Los acontecimientos violentos sucedidos el 21 de enero pasado en contra de instalaciones y comunitarios que apoyan el proyecto Hidroeléctrico en el municipio de San Pablo en el departamento de San Marcos “son una bomba de tiempo”, dice Héctor Herrera, gerente de Relaciones Comunitarias de la empresa Hidrosalá.
Lo anterior porque un grupo de personas con pasamontañas y armas de grueso calibre, como AK47, ingresaron a propiedad privada y destruyeron maquinaria destinada para la construcción de una escuela y un camino comunal, que son parte del convenio del programa de responsabilidad social de la empresa. Además, quemaron viviendas de pobladores que apoyan el desarrollo de sus comunidades y varios fueron agredidos y heridos con arma de fuego y arma blanca.
Desde hace cuatro años personeros de la empresa Hidrosalá realizan un programa de información sobre el proyecto a las comunidades aledañas. Según Herrera, la ley establece realizar sensibilización con 16 comunidades; sin embargo, la realizan en 36 de ellas. El directivo explica que es una minoría la que se opone al proyecto y tiene intimidadas a las familias que apoyan violando sus derechos humanos.
Relata que los colocan en carceletas clandestinas, los hacen trabajar forzosamente, los privan de servicios básicos, los amenazan con linchamientos. A los padres de familia que apoyan la hidroeléctrica no estaban permitiendo que sus hijos acudieran a la escuela violando el derecho a su educación, dice. Hay que agregar el tema de intimidaciones, amenazas y coacción porque, según el directivo, hay familias que han sido evacuadas de la zona, no pueden regresar a sus hogares y hay familias partidas que no se pueden reencontrar porque corre peligro su vida.“ Esta es una señal de ingobernabilidad parecida al lamentable evento de Los Pajoques en San Juan Sacatepéquez”, puntualiza Herrera.
Por lo sucedido han solicitado la presencia del Estado en el municipio de San Pablo para prevenir más incidentes, tomando en cuenta que el municipio tiene un potencial hídrico en la zona fronteriza de San Marcos. Además, se han presentado 28 denuncias al Ministerio Público (MP) con casos bien documentados, y un juez competente ha girado 14 órdenes de captura que no se han hecho efectivas y los sindicados se encuentra prófugos de la justicia.
Para conocer las medidas que podría implementar el Ministerio de Gobernación, ya que según personeros de Hidrosalá están enterados de los acontecimientos en el municipio de San Pablo, Republica.gt llamó al viceministro de Seguridad, Eddy Juárez; sin embargo, no se logró la comunicación.
Héctor Herrera, gerente de Relaciones Comunitarias de Hidrosalá
¿En qué fase se encuentra la hidroeléctrica?
Llevamos cuatro años de trabajo de información, sensibilización a las comunidades e inversión social. La maquinaria que entró a la finca Argentina en los lamentables incidentes del 21 de enero iban destinados a eso. Esperamos empezar a construir este año, es un proyecto pequeño con capacidad de producir 15 megavatios en el río Salá. Estamos cumpliendo con todos los requisitos de ley.
¿Pese a tener un proceso de diálogo se dieron los incidentes?
Sí. Hemos logrado acuerdos con la mayoría de las comunidades de influencia del proyecto, iniciamos un proceso de diálogo que duró casi nueve meses en el 2014 en el que participamos Gobierno, instituciones públicas, la empresa y algunas comunidades. No se señaló en ningún momento algún impedimento de por qué Hidrosalá debía haber parado. Los comunitarios que se oponían no hicieron señalamientos ni técnicos, ni sociales, ni ambientales, por el contrario se manifestó que la mayoría de comunidades estaban a favor.
El 21 de enero algunos líderes sabotearon un puente de acceso a la comunidad de la parte alta de San Pablo y el día 22 algunos vecinos radicales, que son minoría, fueron al municipio de Tajumulco,que no tiene nada que ver con la Hidroeléctrica, a pedir ayuda. Bajaron con pasamontañas, fusiles de grueso calibre AK47 que fueron identificadas. Un episodio que calificamos de terrorismo porque aterrorizó a las familias de los líderes comunitarios que sí apoyan el proyecto. Quieren imponer con la violencia un problema que se ha tratado en una mesa de diálogo.
