[quote_box_right]mercenario, ria.
(Del lat. mercenarĭus).
1. adj. Dicho de una tropa: Que por estipendio sirve en la guerra a un poder extranjero.
2. adj. Que percibe un salario por su trabajo o una paga por sus servicios. U. t. c. s.
[/quote_box_right]
Un mercenario es, según el Diccionario de la Real Academia Española, alguien “que percibe un salario por su trabajo o una paga por sus servicios” o quien “por estipendio sirve en la guerra a un poder extranjero”. Se les conoce también como “soldados de la fortuna” y la enciclopedia libre los cita como quien “lucha o participa en un conflicto bélico por su beneficio económico y personal, normalmente con poca o nula consideración en la ideología, nacionalidad o preferencias políticas con el bando para el que lucha”.
Desde otro punto de vista y aplicado a la realidad, un día sale usted con su horario programado de su casa hacia el trabajo pero un grupo de manifestantes bloquea el paso.
Todas son causas consideradas justas y de interés para la población sin acceso a los servicios básicos, pero más allá de ello se evidencia un trasfondo de tipo económico, según estudios formulados.
Las causas de la conflictividad social pueden ser, a criterio de expertos, motivadas por el descontento en algunas zonas del país por la falta de desarrollo, servicios básicos para sobrevivir de una manera digna y ausencia de servicios públicos como salud y educación.
Pero hay otra historia que se origina en la presión de grupos interesados en obtener beneficios particulares y no a favor de la mayoría, en aras de mantener el descontento popular para seguir con la obtención de financiamiento internacional escudados en temas religiosos, medioambientales, étnico-culturales, entre otros.
La presión de estos grupos se basa en la incidencia pública a través de protestas, ya que consideran que en la medida en que logren movilizar a un buen número de ciudadanos acudirán a los escenarios controlados por la clases política con mayor legitimidad y fuerza y, por lo tanto, con mayor capacidad de influencia.
Ejemplo de ello fue marzo 2014. Miles de campesinos viajaron desde Cobán, Alta Verapaz, hasta la capital en una jornada que culminó en el Salón del Pueblo del Congreso de la República en la instancia de Jefes de Bloque. Allí la mayoría de integrantes de las bancadas del Legislativo se comprometió a aprobar dicha iniciativa, acto que por el momento no se concreta.
La marcha encabezada por el dirigente campesino Daniel Pascual tenía como objetivo promover la
aprobación de la Ley de Desarrollo Rural y ocupó las principales páginas de los diarios, dando pauta a un segundo aspecto: el posicionamiento mediático.
Lo anterior se traduce en mantener una dosis de presencia en medios de comunicación y de esta manera pretenden influir en la opinión pública como un mecanismo para el posicionamiento en el sistema político democrático. Algunos sectores incluso piden ser incluidos en espacios de discusión política e inciden por la fuerza en acciones públicas.
Además de lo anterior, también entra en juego el tema de recursos. Pese a las distintas leyes de financiamiento, los grupos de presión tienen algún impacto en las campañas y esto garantizaría en cierta medida el pago de favores en forma de influencia.
Para muestra, a inicios de enero se supo que sindicalistas de salud, aglutinados en el Frente Nacional de Lucha (FNL), tienen a sus familiares trabajando en dicho sistema. Mientras que a finales de febrero trascendió que los ocho principales dirigentes de esa organización cobraron Q107 mil 600 en concepto de viáticos en el último trimestre del año pasado, amparados en el pacto colectivo.
Este no es el último caso, ya que por esas fechas tanto el FNL como el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) fueron señalados por el Gobierno y los ejecutivos de la empresa Energuate (antes Deocsa y Deorsa) de exigir el pago a los vecinos de las comunidades por el servicio de energía eléctrica, pese a que ellos la obtienen de una forma no legal, según se supo en ese momento.
Las situaciones descritas también tienen un denominador común: la influencia en la designación de funcionarios públicos y el liderazgo moral, en el sentido de que algunas instituciones se convierten en referencia y su posicionamiento es crucial para entender legislaciones y decisiones ejecutivas.
¿Representan a la izquierda estos movimientos?
La izquierda en sí, aunque sea un concepto que dejaron de utilizar algunos pensadores y analistas, se basa en los valores sobre temas sociales, control del Estado sobre los servicios y la preminencia de lo público sobre lo privado. En contraparte, la derecha se basa en la privatización de sectores tradicionales por no considerar eficiente la labor del Estado y promueve el desarrollo sobre la base de la iniciativa privada.
