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Presupuesto electoral seis veces mayor en 12 años

Redacción República
16 de febrero, 2015

Según el decreto 75-2002 que dio vida al presupuesto de ese año y que rigió las finanzas del Estado en las elecciones generales 2003, el rubro asignado para el proceso de comicios a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue de Q83 millones.

Ahora, doce años después, el TSE obtuvo en el presupuesto vigente una partida de Q500 millones para implementar dicho procedimiento, prácticamente, seis veces más el costo de 2003 y pese a lo anterior, resulta insuficiente según los magistrados.  Inicialmente para las elecciones generales de este año, el TSE solicitó al Ministerio de Finanzas un monto de Q897 millones 973 mil, para distribuir entre el funcionamiento y el Plan Operativo Electoral.

En 2007, el gasto previsto sólo para el evento en mención fue de Q230 millones 809 mil, no obstante, el Estado cedió un monto total de Q409 millones en esa ocasión. En la planificación que hizo el ente electoral para concretar los comicios 2011 se consideró que Q507 millones eran suficientes y los recursos aprobados fueron Q505 millones.

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El crecimiento del presupuesto, según las autoridades del TSE, se debe a la ampliación de la cobertura de los centros de votación. En 2004 el Congreso reformó la Ley Electoral y de Partidos Políticos e implementó el proceso de descentralización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) lo que impactó el desarrollo del proceso electoral 2007.

En el informe de Observación Electoral que presentó la Unión Europea de ese año, se consigna que en términos financieros “El presupuesto aprobado por el Congreso para estas elecciones Q409 millones, fue el más elevado de la historia electoral guatemalteca, y dotó al TSE de la capacidad financiera necesaria para llevar a cabo la descentralización de las JRV”.

En dicho documento, se reporta que en un principio, magistrados y técnicos del TSE pretendían un incremento más gradual del número de nuevas JRV “por temor a no poder responder a tiempo al enorme desafió logístico y de recursos humanos que implicaría una descentralización intensa en una sola fase, el aumento de JRV terminó por ser del 64,77% respecto a 2003”.

En 2007, el total de JRV fue de 13 mil 756, mientras que en 2003 la cifra fue de 8 mil 910 y en ese momento el TSE ideó otra modalidad, la creación de las Circunscripciones Electorales Municipales (CEMS) que distribuyeron los lugares de votación atendiendo a aspectos como cercanía y accesibilidad y no en base a la delimitación municipal.

Hacia 2011, la cantidad de JRV ascendió a 16 mil 668 distribuidas en 2 mil 439 centros de votación y para el presente año, el TSE tiene prevista la instalación de 20 mil JRV en 2 mil 600 inmuebles.

Las autoridades de ese organismo solicitan al Congreso una ampliación presupuestaria consistente en Q180 millones, sin embargo, el Pleno no ha conocido por el momento tal petición.

Los magistrados argumentan que el monto asignado para el proceso electoral venidero resulta insuficiente. Julio Solórzano, magistrado Vocal I, explicó que sólo para el ejercicio de elecciones se tienen previstos Q500 millones y esto incluye la inversión en campañas de divulgación e información a los ciudadanos aptos para votar.

Cambios en el sistema

La magistrada María Eugenia Mijangos, considera que el incremento es viable si se toma en cuenta el aumento de las CEMS y la población. Además, los magistrados recordaron que la creación de cuatro municipios nuevos el año pasado que aglomeran a unos 31 mil 743 empadronados. Afirmó: “el presidente del Tribunal visitó al ministro de Finanzas, hemos tratado de ver qué actividades podemos empezar a realizar, esto cabalmente lo abordamos hoy (jueves) en la sesión de pleno”.

Mijangos describe que por lo regular en marzo se colocan los fondos pero preocupa “el bajón”, pedimos Q689 millones y nos dieron Q500 millones. Para funcionamiento solicitamos Q208 millones y nos dieron Q164 millones”, relató.

La magistrada atribuye el incremento conforme los años a que incrementó la cantidad de JRV y de CEMS y en que “los esfuerzos deben ser constantes por acercar el voto a la población”. Citó que en otros países, como México, hay lupas para las personas con problemas de visión y se construyeron rampas para atender a la población que llega en silla de ruedas.

Actualmente el padrón electoral asciende 7 millones 536 mil 988 ciudadanos (datos al 31 de enero pasado)  y según el Registro Nacional de las Personas (Renap) están pendientes de dicho trámite 2.5 millones de guatemaltecos.

Mientras tanto en el Congreso, los jefes de bloque aún analizan si proceden a la aprobación de más presupuesto para el TSE.

Para el abogado y analista independiente Giovanni Fratti, los altos costos de los procesos electorales se deben a que “la democracia es carísima porque no rinde cuentas. Necesitamos más república y menos democracia”.

Aseveró que si los magistrados están pidiendo más presupuesto, deben explicar “renglón por renglón” cada requerimiento y esto también debe ser analizado por los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso.

