite cumplir con esas funciones. El impacto
financiero de los gastos de representación de cinco magistrados y tres
directores de las unidades del TSE no tienen un impacto financiero tan alto
para generar alarma o desgaste.
Pese al rechazo por el anuncio, el magistrado Julio Solórzano dice que la decisión tomada por el Pleno está basado en Ley porque tienen las mismas prerrogativas que los magistrados de la Corte Suprema de Justifica (CSJ). Justifica como un gasto necesario en tiempo electoral; incluso sale menos oneroso que pagar horas extras como se ha realizado en otros años, puntualiza.
Ha causado polémica y rechazo desde que se conoció el acuerdo firmado por los
magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) donde el presidente del
órgano electoral, Rudy Pineda, se receta un monto por Q15 mil mensuales, lo que haría que su salario
aumente a Q71 mil 100, mientras que para los otros cuatro magistrados les
corresponde una cantidad de Q13 mil.
Según José Carlos Sanabria,
de la Asociacion de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), este no es un
precedente muy positivo a la población guatemalteca. El TSE se pone en un
escenario donde será criticado y señalado, dice. El analista puntualiza que deben de reconsiderar la
decisión que se tomó en el espíritu que el alto ente electoral necesita, no sólo en este
momento sino de cara al próximo proceso electoral de fortalecer su legitimidad y
representatividad frente a la sociedad. Este tipo de acciones genera un
desgaste institucional en su credibilidad, enfatiza.
Para Sanabria, el hecho que se haya acordado un incremento de ese tipo debe tener una justificación
en términos de los objetivos institucionales, las acciones y el uso que se le
debe dar. No son suficientes las justificaciones que presentaron los
magistrados por lo que es necesario reconsiderar esa decisión, señala el
analista.
Por su parte Cristhians
Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Usac (Ipnusac), dice que el momento no pareciera ser el más
oportuno sobre todo por la crisis financiera que está viviendo el Estado ahora, se han juntado una serie de problemáticas que han puesto la
funcionalidad del Estado en “jaque”. No hay gasolina para las patrullas, se
cierran las emergencias de los hospitales, entonces la tensión que existe en
las finanzas pública no permite que sea el momento justo para un beneficio de
esa naturaleza.
Sin embargo, agrega que lo
que hay que reconocer es el trabajo que deben cumplir los magistrados del TSE
en un año electoral ya que es bastante intenso y este tipo de beneficios en alguna
medida les permite cumplir con esas funciones. El impacto
financiero de los gastos de representación de cinco magistrados y tres
directores de las unidades del TSE no tienen un impacto financiero tan alto
para generar alarma o desgaste.
Pese al rechazo por el anuncio, el magistrado Julio Solórzano dice que la decisión tomada por el Pleno está basado en Ley porque tienen las mismas prerrogativas que los magistrados de la Corte Suprema de Justifica (CSJ). Justifica como un gasto necesario en tiempo electoral; incluso sale menos oneroso que pagar horas extras como se ha realizado en otros años, puntualiza.