Un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), que se hizo público este martes, revela que el fenómeno de la extorsión ha incrementado en la última década en Guatemala. Hace ver que el motivo por el que las víctimas de este flagelo no denuncian es por la alta impunidad, falta de confianza y credibilidad en las instituciones.

Según Walter Menchú, investigador del CIEN, “hace falta investigar más a profundidad el fenómeno, contar con datos homólogos y realizar encuestas de victimización para conocer los delitos que no se denuncian”.  Dentro de la investigación sobre las extorsiones de este Centro, tanto Menchú como la analista Corinne Dedik creen que existe más de un 75% de cifra negra, en otras palabras, son las personas que son extorsionadas y no denuncian ante las autoridades.

Además, los  analistas coinciden en que la extorsión impacta el ámbito económico de Guatemala, el psicológico y social. Indican que facilitan este delito el acceso a las telecomunicaciones y factores sociales.

El informe titulado Entendiendo el Fenómeno de las extorsiones en Guatemala da cuenta que del 2005 a septiembre de 2014 el Ministerio Público (MP) recibió 48 mil 673 denuncias, pero solamente han logrado llevar a tribunales el 16%. De tal manera que por el delito de extorsión el Organismo Judicial ha conocido 7 mil 622 casos, de los cuales  1 mil 838 lograron sentencia condenatoria, lo que equivale a un 24%. En tanto, 405 fueron absolutorias, lo que es igual a un 5%, por lo que en total han sido el 29% de sentencias.

Según el estudio, el 77% de las denuncias se concentran en cinco departamentos: Guatemala, Sacatepéquez, Escuintla, Suchitepéquez y Quetzaltenango. Donde se centralizan las mayores denuncias por este delito es Guatemala con el 61%.

Infografia Extorsiones

 

El 70% de víctimas son extorsionadas en sus viviendas

Según la investigación, las extorsiones denunciadas en la Policía Nacional Civil (PNC) y en el Ministerio Público (MP) muestran la misma tendencia pero varían en cantidades. Desde el año 2008 a septiembre de 2014 la PNC ha recibido 36 mil 536 denuncias por extorsión y el MP 48 mil 673.

En el 2008 se registraron en ambas instituciones entre 700 y 900 denuncias, en el 2010  hubo un aumento precipitado llegando a un pico de 9 mil 500 denuncias y en este año, hasta septiembre, han presentado al MP 5 mil 997 denuncias y en la PNC 5 mil 009. Solamente en la ciudad capital se concentra el 28% de los delitos denunciados de todo el país, la zona 18 reporta el 5% de denuncias y le siguen las zonas 1, 6 y 7, cada una con un 3%. Mientras que en los municipios de Villa Nueva se registra el 8% y en Mixco el 7% de las denuncias recibidas por extorsión.

Los datos que arroja el estudio indican que el 70% de las víctimas son extorsionadas en sus residencias, el 22% en sus negocios, el 6.4% en transporte y el 1% otros.

Corinne Dedik explicó que existen dos tipos de extorsiones: La simple, que es cuando el victimario no opera con una estructura criminal , y las complejas, que son los casos en que una estructura criminal lo efectúa. De los casos registrados en el Organismo Judicial solamente 10% de ellos son extorsiones complejas.

Un informe de la Fuerza de Tarea contra las Extorsiones (FTE) revela que las extorsiones realizadas por teléfono son la más frecuentes, un 95%, pero el 80% de éstas se realizan desde los centro carcelarios. Sin embargo, la información del Sistema Penitenciario (SP) dice que menos del 5% de extorsiones proviene de las cárceles.

Una respuesta institucional tardía

Según los investigadores del CIEN, a pesar del aumento del delito durante varios años el mismo adquiere mayor atención hasta con la primera ola de asesinatos de pilotos en los años 2008 y 2009. El diario asesinato y ataque a unidades de transporte y la presión social ante el fenómeno presionó a las autoridades a reaccionar, aunque no ha sido del todo efectiva.

Se creó el Programa Nacional Contra el Desarrollo Criminal de Pandillas (PANDA o Dipanda, en el 2009) y la Fuerza de Tarea contra las Extorsiones (FTE, en el 2012). Por aparte, en el MP se creó la Fiscalía de Sección Contra las Extorsiones. De la misma forma se realizan varios cambios legales para ampliar la definición de delito para proporcionar nuevos métodos de investigación y contrarrestar el ingreso de celulares a las cárceles. Se compraron bloqueadores de señal para 11 centros penales, pero el equipo que costó aproximadamente Q21 millones no sirve.

Ante las constantes extorsiones una de las recomendaciones del CIEN es que para afrontarlas se requiere conocer con mayor profundidad el fenómeno, y debería elaborarse una política de Estado de parte del Gobierno. Asimismo deben realizarse encuestas de victimización para complementar la información obtenida con las denuncias de este y otros delitos y el impacto que tuvo en la víctima.