Según el investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), Jorge Benavides, un pacto colectivo es una negociación que se lleva a cabo entre un sindicato de trabajadores legalmente establecido y la entidad o empresa para la que trabajan. Allí se establecen responsabilidades y condiciones, generalmente salariales y de prestaciones, con las que se realizará la actividad laboral.
Tienen una vigencia establecida pero se puede, y en la práctica así se hace, volver a negociar, lo cual es aprovechado para incrementar los beneficios. Benavides explica que no se puede renunciar a los que ya estaban establecidos. Con esto se benefician todos los trabajadores sin importar si están sindicalizados o no, incluso, dice el investigador, que pueden estar afiliados a otros sindicatos. “En el caso de salud hay 68 agrupaciones sindicales, pero todos se ven beneficiados por un solo pacto colectivo”, señala.
Los empleados del Estado se rigen por medio de la Ley de Servicio Civil (LSC), que regula las relaciones entre la administración pública y sus trabajadores. No obstante, abre un espacio para que a través del establecimiento de pactos colectivos se supere lo normado dentro de la LSC, sin que en la práctica existan criterios mínimos o límites para establecer hasta donde pueden llegar los compromisos adquiridos por alguna institución. En la actualidad hay 14 de estos pactos en el Estado.
Bomba de tiempo
Según analistas del Centro de Investigaciones Económica Nacionales (CIEN), en 3 años habría una crisis financiera al no poder cumplirse con los compromisos otorgados en dichos pactos, y en 4 colapsaría el Estado.
“No contar con un adecuado sistema de gestión del recurso humano da lugar a práctica de clientelismo, corrupción o bien imponer un peso excesivo en el uso de recursos del Gobierno, a cambio de los cuales no se obtienen ningún resultado específico para el ciudadano guatemalteco”, refiere David Casasola, analista del CIEN.
Un análisis realizado revela que existen tres principales amenazas ante la suscripción de pactos colectivos sin límites. Una es la mala gestión del recurso humano, otra es un futuro desequilibrio financiero y la última la ausencia de términos para otorgar privilegios.
Estos pactos establecen una serie de beneficios salariales y no salariales para los trabajadores de forma automática, sin comprometerles a un mejor desempeño y sin estar enmarcados en la LSC. “Al no tomar en cuenta esta ley, se cae en prácticas de arrebato de los recursos públicos y en la implantación de privilegios desmedidos a favor de determinados grupos y sindicatos”, afirma Quezada. Esto, añade, incluso contradice la Constitución de la República pues allí se garantiza igualdad de salario para igual trabajo, prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad.
El caso de los salubristas, descansan 45 días al año
Estos compromisos han sido incluso firmados bajo presión, como los de Salud y Educación, y han provocado ampliaciones de hasta Q1,500 millones en el presupuesto. A cambio de esto, se recibe apoyo de los sindicatos para ciertos temas que le interesa al Estado impulsar. Un ejemplo es que para el próximo martes el Frente Nacional de Lucha (FNL) ya anunció una marcha en apoyo a que los nuevos impuestos incluidos en el Presupuesto de la Nación para el 2015 se implementen.
“Muchas veces los patronos, en este caso la cartera de Salud, negocian cosas fuera del pacto colectivo como apoyo político, así como el incluir dentro de la planilla a su gente”, opina Benavides. Esto también implica un caudal político para quienes están en el poder, por lo que no les conviene disminuir la cantidad de trabajadores involucrados sino aumentarla. Esto contribuye a que se incremente la conflictividad social.
Es común que los acuerdos establecidos en las negociaciones colectivas limiten a las autoridades la capacidad de decisión en procesos de ingreso, ascenso y traslado de empleados públicos. Por ejemplo, en el Artículo 28 del Pacto Colectivo vigente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPA) se establece la creación de una comisión bilateral conformada por dos miembros del sindicato y dos miembros del Ministerio, para discutir e implementar procesos de ingreso, ascenso, traslado y permuta a la institución.
Dicho pacto colectivo del MSPAS rige desde el 10 de septiembre de 2013 y tiene una vigencia de dos años; sin embargo, en uno de sus artículos se establece que las partes de común acuerdo podrán, cuando haya causa justificada, renegociar parcial o totalmente el pacto antes del vencimiento de su vigencia.
En el artículo 20 se otorga licencia para ejercer la actividad sindical con goce de salario a nueve miembros del SNTSG, cuatro miembros de cada filial, tres de la sub filial y dos de la sesión de las directivas que funcionen en los centros de trabajo en la capital y en el interior del país, y a 3 miembros del Consejo Consultivo Nacional.
