Al entrar en vigor el año pasado el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, para comerciar con dicho continente, Nuestro país asumió un compromiso con la Unión Europea de tener una ley de Competencia antes del 30 de noviembre de 2016. Guatemala es el único en Latinoamérica que no cuenta con legislación específica en este tema.

Según el Ministerio de Economía, se trabaja en la creación de una política para reducir esa brecha y además cumplir con dicho compromiso. También consideran necesario fortalecer el sistema de justicia para que exista más conocimiento y fortalecimiento humano para los casos de competencia y de protección al consumidor.

El presidente del Instituto de Derecho Mercantil (IDM), Ricardo Sagastume,  señaló en el Congreso Latinoamericano sobre Derecho de Competencia, realizado recientemente, que esta política no regularía precios en Guatemala. Dijo que aquí se  tiene una política de libre mercado en donde los precios se fijan en base a la oferta y demanda. Señaló que la política seguirá dicha línea para beneficiar al consumidor.

Intentos fallidos

En el Congreso de la República desde el 2000 hasta el 2012 se han presentado, sin éxito, cinco iniciativas para aprobar una Ley de Competencia ya que varios acuerdos internacionales así lo establecen, como el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, todas las  propuestas fueron remitidas a la Comisión de Economía, pero ninguna ha sido aprobada.

La última iniciativa, la 44-26, se congeló en agosto 2012. En esa oportunidad se dijo que estaban pendientes de recibir la posición de la Política de Competencia del Ministerio de Economía y no querían dictaminar sin estar en sintonía. Esto fue quedando pendiente hasta que la propuesta se engavetó.

El tema se ha retomado porque el año pasado Guatemala empezó a ser parte del pilar comercial del acuerdo firmado entre la Unión Europea y América Central, que ya regía con Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá. Así se asumió el compromiso de emitir dicha legislación de competencia en un plazo de tres años a partir de la vigencia del tratado, es decir, el 30 de noviembre de 2016.

Sagastume señala que se pretende a partir de 2015 empezar una serie de mesas de discusión y talleres, y en febrero desarrollar un proyecto para compartir experiencias judiciales y jurisprudenciales de toda Centroamérica.

Analistas señalan que el próximo año no es apropiado para buscar la aprobación de la ley por la campaña electoral y las elecciones. Pero se aprovechará para avanzar en la preparación y socialización del tema.

El derecho de la competencia es la rama del Derecho que regula el comercio mediante la prohibición de restricciones ilegales y los monopolios. Promueve la competencia entre las empresas existentes en un mercado y el fomento de la calidad de bienes y servicios al menor precio posible, garantizando una estructura de mercado eficiente y certeza legal.

Hugo Maúl, economista y analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), considera que para empezar a impulsar este tema en Guatemala hace falta abogacía por la competencia. “Además, trabajar en todas los impedimentos burocráticos con los que se encuentran las empresas para iniciar operaciones y funcionar, así como todos los otros temas pendientes de competitividad”, señala. Esa legislación no sería algo aislado sino que estaría inmersa en un sistema judicial y estatal que debe darle soporte.

Para algunos no tener una normativa sobre competencia influye para que la inversión internacional se abstenga de venir al país porque no hay certeza jurídica que los proteja. Sin embargo, otros opinan que esto depende de cómo se impulse y aplique esta ley. “Incluso podría llegar a encarecer las operaciones de las empresas si hubieran litigios costosos, restándoles competitividad”, opina Maúl. Esto podría afectar a los consumidores pues los costos podrían trasladárseles.

El experto señala que por esa razón es muy importante no adoptar modelos extranjeros sobre este tema, como el europeo o el estadounidense, pues podría ser más dañina que beneficiosa. “La ley debería plantearse de acuerdo a la realidad de nuestro país”, considera el economista.

Debe impulsarse con responsabilidad

El secretario general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), Mukhisa Kituyi, visitó recientemente el país para dialogar con diferentes sectores sobre el tema. Su objetivo era el de impulsar una política de competencia para beneficiar a los consumidores y, además, con la ley existiría un mecanismo para solucionar controversias.

Según el funcionario, la ley de competencia es una prioridad que avanza a pasos muy lentos en Guatemala. Además, dijo a los medios que Guatemala es una economía emergente y se requiere que no pierda de vista la importancia de estos temas.

Por su parte Hermann Girón, presidente de CACIF, en su participación en el Congreso Latinoamericano sobre Derecho de Competencia insistió en la importancia de desarrollar un proyecto de Ley de Competencia que se encuadre dentro de un estricto respeto a la Constitución de la República y a la legislación vigente.

Dicho evento, realizado a finales de octubre pasado, fue un punto de partida para empezar el camino hacia el cumplimiento del compromiso asumido con la Unión Europea. Allí tanto los académicos del Instituto de Derecho Mercantil como los empresarios y funcionarios del Ministerio de Economía coincidieron en la importancia de aprovechar las experiencias similares en otros países, pero sin dejar de lado las particularidades del sistema legal guatemalteco.

“Así como se logró hacer con el texto propuesto para modificar el Código Laboral que se encuentra en el Congreso, para cumplir los compromisos asumidos al momento de la firma del TLC con Estados Unidos, considero que las experiencias de países amigos nos ayudarán a redactar un texto de ley ajustado a nuestro entorno, contexto histórico y marco legal”, dijo Girón en su participación.

Si la redacción y luego la implementación no se hace de manera consensuada, responsable y adecuada a nuestro país, podrían provocar serios problemas. “Incluso podría provocar ‘cacerías de brujas’ con empresas por parte de personas interesadas en dañarlas”, advierte Maúl.