El viernes pasado fue noticia que el Congreso de la República dictó un punto resolutivo en el cual este órgano solicita la renuncia de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral por considerar que su gestión es reprobable.

En primer lugar hay que decir que la resolución fue acordada, de acuerdo a lo reportado por los medios de comunicación, por diputados de las bancadas del Partido Patriota y del partido Líder.  Hago hincapié en este punto pues podría decirse que los partidos directamente más “afectados” por las resoluciones del TSE son justamente estos dos partidos.

Se reporta que las razones que motivaron la redacción de dicho punto resolutivo son, por una parte, una crítica a su gestión en cuanto a incrementos de salarios y otros gastos y por otra parte porque las sanciones que han impuestos a los partidos son dictadas sin respeto del debido proceso. Eso en síntesis.

Sin duda a más de alguno indignará que dichas acusaciones provengan de un órgano que carece de solidez moral para emitir juicios como estos, especialmente cuando critican el nivel de gasto.  No obstante, lo más preocupante es lo que simboliza a nivel institucional una resolución de este tipo.

Es verdad que los diputados ocupan su cargo con un vínculo directo con su partido político y en ese sentido pueden sentirse afectados por las resoluciones del TSE.  El asunto es que un punto resolutivo es una decisión de un órgano del Estado y no de partido político alguno.

De esta suerte el Congreso reta la institucionalidad del país al entrometerse de manera tan severa pidiendo la renuncia de unos funcionarios que en su ámbito de competencia son de la más alta magistratura.  La resolución es entonces un desafío al tan importante principio de la división horizontal de poderes.

Para colmo el motivo que invocan al decir que el Tribunal Supremo Electoral viola el debido proceso adolece de varios defectos.  En primer lugar que de ser cierto es un asunto de interés directo de los partidos políticos.  En segundo lugar que eso muestra que los partidos políticos deberían reflexionar acerca de la contratación de los servicios legales de un equipo de abogados que impugne las resoluciones que tan violatorias del derecho de defensa ellos consideran han sido dictadas.

Quiero decir que el desafío a la institucionalidad se agrava aún más si recordamos que los funcionarios públicos únicamente pueden hacer aquello que la ley les faculta.  Es verdad que la ley faculta al Congreso de la República para emitir puntos resolutivos pero no lo faculta para invadir la esfera de independencia de los demás órganos del Estado y demás magistraturas.