En otros países ambas corrientes se han acercado al centro y mutan en nuevas tendencias con la consecuente creación de partidos de centro izquierda o centro derecha en la política contemporánea.
En Guatemala, en los últimos 20 años tras el fin del conflicto armado interno las presiones se generan por parte de estos sectores aglutinados en el campo social, político, ecológico y sindical. Sin embargo, cuando el objetivo es la obtención de financiamiento hay interés por mantener el clima de conflictividad social y el status quo.
Las formas de presión van desde manifestaciones, posicionamiento mediático, financiamiento de la campaña de los partidos políticos, influencia en la designación de cargos públicos y el liderazgo moral.
¿Qué originó la conflictividad?
El científico académico Antón Toursinov fue citado recientemente en el blog Panampost en el desarrollo de un tema sobre la financiación a la guerrilla en Guatemala con fondos holandeses y estadounidenses para el desarrollo.
El autor se enfoca en 1996, año de la Firma de la Paz, y refiere que surgió la idea de convertir a las guerrillas en Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para la promoción de los “derechos humanos”, lo cual se habría traducido en un subsidio de al menos €135 millones (US$153 millones) solo en fondos de desarrollo provenientes de los Estados Unidos.
Gustavo Porras, exmiembro del Ejército Guatemalteco de los Pobres (EGP), fue nombrado coordinador de la Comisión Nacional de Resarcimiento por parte de Arzú, quien abanderó la necesidad de firmar un Acuerdo de Paz. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) presionaba por una reforma agraria, aspecto con el cual disentía el sector privado.
El objetivo de Arzú era conseguir ese acuerdo durante el primer año de su Gobierno y recurrió, según notas de la época, a los oficios del Vaticano, situación que se mantuvo en secreto y antes de consolidar su triunfo en las urnas se reunió con los comandantes de la URNG en México.
Los cambios en las esferas del Ejecutivo no se hicieron esperar. El presidente dio de baja a seis generales, 250 mandos intermedios y en la Policía Nacional fueron cesados en sus funciones 118 comisarios y agentes, lo cual se interpreta como un espaldarazo del entonces mandatario al proceso.
La paz en riesgo
Antes de alcanzar el acuerdo definitivo se presentó una denuncia en contra de Jorge Soto, alias Pablo Monsanto, acusado de extorsión por parte de Francisco Morales Melgar, un finquero quien argumentó que el comandante le cobró un impuesto de guerra durante el conflicto armado interno, pero el proceso culminó en 1999 con una sentencia absolutoria a favor de Soto.
El cobro de impuestos de guerra forma parte de las 12 formas que utilizaban los subversivos para dotarse de financiamiento, modalidad que ahora evolucionó en la solicitud de fondos a la cooperación internacional.
El expresidente Arzú reconoció en una entrevista publicada en el Diario Siglo Veintiuno en 2006 que la Iglesia Católica se oponía a la firma de la Paz. Dijo también que los arzobispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala intentaron convencer a los comandantes guerrilleros de no hacerlo.
En la actualidad, personas involucradas en movimientos sociales estuvieron en algún momento vinculados con el conflicto armado del lado de la guerrilla y actualmente se desarrollan como grupos de presión.
En el caso del Comité de Unidad Campesina (CUC) sale de las filas de subversivos aglutinados en la búsqueda de recursos para continuar vigentes, y ante la presión ejercida la ayuda puede provenir del mismo Gobierno, como cuando ocurrió la aprobación de presupuesto. A la Coordinación Nacional Indígena y Campesina (CONIC) se le otorgó una partida presupuestaria consistente en Q15 millones para el presente ejercicio fiscal.
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[quote_box_right]mercenario, ria.
(Del lat. mercenarĭus).
1. adj. Dicho de una tropa: Que por estipendio sirve en la guerra a un poder extranjero.
2. adj. Que percibe un salario por su trabajo o una paga por sus servicios. U. t. c. s.
[/quote_box_right]
Un mercenario es, según el Diccionario de la Real Academia Española, alguien “que percibe un salario por su trabajo o una paga por sus servicios” o quien “por estipendio sirve en la guerra a un poder extranjero”. Se les conoce también como “soldados de la fortuna” y la enciclopedia libre los cita como quien “lucha o participa en un conflicto bélico por su beneficio económico y personal, normalmente con poca o nula consideración en la ideología, nacionalidad o preferencias políticas con el bando para el que lucha”.
Desde otro punto de vista y aplicado a la realidad, un día sale usted con su horario programado de su casa hacia el trabajo pero un grupo de manifestantes bloquea el paso.
