Durante 24 meses, asistió a todas las sesiones del Congreso, aunque únicamente se le invito a exponer ante el pleno en 16 ocasiones. El resto del tiempo, por mandato constitucional, tenía la obligación de esperar pacientemente y ausentarse de sus labores. Según el artículo 167 de la Constitución, ningún Ministro puede “ausentarse del país, ni excusarse de responder en alguna forma”. Por tanto, durante dos terceras partes de su gestión, la Ministra y todo su equipo hicieron el mejor esfuerzo posible por rendirle cuentas al Congreso y responder a las obligaciones que sus puestos les exigen, ambas tareas al mismo tiempo.
Sin embargo, la interpelación a la Ministra del Águila salió carísima. Según cálculos presentados por el propio Ministerio de Educación, el costo total de tal juicio político fue de Q2,375,289.30. Tal monto sirvió para cubrir: (i) gastos del tiempo de profesionales -en promedio cuatro horas por día del equipo técnico y demás asistentes-, (ii) movilización de personal y (iii) equipo de comunicaciones para poder estar conectados con las unidades centrales y con las direcciones departamentales del ministerio. Este monto no incluye el costo de oportunidad de la Ministra ni la distracción en el pleno de esas 16 sesiones en las que sí expuso. En un país como el nuestro, donde nuestro sistema educativo necesita cambios sistémicos de urgencia, ¿cómo se justifica distraer a funcionarios y derrochar recursos de esta forma?
Sin duda alguna, la figura de la interpelación es un recurso constitucional totalmente válido. La Constitución Política de la República, ley suprema de nuestra nación, le otorga a los diputados la facultad de interpelar con el fundamento de ejercer un control político, jurídico y administrativo sobre el Organismo Ejecutivo. No obstante, la propia Constitución también establece como función fundamental del Congreso, entre otras, la de legislar. Ninguna atribución le impide el cumplimiento de sus demás deberes.
No es secreto que la figura de la interpelación se ha degenerado, llegando a ser un mecanismo para secuestrar arbitrariamente y por tiempo indefinido al Congreso. Este rapto le permite al secuestrador cobrarse vía favores políticos o por otros medios, al abrir ventanas temporales de aprobación. Durante los pasados 24 meses, algunas de las legislaciones dudosas que fueron admitidas son la controversial Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Actualización Tributaria, la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales –luego derogada -, y la recién aprobada iniciativa de proyecto de Presupuesto del Estado para la gestión del 2015.
La figura desvirtuada de la interpelación es nociva a los intereses de los ciudadanos. Su verdadero fin ha sido violado y se ha transformado en un mecanismo perverso y una forma más en que algunos de nuestros diputados “juegan sucio”. Aunque existen recursos como los precedentes 1-2013 y 2-2013 de la Corte de Constitucionalidad para supuestamente evitar su abuso, estos no representan más que una involución en la efectividad de esa fiscalización al introducir arbitrariedades que facilitan su mal uso.
Los diputados cuentan con mecanismos como las Comisiones de Trabajo, la Ley de Acceso a Información Pública, la figura de las citaciones a ministros, entre otras. Si todo está organizado debidamente, la interpelación, presentación de evidencias y demostración de cualquier supuesta anomalía o incompetencia en el manejo de la cartera, se debe de poder demostrar en una sesión. En otros países, la legislación estipula un tiempo definido para las interpelaciones, de manera que la agenda legislativa no sea obstruida. En España se reservan dos horas para la formulación de preguntas, con tiempo límite por cada una. En ningún país se le cede a una bancada o a un diputado el control total de la agenda legislativa como sucede en Guatemala.
Aunque ya ha sido liberada, la Ministra aún no puede cantar victoria. Si bien la interpelación ya finalizó, los diputados aún deben decidir si le darán o no el voto de falta de confianza a la funcionaria. ¿Cuánto más estará paralizado el Congreso con este proceso? El atropello a este valioso recurso no es más que un atentado a todo nuestro sistema legislativo y a la confianza que los guatemaltecos depositamos en las instituciones. Urgen reformas para evitar este abuso y simples cambios a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo podrían ser una salida. ¿Por qué no le hemos dado a este tema la importancia que merece? ¿Quién será el valiente diputado que se anime a impulsar una reforma que resuelva este problema de raíz? El Congreso es para el pueblo y por el pueblo ¡Basta ya de abusos!
