Para entender el fenómeno de la oposición de proyectos de desarrollo en el área fronteriza de San Marcos se realizó un análisis privado sobre el área. Una parte del documento titulado “Amapoloa, grupos armados ilegales y conflicto en San Pablo” desnuda la situación sobre la Boca Costa marquense y las dinámicas que allí confluyen.
El desorden social, tensión política local, oposición a proyectos de desarrollo, robo de energía y violaciones a los derechos humanos contra pobladores que apoyan los proyectos, así como el narcotráfico y contrabando, es parte del fenómeno de ingobernabilidad de la zona. Según una de las conclusiones del documento, lo anterior es producto de una ausencia institucional y silencio del Estado que, como en otras regiones de nuestro país, “actúa a favor de organizaciones que se benefician de áreas liberadas de la ley y el orden”.
Según la investigación, los incidentes ocurridos en los últimos años en contra de la iniciativa privada y los proyectos de desarrollo en el municipio de San Pablo (especialmente en el sector eléctrico) evidencian la pervivencia de fenómenos. Uno es la existencia de agrupaciones que aún mantienen una lucha ideológica y formas de operación similares al conflicto armado, incluyendo prácticas violatorias a los derechos humanos contra las comunidades que se les resisten. Otro es la similitud de intereses que existe entre estas agrupaciones y organizaciones ilegales, quienes se articulan para desalojar al Estado y su presencia de la zona. Unos motivados por su resistencia ideológica y otros con un gran interés económico por mantener el control geográfico territorial de un corredor comunicante entre el Altiplano (proveedor de materias primas) y la Costa (ingreso de precursores químicos y maquilador de drogas sintéticas).
El profesor universitario y analista en temas de seguridad Miguel Castillo opina que dicho análisis del área describe bien la realidad de la frontera de San Marcos. Está de acuerdo que la oposición a los proyectos de desarrollo es de origen ideológico. Según Castillo, no nace de las propias comunidades, son grupos que estuvieron alzados en armas en el conflicto armado y que impulsan temas de medio ambiente para recibir apoyo internacional, que es una nueva forma de sobreviviencia y negocio al estar en contra del modelo económico de las inversiones que no son del Estado sino privadas.
Según el analista, el Estado tiene que estar presente no solo con fuerza sino debe asumir su rol porque es un intermediario; no es papel de las empresas con proyectos de desarrollo. Incluso, indica que los que ya lo entendieron son los “gringos” impulsando en la zona la fuerza Tecún Uman con los Ministerios de Gobernación y Defensa para combatir la problemática “porque el narco tomó el lugar del Estado”, puntualiza. Según Castillo, gradualmente el Estado desaparece y otros actores toman acciones. Hace ver que de no actuar hoy, mañana el costo será mas alto y el país pierde porque el narcotráfico da trabajo y el contrabando también. Agrega que si el Estado no tiene presencia la ingobernabilidad sigue. “Si no hay un árbitro la violencia seguirá incrementando”, puntualiza.
Contrabando y el triángulo del opio
El contrabando en la zona fronteriza de San Marcos siempre ha sido una actividad “tradicional”, puntualiza la investigación. Las rutas que actualmente permiten la “exportación” de opiáceos y mariguana, y el paso de precursores y cocaína, fueron originalmente rutas del contrabando y más adelante vías de paso de “polleros” y sus clientes emigrantes.
“Es cierto que estamos viviendo de contrabando, pero usted tiene que darse cuenta de que en esta ciudad es parte de la cultura, que es la única fuente de trabajo que se puede obtener en Ayutla”, dice Guadalupe Polanco, de 48 años. Sus últimos 23 años los ha vivido entre México y Guatemala porque es “camarera” en el río Suchiate. Cada día rema para hacer retroceder a las corrientes y mover productos o personas de un país a otro.
En este contexto, San Pablo es punto intermedio entre el Altiplano y la Boca Costa, la cercanía del municipio a la frontera lo convierte en sujeto de las actividades ilícitas. Por tanto, es puente entre tres áreas de suma importancia, comenzando por la siembra de amapola y mariguana (materia prima) en el conocido “triángulo del opio” que involucra los municipios de Tajumulco, Ixchiguán y Sibinal. Se convierte en el corredor de la costa marquense y los narcolaboratorios que procesan la materia prima con precursores químicos, y por último, la exportación de la droga obtenida hacia México para su final introducción a Estados Unidos.
Ante esto, resalta el documento que tampoco parece que el Ejército de Guatemala diera algunas intervenciones puntuales solicitadas por la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA), tampoco se preocupara por los amapoleros. Estos, al principio con discreción, se convierten en un actor más de la zona.
