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Ingobernabilidad deja pérdidas por más de Q4 mil millones

Redacción República
01 de diciembre, 2014

Cuando existe un bloqueo en las carreteras de Guatemala miles de guatemaltecos son afectados. Sin embargo, el Estado no es el que toma la iniciativa de desalojo de obstrucción de vías, “existe una ausencia de presencia de Estado, porque siempre es el sector empresarial el que vela por desentrampar estos atropellos”, dice Javier Zepeda, Director Ejecutivo de la Cámara de la Industria.

En la mayoría de ocasiones, los manifestantes por lo regular son organizaciones campesinas, indígenas y sindicales, que atentan contra la Ley. Las personas que se dedican a bloquear carreteras han cometido varios delitos contemplados en la legislación guatemalteca y violan derechos básicos de ciudadanos como la libre locomoción, la libertad de empresa y comercio, afectan el trabajo, la educación, a la salud y a la vida en casos más extremos, según directivos de la Cámara del Agro (Camagro).

Así mismo, las manifestaciones que bloquean las carreteras del país atentan contra la Ley, se viola la seguridad del tránsito, se realizan reuniones y manifestaciones ilícitas, atentado contra otros medios de transporte público y privado. Además, existe una incitación a delinquir y una apología del delito, todos los anteriores, tipificados en el Código Penal.

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Según registros de la Camagro, en los últimos siete años, que incluye el gobierno de Álvaro Colom y el actual de Otto Pérez Molina, se han registrado 144 días de bloqueos, lo que equivaldría en forma conjunta a más de cuatro meses de estancamiento económico, que suma una pérdida de Q4,850 millones.

Durante el gobierno de Otto Pérez Molina, las protestas suman 53 días de bloqueos, lo que ha significado una pérdida económica de Q1 mil 635 millones. Estos datos se han calculado por las pérdidas significativas en varias áreas económicas del país.

Una es el turismo, ya que según Esther Brol, de la Cámara de Turismo, las empresas mayoristas de turismo ya no incluyen a Guatemala en sus catálogos por el riesgo de que los visitantes no lleguen a su destino a causa de los bloqueos. Otra variable de este cálculo es que los productos no perecederos se pierden al no llegar a sus destinos. Sin faltar la impresión negativa que esto le da a los inversionistas extranjeros y la poca certeza jurídica que demuestra el país por los constantes bloqueos, entre otros.

Este año ha sido el más afectado porque han paralizado carreteras principales durante 27 días de bloqueos, incluso, entre septiembre y noviembre hubo un bloqueo de tres días seguidos. El sector empresarial calcula pérdidas económicas de Q945 millones en el 2014. La manifestación más extensa fue la que se registró del 10 al 13 de noviembre de este año, donde exigían la derogación de leyes presionando al Congreso de la República y el resultado fue que la Ley de Obtención de Vegetales fue cancelada.

El sector empresarial calificó de nefastas las presiones y chantajes y medidas intimidatorias a los diputados. En esa ocasión el vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Jorge Briz, dijo que el Congreso de la República no debe ser expuesto a presiones de ninguna índole porque constituye un desafío a la ingobernabilidad del país y es un auténtico irrespeto al Estado de Derecho. “Si cometen hechos delictivos así sí legislan”, enfatizó.

En el primer año de gobierno del Partido Patriota (PP) hubo 17 días de obstrucción donde la economía del país dejó de percibir Q605 millones, y en el 2013 se registraron menos bloqueos ya que fueron nueve días de obstáculos, sobre todo en la carretera Interamericana; sin embargo, se calculó una pérdida de Q315 millones.

Durante el gobierno de Álvaro Colom los días bloqueados fueron más. Un total de 91 días con pérdidas de Q3 mil 215 millones. El año que más bloquearon fue el 2011, donde se registraron 31 días con pérdidas de Q1 mil 105 millones. De igual manera, en el 2010 fueron 27 bloqueos donde se dejaron de percibir Q945 millones, en 2008 y 2009 fueron 16 y 17 días bloqueados respectivamente, con pérdidas de Q1 mil 165 millones en los dos años.

Según Zepeda, más importante que las pérdidas económicas es la restricción a la población a asistir a sus respectivos empleos, a lo que agregó que es lamentable que los niños pierdan sus estudios, así como la gravedad que existe si alguna persona está en algún bloqueo con necesidad de asistencia médica.

Ahora bien, un análisis de la Cámara del Agro, indica que a partir de 2014 los bloqueos más recientes que se registraron en septiembre y noviembre han retomado las mismas características en número de personas y de intensidad (número de horas y número de puntos bloqueados) que los protagonizados en el Gobierno de Colom. Lo anterior porque se dieron ocasiones que más de 10 puntos estaban bloqueados de forma simultanea en todo el país.