@salva_paiz
Durante 24 meses, asistió a todas las sesiones del Congreso, aunque únicamente se le invito a exponer ante el pleno en 16 ocasiones. El resto del tiempo, por mandato constitucional, tenía la obligación de esperar pacientemente y ausentarse de sus labores. Según el artículo 167 de la Constitución, ningún Ministro puede “ausentarse del país, ni excusarse de responder en alguna forma”. Por tanto, durante dos terceras partes de su gestión, la Ministra y todo su equipo hicieron el mejor esfuerzo posible por rendirle cuentas al Congreso y responder a las obligaciones que sus puestos les exigen, ambas tareas al mismo tiempo.
Sin embargo, la interpelación a la Ministra del Águila salió carísima. Según cálculos presentados por el propio Ministerio de Educación, el costo total de tal juicio político fue de Q2,375,289.30. Tal monto sirvió para cubrir: (i) gastos del tiempo de profesionales -en promedio cuatro horas por día del equipo técnico y demás asistentes-, (ii) movilización de personal y (iii) equipo de comunicaciones para poder estar conectados con las unidades centrales y con las direcciones departamentales del ministerio. Este monto no incluye el costo de oportunidad de la Ministra ni la distracción en el pleno de esas 16 sesiones en las que sí expuso. En un país como el nuestro, donde nuestro sistema educativo necesita cambios sistémicos de urgencia, ¿cómo se justifica distraer a funcionarios y derrochar recursos de esta forma?
Sin duda alguna, la figura de la interpelación es un recurso constitucional totalmente válido. La Constitución Política de la República, ley suprema de nuestra nación, le otorga a los diputados la facultad de interpelar con el fundamento de ejercer un control político, jurídico y administrativo sobre el Organismo Ejecutivo. No obstante, la propia Constitución también establece como función fundamental del Congreso, entre otras, la de legislar. Ninguna atribución le impide el cumplimiento de sus demás deberes.
No es secreto que la figura de la interpelación se ha degenerado, llegando a ser un mecanismo para secuestrar arbitrariamente y por tiempo indefinido al Congreso. Este rapto le permite al secuestrador cobrarse vía favores políticos o por otros medios, al abrir ventanas temporales de aprobación. Durante los pasados 24 meses, algunas de las legislaciones dudosas que fueron admitidas son la controversial Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Actualización Tributaria, la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales –luego derogada -, y la recién aprobada iniciativa de proyecto de Presupuesto del Estado para la gestión del 2015.
La figura desvirtuada de la interpelación es nociva a los intereses de los ciudadanos. Su verdadero fin ha sido violado y se ha transformado en un mecanismo perverso y una forma más en que algunos de nuestros diputados “juegan sucio”. Aunque existen recursos como los precedentes 1-2013 y 2-2013 de la Corte de Constitucionalidad para supuestamente evitar su abuso, estos no representan más que una involución en la efectividad de esa fiscalización al introducir arbitrariedades que facilitan su mal uso.
Los diputados cuentan con mecanismos como las Comisiones de Trabajo, la Ley de Acceso a Información Pública, la figura de las citaciones a ministros, entre otras. Si todo está organizado debidamente, la interpelación, presentación de evidencias y demostración de cualquier supuesta anomalía o incompetencia en el manejo de la cartera, se debe de poder demostrar en una sesión. En otros países, la legislación estipula un tiempo definido para las interpelaciones, de manera que la agenda legislativa no sea obstruida. En España se reservan dos horas para la formulación de preguntas, con tiempo límite por cada una. En ningún país se le cede a una bancada o a un diputado el control total de la agenda legislativa como sucede en Guatemala.
Aunque ya ha sido liberada, la Ministra aún no puede cantar victoria. Si bien la interpelación ya finalizó, los diputados aún deben decidir si le darán o no el voto de falta de confianza a la funcionaria. ¿Cuánto más estará paralizado el Congreso con este proceso? El atropello a este valioso recurso no es más que un atentado a todo nuestro sistema legislativo y a la confianza que los guatemaltecos depositamos en las instituciones. Urgen reformas para evitar este abuso y simples cambios a la Ley Orgánica del Organismo Legislativo podrían ser una salida. ¿Por qué no le hemos dado a este tema la importancia que merece? ¿Quién será el valiente diputado que se anime a impulsar una reforma que resuelva este problema de raíz? El Congreso es para el pueblo y por el pueblo ¡Basta ya de abusos!
@salva_paiz