Según el documento, el cambio más significativo en la región es el surgimiento de la producción de anfetaminas en la Costa Sur a partir de 2011. El auge se debe a varios cambios habidos en el mercado de las drogas en los últimos años. De tal manera que las drogas de diseño son la nueva fuente de ganancias.
En Guatemala las primeras informaciones sobre la presencia de laboratorios de Anfetaminas datan de 2011.Estos laboratorios no requieren de muchas instalaciones y los precursores necesarios para su producción. Una vez producidos los productos siguen las rutas normales que anteriormente seguían la mariguana, la amapola, los mojados y otros tipos de contrabandos (carne, azúcar, etc.)
Sin embargo, ante la ausencia y complicidad de la Policía Nacional Civil (PNC) los amapoleros, los contrabandistas y los traficantes de cocaína resultaron más fuertes que nunca. Gente ligada con estas actividades como Cornelio Chilel, Juan Ortiz y Mauro Salomón abandonaron toda discreción y comenzaron a aparecer a la luz pública como actores con poder.
Según la investigación, la convergencia de intereses entre narcotráfico y conflictividad social es un proceso gradual y es resultado de la ausencia del Estado. Los diversos traficantes perciben que su actividad se desarrolla mejor mientras menos presencia estatal se tenga. Y los opositores a las empresas empiezan a ver que los diversos grupos ilegales presentes pueden ser aliados. Además, personas ligadas a estas luchas empiezan a percibir ganancias económicas de estas actividades como las organizaciones FRENA y Codeca, por medio del cobro por las conexiones ilegales de electricidad, puntualiza el documento.
Agrega que esta convergencia de intereses se ve favorecida por un fenómeno al que no se le ha prestado suficiente atención, como la actitud de la población de la región frente a la actividad ilegal. Por otro lado, la presencia de contrabandistas y traficantes implica riesgos, violencia y quedar sujetos a los caprichos de estos actores, puntualiza la investigación. En una región pobre y con pocas fuentes de trabajo estas actividades son mayormente atractivas para los habitantes dado que, en su mayor parte, no requieren de mucha capacitación. Si el contrabandista o traficante tiene la visión de hacerse popular convirtiéndose en los proyectos de la gente y proveyendo los servicios que un Estado débil y lejano, no proporciona sus posibilidades de insertarse en la región. Prácticas en las que Cornelio Chilel y Juan Ortiz, alias “Chamalé”, fueron muy efectivos, revela el análisis.
Para entender el fenómeno de la oposición de proyectos de desarrollo en el área fronteriza de San Marcos se realizó un análisis privado sobre el área. Una parte del documento titulado “Amapoloa, grupos armados ilegales y conflicto en San Pablo” desnuda la situación sobre la Boca Costa marquense y las dinámicas que allí confluyen.
El desorden social, tensión política local, oposición a proyectos de desarrollo, robo de energía y violaciones a los derechos humanos contra pobladores que apoyan los proyectos, así como el narcotráfico y contrabando, es parte del fenómeno de ingobernabilidad de la zona. Según una de las conclusiones del documento, lo anterior es producto de una ausencia institucional y silencio del Estado que, como en otras regiones de nuestro país, “actúa a favor de organizaciones que se benefician de áreas liberadas de la ley y el orden”.
Según la investigación, los incidentes ocurridos en los últimos años en contra de la iniciativa privada y los proyectos de desarrollo en el municipio de San Pablo (especialmente en el sector eléctrico) evidencian la pervivencia de fenómenos. Uno es la existencia de agrupaciones que aún mantienen una lucha ideológica y formas de operación similares al conflicto armado, incluyendo prácticas violatorias a los derechos humanos contra las comunidades que se les resisten. Otro es la similitud de intereses que existe entre estas agrupaciones y organizaciones ilegales, quienes se articulan para desalojar al Estado y su presencia de la zona. Unos motivados por su resistencia ideológica y otros con un gran interés económico por mantener el control geográfico territorial de un corredor comunicante entre el Altiplano (proveedor de materias primas) y la Costa (ingreso de precursores químicos y maquilador de drogas sintéticas).
El profesor universitario y analista en temas de seguridad Miguel Castillo opina que dicho análisis del área describe bien la realidad de la frontera de San Marcos. Está de acuerdo que la oposición a los proyectos de desarrollo es de origen ideológico. Según Castillo, no nace de las propias comunidades, son grupos que estuvieron alzados en armas en el conflicto armado y que impulsan temas de medio ambiente para recibir apoyo internacional, que es una nueva forma de sobreviviencia y negocio al estar en contra del modelo económico de las inversiones que no son del Estado sino privadas.