También se permite conceder licencia con goce de salario a los miembros de las comisiones específicas cuando es necesario, así como a los afiliados del SNTSG, para asistir a asambleas nacionales, de filiales, sub filiales y secciones, ordinarias o extraordinarias.
Otro cambio entre el pacto anterior y el actual son los días de asueto. Además de los establecidos por ley, se otorgan el día del padre, día de la madre, aniversario del SNTSG, día del salubrista, días de cumpleaños, pasándolos al siguiente día hábil cuando caen en fin de semana o en otro asueto. Además, se otorgan 30 días hábiles de vacacione anuales a todos los trabajadores por el riesgo profesional que corren.
De esa cuenta, en lugar de tener los 12 asuetos de ley y 20 días de vacaciones, que suman 32 días en total, los trabajadores del MSPAS tienen tres asuetos adicionales y 10 días de vacaciones extra, por lo que en total descansan 45 días al año, un 41% más de lo que establece la Ley de Servicio Civil. Estos apenas son unos ejemplos.
Un pacto caro por la cantidad de empleados
Aunque se eliminó la jubilación temprana que se incluía anteriormente, se hizo un convenio económico que tiene implicaciones económicas importantes. La incorporación de los bonos al salario base es nuevo respecto al pacto anterior. “De esa cuenta, se ha calculado que hay casos en que una persona que tiene un sueldo base de Q2,300 puede llegar a ganar hasta Q20 mil con todos los bonos”, explica Benavides.
Dentro de los nuevos se mencionan los siguientes bonos: Por reestructuración administrativa, bonificación específica de salud pública, uno mensual del 20% sobre sueldo base, uno de 10% mensual, del 25% sobre salario inicial. Además, se tienen otros como el bono de antigüedad real, el profesional, por antigüedad y la bonificación 66-2000.
En cuanto al bono por antigüedad real, se incrementan los porcentajes y se acortan los plazos, otorgando un aumento anual luego del primer año. Por ejemplo, con cuatro años de antigüedad antes era de 4% ahora es del 5%, con 8 años eran de 8% ahora es el 20%, con 12 años de antigüedad antes era de 12% ahora 40%; con 15 años antes era de 20% ahora es de 60%, con 20 años antes era de 25% ahora es de 80%, y con 30 años o más antes era de 35% y ahora 100%.
Otros pagos normados desde antes son el incentivo salarial de Q700 y un incentivo económico por un “trabajo decente” que se negocia cada año, además, tienen una compensación económica de un sueldo por cada año de trabajo para quienes se acojan al régimen de clases pasivas, gozando de una carrera administrativa escalafonaria.
En el nuevo pacto se incluyen además el aumento del bono vacacional a Q400, el bono navideño a Q300, así como entrega de insumos, útiles y uniformes.
“Este es uno de los peores pactos, comparado solamente con el del Ministerio de Economía, donde se pueden hasta heredar los puestos. Sin embargo, el de Salud es de los más caros por la cantidad de empleados”, señala Benavides.
Se necesitan cambios
Para mejorar la eficiencia del sector público, el CIEN propone incorporar criterios de desempeño en el otorgamiento de beneficios para que la administración pública avance hacia un sistema que recompense el mérito y la generación de resultados. Además, mantener las finanzas públicas sanas acatando la Ley de Salarios de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Presupuesto durante la negociación de pactos colectivos.
También proponen establecer límites a los beneficios otorgados, respetando los establecidos por la Ley de Servicio Civil, la Ley de Salarios y la Ley Orgánica del Presupuesto.
Benavides opina que la situación ya es insostenible, pero refiere que hay una figura dentro del Ministerio de Trabajo que puede invalidar un pacto colectivo, tomando en cuenta que no hay capacidad de pago de parte del Estado. “Pero como no les conviene a sus intereses no se hace. También existe la figura de la evaluación de los trabajadores que está a cargo de la Oficina Nacional de Servicio Civil, pero que tampoco se hace”, se lamenta. Si esto se hiciera podría exigírsele al empleado que mejorara su trabajo y servicio.
En la actualidad lo único que se hace si no se está inconforme con un trabajador es trasladarlo dejando su plaza vacía, la cual es ocupada por un trabajador nuevo. Esto hace que la burocracia siga creciendo.
Para los analistas el problema no es la sindicalización ni la exigencia de mejoras laborales, sino que las negociaciones de los pactos no obedecen a un marco regulatorio que aplique igual a todos. Cada quien negocia como puede y algunos sacan más beneficios y otros menos.