Autoridades no actúan

La última denuncia que el sector empresarial presentó en contra de las presiones por medio de la toma de carreteras fue el pasado viernes 21 de noviembre. El presidente del CACIF, Hermann Girón, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP). La causa fue por los bloqueos  registrados el 12 de noviembre en el kilómetro 51 de la ruta al Atlántico, en Sanarate, donde resultaron heridos al menos cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de la expulsión de los manifestantes que como siempre fue solicitado por un amparo del sector empresarial.

Girón declaró que es lamentable que en los bloqueos se tornen en acciones violentas y delictivas, como la agresión con armas de fuego contra efectivos de las fuerzas policiales, así como la quema de vehículos particulares, sobre todo no permitir la libre locomoción.

Javier Zepeda puntualiza que siempre es el sector empresarial el que toma la iniciativa de desentrampar los bloqueos en lugar de que las autoridades estatales actúen. Hace ver que ante la ausencia de presencia del Estado el sector privado busca no sólo sus intereses sino de todo el país, asegura “que ante la falta del Estado en Guatemala se fomenta la ingobernabilidad social”.

Según Herann Girón, todas la denuncias que se presentan son con la finalidad que el Ministerio Público (MP) investigue a los autores materiales, intelectuales, cómplices y demás sujetos que hayan intervenido de manera directa o indirecta en los hechos delictivos relacionados con manifestaciones en poblados y bloqueos en carreteras. Además, aseguró que el sector empresarial respeta el derecho de manifestación y libertad de expresión, pero agregó que también se debe exigir el respeto del Estado de Derecho.

De la misma forma, Zepeda lamenta que cuando se realizan capturas de forma infraganti “las autoridades sueltan a los sospechosos y nunca se les somete al debido proceso de Ley, nunca ha habido un juicio”, puntualiza. Agrega que mas allá de sólo desentramparlos se busca que se encuentre a los responsables intelectuales y materiales de las agresiones, tal como la ocurrida el 12 de noviembre en contra de los agentes policiales, donde incluso un manifestante murió.

Mientras que del lado de los manifestantes siempre la justificación es que la única forma que los escuchen es afectando a terceros. En declaraciones el líder campesino Daniel Pascual indicó que estas acciones son para buscar compromisos de los diputados del Congreso de la República de que se avance en el análisis y aprobación de iniciativas de ley, y ejemplifica la de Desarrollo Rural Integral. Al ser escuchados de forma inmediata  los campesinos se retiran de los lugares bloqueados, pero con la amenaza de volver a presionar utilizando la misma estrategia.

Ingobernabilidad deja pérdidas por más de Q4 mil millones

Redacción República
01 de diciembre, 2014

Cuando existe un bloqueo en las carreteras de Guatemala miles de guatemaltecos son afectados. Sin embargo, el Estado no es el que toma la iniciativa de desalojo de obstrucción de vías, “existe una ausencia de presencia de Estado, porque siempre es el sector empresarial el que vela por desentrampar estos atropellos”, dice Javier Zepeda, Director Ejecutivo de la Cámara de la Industria.

En la mayoría de ocasiones, los manifestantes por lo regular son organizaciones campesinas, indígenas y sindicales, que atentan contra la Ley. Las personas que se dedican a bloquear carreteras han cometido varios delitos contemplados en la legislación guatemalteca y violan derechos básicos de ciudadanos como la libre locomoción, la libertad de empresa y comercio, afectan el trabajo, la educación, a la salud y a la vida en casos más extremos, según directivos de la Cámara del Agro (Camagro).

Así mismo, las manifestaciones que bloquean las carreteras del país atentan contra la Ley, se viola la seguridad del tránsito, se realizan reuniones y manifestaciones ilícitas, atentado contra otros medios de transporte público y privado. Además, existe una incitación a delinquir y una apología del delito, todos los anteriores, tipificados en el Código Penal.

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Según registros de la Camagro, en los últimos siete años, que incluye el gobierno de Álvaro Colom y el actual de Otto Pérez Molina, se han registrado 144 días de bloqueos, lo que equivaldría en forma conjunta a más de cuatro meses de estancamiento económico, que suma una pérdida de Q4,850 millones.

Durante el gobierno de Otto Pérez Molina, las protestas suman 53 días de bloqueos, lo que ha significado una pérdida económica de Q1 mil 635 millones. Estos datos se han calculado por las pérdidas significativas en varias áreas económicas del país.

Una es el turismo, ya que según Esther Brol, de la Cámara de Turismo, las empresas mayoristas de turismo ya no incluyen a Guatemala en sus catálogos por el riesgo de que los visitantes no lleguen a su destino a causa de los bloqueos. Otra variable de este cálculo es que los productos no perecederos se pierden al no llegar a sus destinos. Sin faltar la impresión negativa que esto le da a los inversionistas extranjeros y la poca certeza jurídica que demuestra el país por los constantes bloqueos, entre otros.

