Según fuentes oficiales, el presidente Otto Pérez Molina informó que este año la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) implementará nuevas medidas administrativas para alcanzar la meta de recaudación de Q54,000 millones.
“La semana pasada me reuní con el superintendente y me informó que la meta para enero se cumplió, además indicó que se van a incrementar las medidas administrativas para lograr la meta”, expresó Pérez Molina. El jefe del Ejecutivo indicó que estas medidas serán incluidas en las intendencias de fiscalización, recaudación y de aduanas, “cada una de estas intendencias tendrán medidas específicas”.
Con las nuevas estrategias de captación de tributos la SAT podría obtener unos Q2,000 millones, lo cual podría suplir lo que no se ha recaudado por el impuesto a la telefonía contemplado en el Presupuesto 2015, pero que se suspendió por orden de la Corte de Constitucionalidad. Se calcula que se dejó de percibir Q1,344 millones.
Los tienen en la mira
Se dio a conocer que el ente recaudador se enfocará en las transacciones que efectúen las empresas que no facturan la venta a consumidores finales. El superintendente Omar Franco dijo a los medios que inspeccionarán a 412 empresas vinculadas con la actividad de las telecomunicaciones, iniciando en los próximos días.
Según la SAT el sistema detectó inconsistencias de los proveedores y por eso se decidió que se hará esta fiscalización. Se dijo que en el sistema no cuadran los datos de reportes de los movimientos de estas empresas.
Para hacer esta fiscalización, la SAT analizará toda la cadena que implica la comercialización de servicios de telefonía. Se hará un seguimiento de las transacciones hasta el consumidor final quien al parecer no recibe factura y por eso no se capta el IVA. La institución no estableció un monto aproximado de lo que podrían recaudar.
Negocios informales no facturan
Según Ricardo Sagastume, Director General del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones (CETEL), revisar que las empresas extiendan factura y paguen sus impuestos es un trabajo de rutina de la SAT. “Ellos están en todo su derecho de hacer este tipo de tareas. De nuestra parte, podemos afirmar que las tres empresas de telefonía pagan todos sus impuestos, emitiendo siempre factura”, señaló.
De igual manera, la Gremial de Telecomunicaciones dijo a los medios que están dispuestos a que la SAT los fiscalice. Ambas entidades señalan que el problema de la no facturación ocurre en los negocios informales.
Esto podría provocar bastante evasión ya que según estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), en 2013 Tigo tenía 9 millones 942 mil usuarios, lo que equivale al 48%, en líneas en sistema prepago. Por su parte Claro reportó 6 millones 138 mil abonados, lo que significa una participación del 29.7%. Y Telefónica registró 4 millones 551 mil usuarios, 22% de participación.
Sin embargo, la SIT no contabiliza datos sobre el mercado del internet móvil, mensajes de texto ni otros servicios que se prestan a través de la telefonía celular o dispositivos electrónicos.
Hay que formalizar
Los consultados señalan que el hecho de que no se emitan facturas por servicios telefónicos como recargas, mensajes e internet es parte de un problema más grande. “Es de recordar que el 80% del comercio en Guatemala es informal. Ellos nos solamente no contribuyen con el fisco, sino que tampoco gozan de los beneficios de pagar impuestos”, opina Sagastume.
La responsabilidad de que los distribuidores facturen y paguen impuestos no recae en las empresas de telefonía. “Nosotros cumplimos con nuestra parte. Es la SAT la que además de fiscalización debe hacer programas de cultura tributaria e incentivos para formalizar los negocios”, considera el directivo.
La economía informal es un fenómeno creciente que tiene muchos aspectos a considerar. Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (Enei) del 2013, efectuada por el Instituto Nacional de Estadística (Ine), la Población Económicamente Activa (Pea) fue de alrededor de 5 millones 990 mil personas. El 69.2% de la población ocupada trabaja en el sector informal. Esto equivale a alrededor de 4 millones de personas.
Se deben tomar acciones
Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) opina que la informalidad es un fenómeno económico que también es social. El analista señala que el pequeño o micro empresario necesita ser asesorado y apoyado, pero también es de tomar en cuenta que a veces carece incluso de los servicios básicos mínimos.
“En estas circunstancias no se puede espera que cumplan con sus obligaciones tributarias. Ellos llevan una vida de sobrevivencia donde la formalidad no es una opción”, refiere. Así como se trata de un fenómeno complejo que abarca lo económico pero también lo social, las soluciones deben ser muy bien estructuradas.
También hay una propuesta para la creación de la Ley de Sociedades Simplificadas, ambas orientadas a mejorar y simplificar los trámites y bajar los costos de abrir empresas en el país.
Por su parte, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) ha propuesto una gran cruzada nacional por la formalidad, que tendría como principal objetivo duplicar la cantidad de afiliados al IGSS en 36 meses. Incluiría la creación de un ‘kit formalizador’ por medio del cual se otorgarían beneficios e incentivos a las personas para que se formalicen. Cada empresa se convertiría en un efecto multiplicador para que sus colaboradores y todos los que interactúan en la cadena de comercialización.
Según fuentes oficiales, el presidente Otto Pérez Molina informó que este año la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) implementará nuevas medidas administrativas para alcanzar la meta de recaudación de Q54,000 millones.
“La semana pasada me reuní con el superintendente y me informó que la meta para enero se cumplió, además indicó que se van a incrementar las medidas administrativas para lograr la meta”, expresó Pérez Molina. El jefe del Ejecutivo indicó que estas medidas serán incluidas en las intendencias de fiscalización, recaudación y de aduanas, “cada una de estas intendencias tendrán medidas específicas”.
Con las nuevas estrategias de captación de tributos la SAT podría obtener unos Q2,000 millones, lo cual podría suplir lo que no se ha recaudado por el impuesto a la telefonía contemplado en el Presupuesto 2015, pero que se suspendió por orden de la Corte de Constitucionalidad. Se calcula que se dejó de percibir Q1,344 millones.
Los tienen en la mira
Se dio a conocer que el ente recaudador se enfocará en las transacciones que efectúen las empresas que no facturan la venta a consumidores finales. El superintendente Omar Franco dijo a los medios que inspeccionarán a 412 empresas vinculadas con la actividad de las telecomunicaciones, iniciando en los próximos días.
Según la SAT el sistema detectó inconsistencias de los proveedores y por eso se decidió que se hará esta fiscalización. Se dijo que en el sistema no cuadran los datos de reportes de los movimientos de estas empresas.
Para hacer esta fiscalización, la SAT analizará toda la cadena que implica la comercialización de servicios de telefonía. Se hará un seguimiento de las transacciones hasta el consumidor final quien al parecer no recibe factura y por eso no se capta el IVA. La institución no estableció un monto aproximado de lo que podrían recaudar.
Negocios informales no facturan
Según Ricardo Sagastume, Director General del Consejo Empresarial de Telecomunicaciones (CETEL), revisar que las empresas extiendan factura y paguen sus impuestos es un trabajo de rutina de la SAT. “Ellos están en todo su derecho de hacer este tipo de tareas. De nuestra parte, podemos afirmar que las tres empresas de telefonía pagan todos sus impuestos, emitiendo siempre factura”, señaló.
De igual manera, la Gremial de Telecomunicaciones dijo a los medios que están dispuestos a que la SAT los fiscalice. Ambas entidades señalan que el problema de la no facturación ocurre en los negocios informales.
Esto podría provocar bastante evasión ya que según estadísticas de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), en 2013 Tigo tenía 9 millones 942 mil usuarios, lo que equivale al 48%, en líneas en sistema prepago. Por su parte Claro reportó 6 millones 138 mil abonados, lo que significa una participación del 29.7%. Y Telefónica registró 4 millones 551 mil usuarios, 22% de participación.
Sin embargo, la SIT no contabiliza datos sobre el mercado del internet móvil, mensajes de texto ni otros servicios que se prestan a través de la telefonía celular o dispositivos electrónicos.
Hay que formalizar
Los consultados señalan que el hecho de que no se emitan facturas por servicios telefónicos como recargas, mensajes e internet es parte de un problema más grande. “Es de recordar que el 80% del comercio en Guatemala es informal. Ellos nos solamente no contribuyen con el fisco, sino que tampoco gozan de los beneficios de pagar impuestos”, opina Sagastume.
La responsabilidad de que los distribuidores facturen y paguen impuestos no recae en las empresas de telefonía. “Nosotros cumplimos con nuestra parte. Es la SAT la que además de fiscalización debe hacer programas de cultura tributaria e incentivos para formalizar los negocios”, considera el directivo.
La economía informal es un fenómeno creciente que tiene muchos aspectos a considerar. Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (Enei) del 2013, efectuada por el Instituto Nacional de Estadística (Ine), la Población Económicamente Activa (Pea) fue de alrededor de 5 millones 990 mil personas. El 69.2% de la población ocupada trabaja en el sector informal. Esto equivale a alrededor de 4 millones de personas.
Se deben tomar acciones
Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) opina que la informalidad es un fenómeno económico que también es social. El analista señala que el pequeño o micro empresario necesita ser asesorado y apoyado, pero también es de tomar en cuenta que a veces carece incluso de los servicios básicos mínimos.
“En estas circunstancias no se puede espera que cumplan con sus obligaciones tributarias. Ellos llevan una vida de sobrevivencia donde la formalidad no es una opción”, refiere. Así como se trata de un fenómeno complejo que abarca lo económico pero también lo social, las soluciones deben ser muy bien estructuradas.
También hay una propuesta para la creación de la Ley de Sociedades Simplificadas, ambas orientadas a mejorar y simplificar los trámites y bajar los costos de abrir empresas en el país.
Por su parte, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) ha propuesto una gran cruzada nacional por la formalidad, que tendría como principal objetivo duplicar la cantidad de afiliados al IGSS en 36 meses. Incluiría la creación de un ‘kit formalizador’ por medio del cual se otorgarían beneficios e incentivos a las personas para que se formalicen. Cada empresa se convertiría en un efecto multiplicador para que sus colaboradores y todos los que interactúan en la cadena de comercialización.