En el transcurso de esta semana la CICIG ha convocado, por los medios de comunicación, a un diálogo multisectorial sobre reformas al sistema de justicia.

Particularmente creo que el sistema de justicia que tenemos hoy en día está en crisis y dista mucho del ideal de sistema de justicia al que aspiramos los guatemaltecos. También considero que es necesaria una reforma a varias leyes para desregular y eliminar una serie de incentivos perversos que perjudican el buen funcionamiento del sistema.

Respecto a la convocatoria que se ha hecho creo que los diferentes sectores deben analizarla con absoluta responsabilidad y seriedad. Pues cualquier tipo de propuesta acelerada, ya sea de reforma legal o constitucional, podría no brindar los resultados esperados.

Lo primero que debe hacerse es contar con un buen diagnóstico, ya que es preciso identificar, cuales son las diferentes causas que impiden que tengamos un buen sistema de justicia.

Si como analogía pensáramos en el sistema de justicia como un enfermo al cual le hiciéramos una resonancia magnética. Al efectuar el examen, muy probablemente nos encontraremos con una serie de tumores malignos que, una vez identificados, debemos saber cuales pueden extraerse mediante una reforma en rango de ley ordinaria y cuales definitivamente requieren de una desregulación o regulación en rango constitucional.

Incorporarse en una dinámica de reforma legal o de reforma constitucional, sin el diagnóstico adecuado, sería un grave error y lejos de obtener una mejora sustancial en el sistema de justicia, quizá el resultado podría ser contraproducente y traer más complicaciones.

Recordemos que el sistema de justicia no solo se refiere a los mecanismos de prevención, persecución y sanción penal para proteger a los ciudadanos, sino también debe de funcionar eficientemente en materias tributaria, laboral, mercantil, civil, administrativa, etc. De forma que exista certeza jurídica y en ese contexto podamos desarrollarnos.
A lo anterior hay que agregar que el sistema de justicia no tiene solo problemas de índole legal, pues hay otros que son operativos y de voluntad política, que también es preciso analizar.

Por ejemplo, el nivel de cobertura a nivel nacional, de las principales instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana, no es el mismo. Ya que por falta de una adecuada planeación estratégica de los últimos gobiernos y por la falta de priorización del gasto público, la presencia del Estado en los diferentes municipios del país, por medio de los Tribunales de Justicia, El Ministerio Púbico, la Policía Nacional Civil, el Instituto de Ciencias Forenses, etc., no es la misma.

También se debe ser muy riguroso en analizar si la convocatoria la está realizando el interlocutor adecuado.
A mi criterio, quien convoque a una tarea tan compleja debería de tener varios requisitos: a) Contar con un diagnóstico jurídico integral sobre los problemas del sector justicia y no enfocarse únicamente en temas relacionados a la persecución penal; b) Que no aborde la problemática desde un enfoque ideológico sino desde un punto de vista técnico; c) Que respete los mecanismos del debido proceso, en materia de análisis y discusión de reforma constitucional.

De esa cuenta espero que, en forma alterna a la convocatoria que ha hecho la CICIG, surja una convocatoria distinta, pues percibo de la temática de las mesas de trabajo para las cuales se ha convocado, que el diagnóstico de los problemas del sector justicia es incompleto.

Además, considero fue hecha por un interlocutor que no es el adecuado para un esfuerzo integral de reforma al sistema judicial, aspectos que no solo podrían exceder de su Mandato, sino que además podrían vulnerar materias del debido proceso en lo que análisis y discusión de reforma constitucional se refiere.