Presupuesto electoral seis veces mayor en 12 años

Redacción República
16 de febrero, 2015

Según el decreto 75-2002 que dio vida al presupuesto de ese año y que rigió las finanzas del Estado en las elecciones generales 2003, el rubro asignado para el proceso de comicios a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue de Q83 millones.

Ahora, doce años después, el TSE obtuvo en el presupuesto vigente una partida de Q500 millones para implementar dicho procedimiento, prácticamente, seis veces más el costo de 2003 y pese a lo anterior, resulta insuficiente según los magistrados.  Inicialmente para las elecciones generales de este año, el TSE solicitó al Ministerio de Finanzas un monto de Q897 millones 973 mil, para distribuir entre el funcionamiento y el Plan Operativo Electoral.

En 2007, el gasto previsto sólo para el evento en mención fue de Q230 millones 809 mil, no obstante, el Estado cedió un monto total de Q409 millones en esa ocasión. En la planificación que hizo el ente electoral para concretar los comicios 2011 se consideró que Q507 millones eran suficientes y los recursos aprobados fueron Q505 millones.

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El crecimiento del presupuesto, según las autoridades del TSE, se debe a la ampliación de la cobertura de los centros de votación. En 2004 el Congreso reformó la Ley Electoral y de Partidos Políticos e implementó el proceso de descentralización de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) lo que impactó el desarrollo del proceso electoral 2007.

En el informe de Observación Electoral que presentó la Unión Europea de ese año, se consigna que en términos financieros “El presupuesto aprobado por el Congreso para estas elecciones Q409 millones, fue el más elevado de la historia electoral guatemalteca, y dotó al TSE de la capacidad financiera necesaria para llevar a cabo la descentralización de las JRV”.

En dicho documento, se reporta que en un principio, magistrados y técnicos del TSE pretendían un incremento más gradual del número de nuevas JRV “por temor a no poder responder a tiempo al enorme desafió logístico y de recursos humanos que implicaría una descentralización intensa en una sola fase, el aumento de JRV terminó por ser del 64,77% respecto a 2003”.

En 2007, el total de JRV fue de 13 mil 756, mientras que en 2003 la cifra fue de 8 mil 910 y en ese momento el TSE ideó otra modalidad, la creación de las Circunscripciones Electorales Municipales (CEMS) que distribuyeron los lugares de votación atendiendo a aspectos como cercanía y accesibilidad y no en base a la delimitación municipal.

Hacia 2011, la cantidad de JRV ascendió a 16 mil 668 distribuidas en 2 mil 439 centros de votación y para el presente año, el TSE tiene prevista la instalación de 20 mil JRV en 2 mil 600 inmuebles.

Las autoridades de ese organismo solicitan al Congreso una ampliación presupuestaria consistente en Q180 millones, sin embargo, el Pleno no ha conocido por el momento tal petición.

Los magistrados argumentan que el monto asignado para el proceso electoral venidero resulta insuficiente. Julio Solórzano, magistrado Vocal I, explicó que sólo para el ejercicio de elecciones se tienen previstos Q500 millones y esto incluye la inversión en campañas de divulgación e información a los ciudadanos aptos para votar.

Cambios en el sistema

La magistrada María Eugenia Mijangos, considera que el incremento es viable si se toma en cuenta el aumento de las CEMS y la población. Además, los magistrados recordaron que la creación de cuatro municipios nuevos el año pasado que aglomeran a unos 31 mil 743 empadronados. Afirmó: “el presidente del Tribunal visitó al ministro de Finanzas, hemos tratado de ver qué actividades podemos empezar a realizar, esto cabalmente lo abordamos hoy (jueves) en la sesión de pleno”.

Mijangos describe que por lo regular en marzo se colocan los fondos pero preocupa “el bajón”, pedimos Q689 millones y nos dieron Q500 millones. Para funcionamiento solicitamos Q208 millones y nos dieron Q164 millones”, relató.

La magistrada atribuye el incremento conforme los años a que incrementó la cantidad de JRV y de CEMS y en que “los esfuerzos deben ser constantes por acercar el voto a la población”. Citó que en otros países, como México, hay lupas para las personas con problemas de visión y se construyeron rampas para atender a la población que llega en silla de ruedas.

Actualmente el padrón electoral asciende 7 millones 536 mil 988 ciudadanos (datos al 31 de enero pasado)  y según el Registro Nacional de las Personas (Renap) están pendientes de dicho trámite 2.5 millones de guatemaltecos.

Mientras tanto en el Congreso, los jefes de bloque aún analizan si proceden a la aprobación de más presupuesto para el TSE.

Para el abogado y analista independiente Giovanni Fratti, los altos costos de los procesos electorales se deben a que “la democracia es carísima porque no rinde cuentas. Necesitamos más república y menos democracia”.

Aseveró que si los magistrados están pidiendo más presupuesto, deben explicar “renglón por renglón” cada requerimiento y esto también debe ser analizado por los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso.