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Funcionarios en política: Entre lo legal y lo inmoral

Redacción República
03 de marzo, 2015

En año electoral la situación de los actuales funcionarios, diputados y demás aspirantes a ocupar puestos de elección popular se torna en una situación compleja ante la falta de normas claras que especifiquen qué procede con el desempeño en tiempos de campaña.

En el Congreso resulta evidente que la actividad legislativa mermó debido a la agitación de las aguas políticas y esto iría en detrimento con el avance de la aprobación de políticas de interés general y que se mantienen entrampadas por falta de acuerdos.

En el caso del Ejecutivo, y con la salida de por lo menos 13 funcionarios del Organismo Ejecutivo a inicios del presente mes para cumplir con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, aún hay varios que no han hecho oficial sus aspiraciones políticas que incluyen la carrera por una diputación al Congreso de la República o al Parlamento Centroamericano (Parlacen), así como a ocupar alguna corporación municipal.

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También hay diputados y alcaldes que buscan la presidencia, tal es el caso de Roberto Alejos, fundador y miembro de la agrupación TODOS, así como Antonio Coro, quien recientemente renunció al puesto de alcalde tras anunciar sus aspiraciones por ocupar la primera magistratura del país.

La Ley Electoral indica que las inscripciones de candidatos se dan un día después de la convocatoria a elecciones generales; es decir, el 3 de mayo, y se cierra 60 días antes de la primera vuelta. Pese a que no existe una obligación legal respecto a las candidaturas que podrían optar quienes actualmente se desempeñan como diputados, mandatarios o alcaldes, sí hay implicaciones éticas, como lo cita el Acuerdo Gubernativo 197-2004 que se refiere a las Normas de Ética del Organismo Ejecutivo emitido durante el gobierno del expresidente Óscar Berger.

La disposición indica que los funcionarios, empleados públicos y asesores del Organismo Ejecutivo deben abstenerse de participar en el proceso electoral. Aunado a lo anterior, la Constitución Política indica en el artículo 182 que el “Presidente de la República, juntamente con los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes integran el Organismo Ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno”.

Desde el año pasado se escucharon rumores sobre una eventual candidatura de la vicepresidenta Roxana Baldetti para la alcaldía metropolitana; sin embargo, ella refirió recientemente: “Tengo que hablar con mis hijos y mi familia, han sido difíciles estos cuatro años y mis hijos han sufrido por ser una persona pública. A veces es necesario poner en la balanza la opinión de ellos. No he tomado una determinación porque creo que no ha sido el momento todavía”.

El 20 de agosto del año pasado, el TSE emitió un pronunciamiento en  donde recomendaba al Presidente, Vicepresidente de la República, funcionarios y empleados públicos de los poderes legislativo, ejecutivo y gobiernos municipales, la observancia del artículo 18 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. En ella se prohíbe la utilización de recursos humanos y financieros del Estado para la promoción política, personal o del partido político al que pertenece.

La normativa indica que estos servidores deben abstenerse de participar en propaganda política anticipada a favor de la candidatura de cualquier funcionario y empleado público. Polémica que alcanzó al mismo presidente Otto Pérez Molina, quien en varios discursos promueve la continuidad de los programas implementados.

“Vamos a consultar eso con el Tribunal Supremo Electoral”, explicó el mandatario, quien dijo que pedirá que se aclare si las inauguraciones de proyectos riñe con la Ley Electoral.

Otro caso que es investigado en el TSE es el de Otto Pérez Leal, alcalde de Mixco e hijo del presidente Otto Pérez Molina. Pérez Leal en spots de radio y anuncios en prensa promociona sus actividades y no descarta buscar la reelección. Incluso, en redes sociales fue sujeto de críticas por la celebración del Día del Cariño con personal de la comuna que dirige y por la entrega de chocolates y tarjetas conmemorativas con su fotografía.

 Ven uso de maquinaria estatal

Carlos Arriola, politólogo y sociólogo, dice que la ley debe especificar para alcaldes, diputados y mandatarios una prohibición al respecto. Refirió que estos funcionarios y dignatarios al estar en esos puestos disponen de la maquinaria estatal. Recordó que los primeros deben renunciar tres meses antes de la convocatoria a elecciones generales programada en ley para el 2 de mayo.

Afirmó: “Definitivamente pueden utilizar los recursos del Estado. En el caso de los alcaldes ya han tenido tiempo para hacer una campaña de movilización de gente con recursos del Gobierno local, e igual pasa con otros funcionarios”. El analista precisó que si bien existe un vacío legal, “hecha la ley, hecha la trampa”.

Para María Isabel Mejicano, politóloga de la Universidad Rafael Landívar (URL), la única forma de “pulir” este aspecto es la auditoría social y afirmó que “quienes votamos debemos conocer y estar más de cerca de las acciones de nuestro alcalde para ver sus intenciones, más que todo en época electoral”.

También expuso que es necesario que la población esté informada de las normas que existen y a la vez, promover reformas a estas mismas normativas para que beneficien al país y no a caudillos. Finalizó: ¿Qué podemos esperar como ciudadanos si tenemos como autoridad municipal o diputado a alguien que está dispuesto a violar la ley para buscar otro cargo?

Según Hugo Novales, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), el tema de la prohibición para la reelección presidencial se originó como un freno a los caudillos que la impulsaron; entre estos, citó a Jorge Ubico. Sin embargo, precisó que no existe imitación en ningún sentido para los candidatos a alcaldes o diputados.

En el caso de los alcaldes hay un supuesto de que por estar tan cerca de la población tienen una responsabilidad más directa y la ciudadanía puede premiarlos o castigarlos por su desempeño y por eso ahí se gana con mayoría relativa”, puntualiza Novales.

