El lunes se registraron nuevos enfrentamientos en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, por un pequeño grupo que se opone a proyectos de desarrollo. El saldo fue de dos muertos y varios heridos, pese a que personeros de la empresa hidroeléctrica que se construye en el lugar han brindado información sobre el proyecto y la mayoría de comunidades apoyan su construcción y puesta en marcha.

Sobre los incidentes, Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, reconoce que “hay rasgos de ingobernabilidad” en San Mateo Ixtatán.

Según el titular de la Cartera Interior, en los temas de conflictividad existe un denominador común: Si no está la autoridad nacional presente en muchos lugares del país lo que se tiene es una “población sometida a chantaje, extorsión, amenaza y a las acciones de hecho, que terminan con personas fallecidas y heridas, que muchas veces son grupos minoritarios acostumbrados a generar violencia”.

“No se ejecutan órdenes de captura por la oposición”

Pese a que el Ministerio de Gobernación ya tiene identificado a los líderes que promueven las revueltas con acciones ilegales, que han dejado saldo de personas fallecidas, bloqueos donde impiden la locomoción de los ciudadanos y propiedad privada destruida, entre otros, las órdenes de captura giradas por juez competente no se han hecho efectivas.

Desde mayo pasado, cuando se destruyó parte de las instalaciones de la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos en San Mateo Ixtatán, con pérdidas millonarias, el Ministro de Gobernación mencionó que hay orden de captura en contra de  Rigoberto Juárez. Lo identifica como uno de los instigadores, incluso reconoció que no era del lugar, ya que se desplaza del municipio de Santa Eulalia del mismo departamento. Sin embargo, la detención no ha sido efectiva contra Juárez y más de 10 personas que también tienen orden judicial.

Según López Bonilla, las órdenes de capturas giradas  “es algo complejo”. El funcionario reconoce que no se han hecho efectivas por “la oposición en el lugar”.  Justifica que han tenido varias experiencias, como el caso de la captura de Mynor López, un líder comunitario de la parte alta del departamento de Huehuetenango, que al momento de llegar al lugar varios pobladores se reunieron rescatando al capturado y agredieron a la policía, siendo el modus operandi en el área, reconoce el funcionario.

“No es fácil entrar porque nadie llega por sorpresa a esos lugares, regularmente están bien vigilados y organizados, entonces cuando estamos rodeados de tres mil o cuatro mil comunitarios se vuelve complejo el tema”, refiere el Ministro. Hace ver que ese tipo de intimidaciones lo que provoca es acallar a la población en los propios lugares. “Lo terrible de ello es que este tipo de acciones van en contra de sus propias comunidades”, puntualiza.