Según el analista, el Estado tiene que estar presente no solo con fuerza sino debe asumir su rol porque es un intermediario; no es papel de las empresas con proyectos de desarrollo. Incluso, indica que los que ya lo entendieron son los “gringos” impulsando en la zona la fuerza Tecún Uman con los Ministerios de Gobernación y Defensa para combatir la problemática “porque el narco tomó el lugar del Estado”, puntualiza. Según Castillo, gradualmente el Estado desaparece y otros actores toman acciones. Hace ver que de no actuar hoy, mañana el costo será mas alto y el país pierde porque el narcotráfico da trabajo y el contrabando también. Agrega que si el Estado no tiene presencia la ingobernabilidad sigue. “Si no hay un árbitro la violencia seguirá incrementando”, puntualiza.
Contrabando y el triángulo del opio
El contrabando en la zona fronteriza de San Marcos siempre ha sido una actividad “tradicional”, puntualiza la investigación. Las rutas que actualmente permiten la “exportación” de opiáceos y mariguana, y el paso de precursores y cocaína, fueron originalmente rutas del contrabando y más adelante vías de paso de “polleros” y sus clientes emigrantes.
“Es cierto que estamos viviendo de contrabando, pero usted tiene que darse cuenta de que en esta ciudad es parte de la cultura, que es la única fuente de trabajo que se puede obtener en Ayutla”, dice Guadalupe Polanco, de 48 años. Sus últimos 23 años los ha vivido entre México y Guatemala porque es “camarera” en el río Suchiate. Cada día rema para hacer retroceder a las corrientes y mover productos o personas de un país a otro.
En este contexto, San Pablo es punto intermedio entre el Altiplano y la Boca Costa, la cercanía del municipio a la frontera lo convierte en sujeto de las actividades ilícitas. Por tanto, es puente entre tres áreas de suma importancia, comenzando por la siembra de amapola y mariguana (materia prima) en el conocido “triángulo del opio” que involucra los municipios de Tajumulco, Ixchiguán y Sibinal. Se convierte en el corredor de la costa marquense y los narcolaboratorios que procesan la materia prima con precursores químicos, y por último, la exportación de la droga obtenida hacia México para su final introducción a Estados Unidos.
Ante esto, resalta el documento que tampoco parece que el Ejército de Guatemala diera algunas intervenciones puntuales solicitadas por la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA), tampoco se preocupara por los amapoleros. Estos, al principio con discreción, se convierten en un actor más de la zona.
Según el documento, el cambio más significativo en la región es el surgimiento de la producción de anfetaminas en la Costa Sur a partir de 2011. El auge se debe a varios cambios habidos en el mercado de las drogas en los últimos años. De tal manera que las drogas de diseño son la nueva fuente de ganancias.
En Guatemala las primeras informaciones sobre la presencia de laboratorios de Anfetaminas datan de 2011.Estos laboratorios no requieren de muchas instalaciones y los precursores necesarios para su producción. Una vez producidos los productos siguen las rutas normales que anteriormente seguían la mariguana, la amapola, los mojados y otros tipos de contrabandos (carne, azúcar, etc.)
Sin embargo, ante la ausencia y complicidad de la Policía Nacional Civil (PNC) los amapoleros, los contrabandistas y los traficantes de cocaína resultaron más fuertes que nunca. Gente ligada con estas actividades como Cornelio Chilel, Juan Ortiz y Mauro Salomón abandonaron toda discreción y comenzaron a aparecer a la luz pública como actores con poder.
Según la investigación, la convergencia de intereses entre narcotráfico y conflictividad social es un proceso gradual y es resultado de la ausencia del Estado. Los diversos traficantes perciben que su actividad se desarrolla mejor mientras menos presencia estatal se tenga. Y los opositores a las empresas empiezan a ver que los diversos grupos ilegales presentes pueden ser aliados. Además, personas ligadas a estas luchas empiezan a percibir ganancias económicas de estas actividades como las organizaciones FRENA y Codeca, por medio del cobro por las conexiones ilegales de electricidad, puntualiza el documento.
Agrega que esta convergencia de intereses se ve favorecida por un fenómeno al que no se le ha prestado suficiente atención, como la actitud de la población de la región frente a la actividad ilegal. Por otro lado, la presencia de contrabandistas y traficantes implica riesgos, violencia y quedar sujetos a los caprichos de estos actores, puntualiza la investigación. En una región pobre y con pocas fuentes de trabajo estas actividades son mayormente atractivas para los habitantes dado que, en su mayor parte, no requieren de mucha capacitación. Si el contrabandista o traficante tiene la visión de hacerse popular convirtiéndose en los proyectos de la gente y proveyendo los servicios que un Estado débil y lejano, no proporciona sus posibilidades de insertarse en la región. Prácticas en las que Cornelio Chilel y Juan Ortiz, alias “Chamalé”, fueron muy efectivos, revela el análisis.