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Funcionarios en política: Entre lo legal y lo inmoral

Redacción República
03 de marzo, 2015

En año electoral la situación de los actuales funcionarios, diputados y demás aspirantes a ocupar puestos de elección popular se torna en una situación compleja ante la falta de normas claras que especifiquen qué procede con el desempeño en tiempos de campaña.

En el Congreso resulta evidente que la actividad legislativa mermó debido a la agitación de las aguas políticas y esto iría en detrimento con el avance de la aprobación de políticas de interés general y que se mantienen entrampadas por falta de acuerdos.

En el caso del Ejecutivo, y con la salida de por lo menos 13 funcionarios del Organismo Ejecutivo a inicios del presente mes para cumplir con la Ley Electoral y de Partidos Políticos, aún hay varios que no han hecho oficial sus aspiraciones políticas que incluyen la carrera por una diputación al Congreso de la República o al Parlamento Centroamericano (Parlacen), así como a ocupar alguna corporación municipal.

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También hay diputados y alcaldes que buscan la presidencia, tal es el caso de Roberto Alejos, fundador y miembro de la agrupación TODOS, así como Antonio Coro, quien recientemente renunció al puesto de alcalde tras anunciar sus aspiraciones por ocupar la primera magistratura del país.

La Ley Electoral indica que las inscripciones de candidatos se dan un día después de la convocatoria a elecciones generales; es decir, el 3 de mayo, y se cierra 60 días antes de la primera vuelta. Pese a que no existe una obligación legal respecto a las candidaturas que podrían optar quienes actualmente se desempeñan como diputados, mandatarios o alcaldes, sí hay implicaciones éticas, como lo cita el Acuerdo Gubernativo 197-2004 que se refiere a las Normas de Ética del Organismo Ejecutivo emitido durante el gobierno del expresidente Óscar Berger.

La disposición indica que los funcionarios, empleados públicos y asesores del Organismo Ejecutivo deben abstenerse de participar en el proceso electoral. Aunado a lo anterior, la Constitución Política indica en el artículo 182 que el “Presidente de la República, juntamente con los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes integran el Organismo Ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno”.

Desde el año pasado se escucharon rumores sobre una eventual candidatura de la vicepresidenta Roxana Baldetti para la alcaldía metropolitana; sin embargo, ella refirió recientemente: “Tengo que hablar con mis hijos y mi familia, han sido difíciles estos cuatro años y mis hijos han sufrido por ser una persona pública. A veces es necesario poner en la balanza la opinión de ellos. No he tomado una determinación porque creo que no ha sido el momento todavía”.

El 20 de agosto del año pasado, el TSE emitió un pronunciamiento en  donde recomendaba al Presidente, Vicepresidente de la República, funcionarios y empleados públicos de los poderes legislativo, ejecutivo y gobiernos municipales, la observancia del artículo 18 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos. En ella se prohíbe la utilización de recursos humanos y financieros del Estado para la promoción política, personal o del partido político al que pertenece.

La normativa indica que estos servidores deben abstenerse de participar en propaganda política anticipada a favor de la candidatura de cualquier funcionario y empleado público. Polémica que alcanzó al mismo presidente Otto Pérez Molina, quien en varios discursos promueve la continuidad de los programas implementados.

“Vamos a consultar eso con el Tribunal Supremo Electoral”, explicó el mandatario, quien dijo que pedirá que se aclare si las inauguraciones de proyectos riñe con la Ley Electoral.

Otro caso que es investigado en el TSE es el de Otto Pérez Leal, alcalde de Mixco e hijo del presidente Otto Pérez Molina. Pérez Leal en spots de radio y anuncios en prensa promociona sus actividades y no descarta buscar la reelección. Incluso, en redes sociales fue sujeto de críticas por la celebración del Día del Cariño con personal de la comuna que dirige y por la entrega de chocolates y tarjetas conmemorativas con su fotografía.

 Ven uso de maquinaria estatal

Carlos Arriola, politólogo y sociólogo, dice que la ley debe especificar para alcaldes, diputados y mandatarios una prohibición al respecto. Refirió que estos funcionarios y dignatarios al estar en esos puestos disponen de la maquinaria estatal. Recordó que los primeros deben renunciar tres meses antes de la convocatoria a elecciones generales programada en ley para el 2 de mayo.

Afirmó: “Definitivamente pueden utilizar los recursos del Estado. En el caso de los alcaldes ya han tenido tiempo para hacer una campaña de movilización de gente con recursos del Gobierno local, e igual pasa con otros funcionarios”. El analista precisó que si bien existe un vacío legal, “hecha la ley, hecha la trampa”.

Para María Isabel Mejicano, politóloga de la Universidad Rafael Landívar (URL), la única forma de “pulir” este aspecto es la auditoría social y afirmó que “quienes votamos debemos conocer y estar más de cerca de las acciones de nuestro alcalde para ver sus intenciones, más que todo en época electoral”.

También expuso que es necesario que la población esté informada de las normas que existen y a la vez, promover reformas a estas mismas normativas para que beneficien al país y no a caudillos. Finalizó: ¿Qué podemos esperar como ciudadanos si tenemos como autoridad municipal o diputado a alguien que está dispuesto a violar la ley para buscar otro cargo?

Según Hugo Novales, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), el tema de la prohibición para la reelección presidencial se originó como un freno a los caudillos que la impulsaron; entre estos, citó a Jorge Ubico. Sin embargo, precisó que no existe imitación en ningún sentido para los candidatos a alcaldes o diputados.

En el caso de los alcaldes hay un supuesto de que por estar tan cerca de la población tienen una responsabilidad más directa y la ciudadanía puede premiarlos o castigarlos por su desempeño y por eso ahí se gana con mayoría relativa”, puntualiza Novales.