Según el investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), Jorge Benavides, un pacto colectivo es una negociación que se lleva a cabo entre un sindicato de trabajadores legalmente establecido y la entidad o empresa para la que trabajan. Allí se establecen responsabilidades y condiciones, generalmente salariales y de prestaciones, con las que se realizará la actividad laboral.
Tienen una vigencia establecida pero se puede, y en la práctica así se hace, volver a negociar, lo cual es aprovechado para incrementar los beneficios. Benavides explica que no se puede renunciar a los que ya estaban establecidos. Con esto se benefician todos los trabajadores sin importar si están sindicalizados o no, incluso, dice el investigador, que pueden estar afiliados a otros sindicatos. “En el caso de salud hay 68 agrupaciones sindicales, pero todos se ven beneficiados por un solo pacto colectivo”, señala.
Los empleados del Estado se rigen por medio de la Ley de Servicio Civil (LSC), que regula las relaciones entre la administración pública y sus trabajadores. No obstante, abre un espacio para que a través del establecimiento de pactos colectivos se supere lo normado dentro de la LSC, sin que en la práctica existan criterios mínimos o límites para establecer hasta donde pueden llegar los compromisos adquiridos por alguna institución. En la actualidad hay 14 de estos pactos en el Estado.
Bomba de tiempo
Según analistas del Centro de Investigaciones Económica Nacionales (CIEN), en 3 años habría una crisis financiera al no poder cumplirse con los compromisos otorgados en dichos pactos, y en 4 colapsaría el Estado.
“No contar con un adecuado sistema de gestión del recurso humano da lugar a práctica de clientelismo, corrupción o bien imponer un peso excesivo en el uso de recursos del Gobierno, a cambio de los cuales no se obtienen ningún resultado específico para el ciudadano guatemalteco”, refiere David Casasola, analista del CIEN.
Un análisis realizado revela que existen tres principales amenazas ante la suscripción de pactos colectivos sin límites. Una es la mala gestión del recurso humano, otra es un futuro desequilibrio financiero y la última la ausencia de términos para otorgar privilegios.
Estos pactos establecen una serie de beneficios salariales y no salariales para los trabajadores de forma automática, sin comprometerles a un mejor desempeño y sin estar enmarcados en la LSC. “Al no tomar en cuenta esta ley, se cae en prácticas de arrebato de los recursos públicos y en la implantación de privilegios desmedidos a favor de determinados grupos y sindicatos”, afirma Quezada. Esto, añade, incluso contradice la Constitución de la República pues allí se garantiza igualdad de salario para igual trabajo, prestado en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad.
El caso de los salubristas, descansan 45 días al año
Estos compromisos han sido incluso firmados bajo presión, como los de Salud y Educación, y han provocado ampliaciones de hasta Q1,500 millones en el presupuesto. A cambio de esto, se recibe apoyo de los sindicatos para ciertos temas que le interesa al Estado impulsar. Un ejemplo es que para el próximo martes el Frente Nacional de Lucha (FNL) ya anunció una marcha en apoyo a que los nuevos impuestos incluidos en el Presupuesto de la Nación para el 2015 se implementen.
“Muchas veces los patronos, en este caso la cartera de Salud, negocian cosas fuera del pacto colectivo como apoyo político, así como el incluir dentro de la planilla a su gente”, opina Benavides. Esto también implica un caudal político para quienes están en el poder, por lo que no les conviene disminuir la cantidad de trabajadores involucrados sino aumentarla. Esto contribuye a que se incremente la conflictividad social.
Es común que los acuerdos establecidos en las negociaciones colectivas limiten a las autoridades la capacidad de decisión en procesos de ingreso, ascenso y traslado de empleados públicos. Por ejemplo, en el Artículo 28 del Pacto Colectivo vigente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPA) se establece la creación de una comisión bilateral conformada por dos miembros del sindicato y dos miembros del Ministerio, para discutir e implementar procesos de ingreso, ascenso, traslado y permuta a la institución.
Dicho pacto colectivo del MSPAS rige desde el 10 de septiembre de 2013 y tiene una vigencia de dos años; sin embargo, en uno de sus artículos se establece que las partes de común acuerdo podrán, cuando haya causa justificada, renegociar parcial o totalmente el pacto antes del vencimiento de su vigencia.
En el artículo 20 se otorga licencia para ejercer la actividad sindical con goce de salario a nueve miembros del SNTSG, cuatro miembros de cada filial, tres de la sub filial y dos de la sesión de las directivas que funcionen en los centros de trabajo en la capital y en el interior del país, y a 3 miembros del Consejo Consultivo Nacional.