Este año ha sido el más afectado porque han paralizado carreteras principales durante 27 días de bloqueos, incluso, entre septiembre y noviembre hubo un bloqueo de tres días seguidos. El sector empresarial calcula pérdidas económicas de Q945 millones en el 2014. La manifestación más extensa fue la que se registró del 10 al 13 de noviembre de este año, donde exigían la derogación de leyes presionando al Congreso de la República y el resultado fue que la Ley de Obtención de Vegetales fue cancelada.

El sector empresarial calificó de nefastas las presiones y chantajes y medidas intimidatorias a los diputados. En esa ocasión el vicepresidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Jorge Briz, dijo que el Congreso de la República no debe ser expuesto a presiones de ninguna índole porque constituye un desafío a la ingobernabilidad del país y es un auténtico irrespeto al Estado de Derecho. “Si cometen hechos delictivos así sí legislan”, enfatizó.

En el primer año de gobierno del Partido Patriota (PP) hubo 17 días de obstrucción donde la economía del país dejó de percibir Q605 millones, y en el 2013 se registraron menos bloqueos ya que fueron nueve días de obstáculos, sobre todo en la carretera Interamericana; sin embargo, se calculó una pérdida de Q315 millones.

Durante el gobierno de Álvaro Colom los días bloqueados fueron más. Un total de 91 días con pérdidas de Q3 mil 215 millones. El año que más bloquearon fue el 2011, donde se registraron 31 días con pérdidas de Q1 mil 105 millones. De igual manera, en el 2010 fueron 27 bloqueos donde se dejaron de percibir Q945 millones, en 2008 y 2009 fueron 16 y 17 días bloqueados respectivamente, con pérdidas de Q1 mil 165 millones en los dos años.

Según Zepeda, más importante que las pérdidas económicas es la restricción a la población a asistir a sus respectivos empleos, a lo que agregó que es lamentable que los niños pierdan sus estudios, así como la gravedad que existe si alguna persona está en algún bloqueo con necesidad de asistencia médica.

Ahora bien, un análisis de la Cámara del Agro, indica que a partir de 2014 los bloqueos más recientes que se registraron en septiembre y noviembre han retomado las mismas características en número de personas y de intensidad (número de horas y número de puntos bloqueados) que los protagonizados en el Gobierno de Colom. Lo anterior porque se dieron ocasiones que más de 10 puntos estaban bloqueados de forma simultanea en todo el país.

Autoridades no actúan

La última denuncia que el sector empresarial presentó en contra de las presiones por medio de la toma de carreteras fue el pasado viernes 21 de noviembre. El presidente del CACIF, Hermann Girón, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público (MP). La causa fue por los bloqueos  registrados el 12 de noviembre en el kilómetro 51 de la ruta al Atlántico, en Sanarate, donde resultaron heridos al menos cinco agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), luego de la expulsión de los manifestantes que como siempre fue solicitado por un amparo del sector empresarial.

Girón declaró que es lamentable que en los bloqueos se tornen en acciones violentas y delictivas, como la agresión con armas de fuego contra efectivos de las fuerzas policiales, así como la quema de vehículos particulares, sobre todo no permitir la libre locomoción.

Javier Zepeda puntualiza que siempre es el sector empresarial el que toma la iniciativa de desentrampar los bloqueos en lugar de que las autoridades estatales actúen. Hace ver que ante la ausencia de presencia del Estado el sector privado busca no sólo sus intereses sino de todo el país, asegura “que ante la falta del Estado en Guatemala se fomenta la ingobernabilidad social”.

Según Herann Girón, todas la denuncias que se presentan son con la finalidad que el Ministerio Público (MP) investigue a los autores materiales, intelectuales, cómplices y demás sujetos que hayan intervenido de manera directa o indirecta en los hechos delictivos relacionados con manifestaciones en poblados y bloqueos en carreteras. Además, aseguró que el sector empresarial respeta el derecho de manifestación y libertad de expresión, pero agregó que también se debe exigir el respeto del Estado de Derecho.

De la misma forma, Zepeda lamenta que cuando se realizan capturas de forma infraganti “las autoridades sueltan a los sospechosos y nunca se les somete al debido proceso de Ley, nunca ha habido un juicio”, puntualiza. Agrega que mas allá de sólo desentramparlos se busca que se encuentre a los responsables intelectuales y materiales de las agresiones, tal como la ocurrida el 12 de noviembre en contra de los agentes policiales, donde incluso un manifestante murió.

Mientras que del lado de los manifestantes siempre la justificación es que la única forma que los escuchen es afectando a terceros. En declaraciones el líder campesino Daniel Pascual indicó que estas acciones son para buscar compromisos de los diputados del Congreso de la República de que se avance en el análisis y aprobación de iniciativas de ley, y ejemplifica la de Desarrollo Rural Integral. Al ser escuchados de forma inmediata  los campesinos se retiran de los lugares bloqueados, pero con la amenaza de volver a presionar utilizando la misma estrategia.