Tajumulco es un municipio señalado de incursión del narcotráfico, ¿cree que hay algún tipo de influencia del crimen organizado en este tipo de actividades delictivas contra la hidroeléctrica?
Es correcto, es una zona donde hay intervención del crimen organizado. Lo sucedido es una estrategia de ataque en contra de los inmuebles y personas y no fue “una resistencia comunitaria” porque fue violenta. La forma normal de manifestar su inconformidad es con la obstaculización del ingreso, la huelga, machetes es lo máximo. Creo que durante todo este proceso se afectará el interés de alguno de estos grupos. El hecho de que la maquinaria haya sido acompañada por policías ven riesgo por la intervención de la fuerza pública en el área, porque la PNC lleva casi cinco años de no llegar a la parte alta de San Pablo. Es una secuencia de eventos que nos hace pensar que hay situaciones complejas en el fondo y la hidroeléctrica obstaculiza algunas prácticas.
Hay comunidades de exinsurgentes que son la minoría, pero son violentas, y también intereses políticos en el municipio de San Pablo quieren llegar a la municipalidad y utilizan a la hidro como un escudo para convertir una plataforma política.
¿Por qué utilizar a la hidroeléctrica como una plataforma política?
Una de las principales agrupaciones opositoras de la hidroeléctrica es FRENA, una asociación civil que es parte de la URNG, su líder es Raúl Maldonado, ha sido candidato a alcalde en tres ocasiones y no ha logrado llegar al poder. Decimos que es una expresión política de alguna manera porque dentro de su plataforma de gobierno local estaba la oposición a la Hidroeléctrica , luego variaron y propusieron hacer una hidroeléctrica comunitaria y eso es lo que usan. Uno de los puntos para oponerse era la renuncia del alcalde, usan a la hidroeléctrica como una forma de oponerse, así como usan a Energuate con el tema de robo de energía. Es una forma de manipular a la gente.
¿En San Pablo hay ingobernabilidad?
Sí, y la evidencia más clara es que la PNC no puede entrar a un área donde viven más de 20 mil personas y hay intereses de fondo que hace que el Estado no esté presente. San Pablo es un municipio estratégico, es puente entre la parte alta de San Marcos y la costa, ya sabemos qué se produce en la parte alta donde está el crimen organizado, plantaciones de mariguana y amapola, de tal manera que San Pablo es un corredor donde incluso los medios de comunicación han reportado narcolaboratorios en toda la costa. Es un municipio ingobernable, donde el Estado no tiene control territorial y se ha permitido que estos grupos se beneficien de la ausencia del Estado.
¿Considera que si las autoridades no actúan puede suceder en San Pablo algo similar como lo que ocurrió en los Pajoques en San Juan Sacatepéquez?
Totalmente correcto, es latente, los líderes comunitarios favorables a la empresa han sido amenazados que van a ser linchados y van a quemar sus casas, que serán expulsados de sus comunidades. Las dinámicas son bien parecidas a lo que pasó en Los Pajoques. Todos los incidentes han sido informados al Ministerio de Gobernación, incluso con 24 horas de antelación desde que supimos que iban a ir a pedir apoyo a Tajumulco, pero lamentablemente las acciones son siempre posterior a los hechos violentos. Los líderes comunitarios de San Pablo están desprotegidos.
¿Han presentado denuncias al Ministerio Público?
Sí, desde el 2008, hay 28 casos presentados y bien documentados, pero no hay resultados. Desde el 17 de noviembre del año pasado se giraron 14 órdenes de captura firmadas por el Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Juan José Barrientos Prillwitz, por los delitos deplagio o secuestro, instigación a delinquir, coacción en grado de cómplice y encubrimiento propio.
Las personas que se encuentran prófugas de la justicia y todos con residencia en el municipio de San Pablo, son: Sebastían Quino Salazar, Edgar Mariano Rodríguez Chilel, Lorenzo Ramírez Rodríguez, Fausto Sánchez Roblero, José Raúl Maldonado Pérez, Roberto Rocael López Gramajo, Duarde Fridolino Licardie, Irineo Plutarco Clemente Pérez, Héctor Abraham López Pérez, Alfonso Chilel Hernández, Gerardo Ventura Chávez, Efraín Mauricio López Chilel, Walfred Orlando López Archila, José Raúl Maldonado Pérez.