También se permite conceder licencia con goce de salario a los miembros de las comisiones específicas cuando es necesario, así como a los afiliados del SNTSG, para asistir a asambleas nacionales, de filiales, sub filiales y secciones, ordinarias o extraordinarias.
Otro cambio entre el pacto anterior y el actual son los días de asueto. Además de los establecidos por ley, se otorgan el día del padre, día de la madre, aniversario del SNTSG, día del salubrista, días de cumpleaños, pasándolos al siguiente día hábil cuando caen en fin de semana o en otro asueto. Además, se otorgan 30 días hábiles de vacacione anuales a todos los trabajadores por el riesgo profesional que corren.
De esa cuenta, en lugar de tener los 12 asuetos de ley y 20 días de vacaciones, que suman 32 días en total, los trabajadores del MSPAS tienen tres asuetos adicionales y 10 días de vacaciones extra, por lo que en total descansan 45 días al año, un 41% más de lo que establece la Ley de Servicio Civil. Estos apenas son unos ejemplos.
Un pacto caro por la cantidad de empleados
Aunque se eliminó la jubilación temprana que se incluía anteriormente, se hizo un convenio económico que tiene implicaciones económicas importantes. La incorporación de los bonos al salario base es nuevo respecto al pacto anterior. “De esa cuenta, se ha calculado que hay casos en que una persona que tiene un sueldo base de Q2,300 puede llegar a ganar hasta Q20 mil con todos los bonos”, explica Benavides.
Dentro de los nuevos se mencionan los siguientes bonos: Por reestructuración administrativa, bonificación específica de salud pública, uno mensual del 20% sobre sueldo base, uno de 10% mensual, del 25% sobre salario inicial. Además, se tienen otros como el bono de antigüedad real, el profesional, por antigüedad y la bonificación 66-2000.
En cuanto al bono por antigüedad real, se incrementan los porcentajes y se acortan los plazos, otorgando un aumento anual luego del primer año. Por ejemplo, con cuatro años de antigüedad antes era de 4% ahora es del 5%, con 8 años eran de 8% ahora es el 20%, con 12 años de antigüedad antes era de 12% ahora 40%; con 15 años antes era de 20% ahora es de 60%, con 20 años antes era de 25% ahora es de 80%, y con 30 años o más antes era de 35% y ahora 100%.
Otros pagos normados desde antes son el incentivo salarial de Q700 y un incentivo económico por un “trabajo decente” que se negocia cada año, además, tienen una compensación económica de un sueldo por cada año de trabajo para quienes se acojan al régimen de clases pasivas, gozando de una carrera administrativa escalafonaria.
En el nuevo pacto se incluyen además el aumento del bono vacacional a Q400, el bono navideño a Q300, así como entrega de insumos, útiles y uniformes.
“Este es uno de los peores pactos, comparado solamente con el del Ministerio de Economía, donde se pueden hasta heredar los puestos. Sin embargo, el de Salud es de los más caros por la cantidad de empleados”, señala Benavides.
Se necesitan cambios
Para mejorar la eficiencia del sector público, el CIEN propone incorporar criterios de desempeño en el otorgamiento de beneficios para que la administración pública avance hacia un sistema que recompense el mérito y la generación de resultados. Además, mantener las finanzas públicas sanas acatando la Ley de Salarios de la Administración Pública y la Ley Orgánica del Presupuesto durante la negociación de pactos colectivos.
También proponen establecer límites a los beneficios otorgados, respetando los establecidos por la Ley de Servicio Civil, la Ley de Salarios y la Ley Orgánica del Presupuesto.
Benavides opina que la situación ya es insostenible, pero refiere que hay una figura dentro del Ministerio de Trabajo que puede invalidar un pacto colectivo, tomando en cuenta que no hay capacidad de pago de parte del Estado. “Pero como no les conviene a sus intereses no se hace. También existe la figura de la evaluación de los trabajadores que está a cargo de la Oficina Nacional de Servicio Civil, pero que tampoco se hace”, se lamenta. Si esto se hiciera podría exigírsele al empleado que mejorara su trabajo y servicio.
En la actualidad lo único que se hace si no se está inconforme con un trabajador es trasladarlo dejando su plaza vacía, la cual es ocupada por un trabajador nuevo. Esto hace que la burocracia siga creciendo.
Para los analistas el problema no es la sindicalización ni la exigencia de mejoras laborales, sino que las negociaciones de los pactos no obedecen a un marco regulatorio que aplique igual a todos. Cada quien negocia como puede y algunos sacan más beneficios y otros menos.