Los acontecimientos violentos sucedidos el 21 de enero pasado en contra de instalaciones y comunitarios que apoyan el proyecto Hidroeléctrico en el municipio de San Pablo en el departamento de San Marcos “son una bomba de tiempo”, dice Héctor Herrera, gerente de Relaciones Comunitarias de la empresa Hidrosalá.
Lo anterior porque un grupo de personas con pasamontañas y armas de grueso calibre, como AK47, ingresaron a propiedad privada y destruyeron maquinaria destinada para la construcción de una escuela y un camino comunal, que son parte del convenio del programa de responsabilidad social de la empresa. Además, quemaron viviendas de pobladores que apoyan el desarrollo de sus comunidades y varios fueron agredidos y heridos con arma de fuego y arma blanca.
Desde hace cuatro años personeros de la empresa Hidrosalá realizan un programa de información sobre el proyecto a las comunidades aledañas. Según Herrera, la ley establece realizar sensibilización con 16 comunidades; sin embargo, la realizan en 36 de ellas. El directivo explica que es una minoría la que se opone al proyecto y tiene intimidadas a las familias que apoyan violando sus derechos humanos.
Relata que los colocan en carceletas clandestinas, los hacen trabajar forzosamente, los privan de servicios básicos, los amenazan con linchamientos. A los padres de familia que apoyan la hidroeléctrica no estaban permitiendo que sus hijos acudieran a la escuela violando el derecho a su educación, dice. Hay que agregar el tema de intimidaciones, amenazas y coacción porque, según el directivo, hay familias que han sido evacuadas de la zona, no pueden regresar a sus hogares y hay familias partidas que no se pueden reencontrar porque corre peligro su vida.“ Esta es una señal de ingobernabilidad parecida al lamentable evento de Los Pajoques en San Juan Sacatepéquez”, puntualiza Herrera.
Por lo sucedido han solicitado la presencia del Estado en el municipio de San Pablo para prevenir más incidentes, tomando en cuenta que el municipio tiene un potencial hídrico en la zona fronteriza de San Marcos. Además, se han presentado 28 denuncias al Ministerio Público (MP) con casos bien documentados, y un juez competente ha girado 14 órdenes de captura que no se han hecho efectivas y los sindicados se encuentra prófugos de la justicia.
Para conocer las medidas que podría implementar el Ministerio de Gobernación, ya que según personeros de Hidrosalá están enterados de los acontecimientos en el municipio de San Pablo, Republica.gt llamó al viceministro de Seguridad, Eddy Juárez; sin embargo, no se logró la comunicación.
Héctor Herrera, gerente de Relaciones Comunitarias de Hidrosalá
¿En qué fase se encuentra la hidroeléctrica?
Llevamos cuatro años de trabajo de información, sensibilización a las comunidades e inversión social. La maquinaria que entró a la finca Argentina en los lamentables incidentes del 21 de enero iban destinados a eso. Esperamos empezar a construir este año, es un proyecto pequeño con capacidad de producir 15 megavatios en el río Salá. Estamos cumpliendo con todos los requisitos de ley.
¿Pese a tener un proceso de diálogo se dieron los incidentes?
Sí. Hemos logrado acuerdos con la mayoría de las comunidades de influencia del proyecto, iniciamos un proceso de diálogo que duró casi nueve meses en el 2014 en el que participamos Gobierno, instituciones públicas, la empresa y algunas comunidades. No se señaló en ningún momento algún impedimento de por qué Hidrosalá debía haber parado. Los comunitarios que se oponían no hicieron señalamientos ni técnicos, ni sociales, ni ambientales, por el contrario se manifestó que la mayoría de comunidades estaban a favor.
El 21 de enero algunos líderes sabotearon un puente de acceso a la comunidad de la parte alta de San Pablo y el día 22 algunos vecinos radicales, que son minoría, fueron al municipio de Tajumulco,que no tiene nada que ver con la Hidroeléctrica, a pedir ayuda. Bajaron con pasamontañas, fusiles de grueso calibre AK47 que fueron identificadas. Un episodio que calificamos de terrorismo porque aterrorizó a las familias de los líderes comunitarios que sí apoyan el proyecto. Quieren imponer con la violencia un problema que se ha tratado en una mesa de diálogo.
Tajumulco es un municipio señalado de incursión del narcotráfico, ¿cree que hay algún tipo de influencia del crimen organizado en este tipo de actividades delictivas contra la hidroeléctrica?
Es correcto, es una zona donde hay intervención del crimen organizado. Lo sucedido es una estrategia de ataque en contra de los inmuebles y personas y no fue “una resistencia comunitaria” porque fue violenta. La forma normal de manifestar su inconformidad es con la obstaculización del ingreso, la huelga, machetes es lo máximo. Creo que durante todo este proceso se afectará el interés de alguno de estos grupos. El hecho de que la maquinaria haya sido acompañada por policías ven riesgo por la intervención de la fuerza pública en el área, porque la PNC lleva casi cinco años de no llegar a la parte alta de San Pablo. Es una secuencia de eventos que nos hace pensar que hay situaciones complejas en el fondo y la hidroeléctrica obstaculiza algunas prácticas.
Hay comunidades de exinsurgentes que son la minoría, pero son violentas, y también intereses políticos en el municipio de San Pablo quieren llegar a la municipalidad y utilizan a la hidro como un escudo para convertir una plataforma política.
¿Por qué utilizar a la hidroeléctrica como una plataforma política?
Una de las principales agrupaciones opositoras de la hidroeléctrica es FRENA, una asociación civil que es parte de la URNG, su líder es Raúl Maldonado, ha sido candidato a alcalde en tres ocasiones y no ha logrado llegar al poder. Decimos que es una expresión política de alguna manera porque dentro de su plataforma de gobierno local estaba la oposición a la Hidroeléctrica , luego variaron y propusieron hacer una hidroeléctrica comunitaria y eso es lo que usan. Uno de los puntos para oponerse era la renuncia del alcalde, usan a la hidroeléctrica como una forma de oponerse, así como usan a Energuate con el tema de robo de energía. Es una forma de manipular a la gente.
¿En San Pablo hay ingobernabilidad?
Sí, y la evidencia más clara es que la PNC no puede entrar a un área donde viven más de 20 mil personas y hay intereses de fondo que hace que el Estado no esté presente. San Pablo es un municipio estratégico, es puente entre la parte alta de San Marcos y la costa, ya sabemos qué se produce en la parte alta donde está el crimen organizado, plantaciones de mariguana y amapola, de tal manera que San Pablo es un corredor donde incluso los medios de comunicación han reportado narcolaboratorios en toda la costa. Es un municipio ingobernable, donde el Estado no tiene control territorial y se ha permitido que estos grupos se beneficien de la ausencia del Estado.
¿Considera que si las autoridades no actúan puede suceder en San Pablo algo similar como lo que ocurrió en los Pajoques en San Juan Sacatepéquez?
Totalmente correcto, es latente, los líderes comunitarios favorables a la empresa han sido amenazados que van a ser linchados y van a quemar sus casas, que serán expulsados de sus comunidades. Las dinámicas son bien parecidas a lo que pasó en Los Pajoques. Todos los incidentes han sido informados al Ministerio de Gobernación, incluso con 24 horas de antelación desde que supimos que iban a ir a pedir apoyo a Tajumulco, pero lamentablemente las acciones son siempre posterior a los hechos violentos. Los líderes comunitarios de San Pablo están desprotegidos.
¿Han presentado denuncias al Ministerio Público?
Sí, desde el 2008, hay 28 casos presentados y bien documentados, pero no hay resultados. Desde el 17 de noviembre del año pasado se giraron 14 órdenes de captura firmadas por el Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Juan José Barrientos Prillwitz, por los delitos deplagio o secuestro, instigación a delinquir, coacción en grado de cómplice y encubrimiento propio.
Las personas que se encuentran prófugas de la justicia y todos con residencia en el municipio de San Pablo, son: Sebastían Quino Salazar, Edgar Mariano Rodríguez Chilel, Lorenzo Ramírez Rodríguez, Fausto Sánchez Roblero, José Raúl Maldonado Pérez, Roberto Rocael López Gramajo, Duarde Fridolino Licardie, Irineo Plutarco Clemente Pérez, Héctor Abraham López Pérez, Alfonso Chilel Hernández, Gerardo Ventura Chávez, Efraín Mauricio López Chilel, Walfred Orlando López Archila, José Raúl Maldonado Pérez.