Todas son causas consideradas justas y de interés para la población sin acceso a los servicios básicos, pero más allá de ello se evidencia un trasfondo de tipo económico, según estudios formulados.
Las causas de la conflictividad social pueden ser, a criterio de expertos, motivadas por el descontento en algunas zonas del país por la falta de desarrollo, servicios básicos para sobrevivir de una manera digna y ausencia de servicios públicos como salud y educación.
Pero hay otra historia que se origina en la presión de grupos interesados en obtener beneficios particulares y no a favor de la mayoría, en aras de mantener el descontento popular para seguir con la obtención de financiamiento internacional escudados en temas religiosos, medioambientales, étnico-culturales, entre otros.
La presión de estos grupos se basa en la incidencia pública a través de protestas, ya que consideran que en la medida en que logren movilizar a un buen número de ciudadanos acudirán a los escenarios controlados por la clases política con mayor legitimidad y fuerza y, por lo tanto, con mayor capacidad de influencia.
Ejemplo de ello fue marzo 2014. Miles de campesinos viajaron desde Cobán, Alta Verapaz, hasta la capital en una jornada que culminó en el Salón del Pueblo del Congreso de la República en la instancia de Jefes de Bloque. Allí la mayoría de integrantes de las bancadas del Legislativo se comprometió a aprobar dicha iniciativa, acto que por el momento no se concreta.
La marcha encabezada por el dirigente campesino Daniel Pascual tenía como objetivo promover la
aprobación de la Ley de Desarrollo Rural y ocupó las principales páginas de los diarios, dando pauta a un segundo aspecto: el posicionamiento mediático.
Lo anterior se traduce en mantener una dosis de presencia en medios de comunicación y de esta manera pretenden influir en la opinión pública como un mecanismo para el posicionamiento en el sistema político democrático. Algunos sectores incluso piden ser incluidos en espacios de discusión política e inciden por la fuerza en acciones públicas.
Además de lo anterior, también entra en juego el tema de recursos. Pese a las distintas leyes de financiamiento, los grupos de presión tienen algún impacto en las campañas y esto garantizaría en cierta medida el pago de favores en forma de influencia.
Para muestra, a inicios de enero se supo que sindicalistas de salud, aglutinados en el Frente Nacional de Lucha (FNL), tienen a sus familiares trabajando en dicho sistema. Mientras que a finales de febrero trascendió que los ocho principales dirigentes de esa organización cobraron Q107 mil 600 en concepto de viáticos en el último trimestre del año pasado, amparados en el pacto colectivo.
Este no es el último caso, ya que por esas fechas tanto el FNL como el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) fueron señalados por el Gobierno y los ejecutivos de la empresa Energuate (antes Deocsa y Deorsa) de exigir el pago a los vecinos de las comunidades por el servicio de energía eléctrica, pese a que ellos la obtienen de una forma no legal, según se supo en ese momento.
Las situaciones descritas también tienen un denominador común: la influencia en la designación de funcionarios públicos y el liderazgo moral, en el sentido de que algunas instituciones se convierten en referencia y su posicionamiento es crucial para entender legislaciones y decisiones ejecutivas.
¿Representan a la izquierda estos movimientos?
La izquierda en sí, aunque sea un concepto que dejaron de utilizar algunos pensadores y analistas, se basa en los valores sobre temas sociales, control del Estado sobre los servicios y la preminencia de lo público sobre lo privado. En contraparte, la derecha se basa en la privatización de sectores tradicionales por no considerar eficiente la labor del Estado y promueve el desarrollo sobre la base de la iniciativa privada.
En otros países ambas corrientes se han acercado al centro y mutan en nuevas tendencias con la consecuente creación de partidos de centro izquierda o centro derecha en la política contemporánea.
En Guatemala, en los últimos 20 años tras el fin del conflicto armado interno las presiones se generan por parte de estos sectores aglutinados en el campo social, político, ecológico y sindical. Sin embargo, cuando el objetivo es la obtención de financiamiento hay interés por mantener el clima de conflictividad social y el status quo.
Las formas de presión van desde manifestaciones, posicionamiento mediático, financiamiento de la campaña de los partidos políticos, influencia en la designación de cargos públicos y el liderazgo moral.
¿Qué originó la conflictividad?
El científico académico Antón Toursinov fue citado recientemente en el blog Panampost en el desarrollo de un tema sobre la financiación a la guerrilla en Guatemala con fondos holandeses y estadounidenses para el desarrollo.
El autor se enfoca en 1996, año de la Firma de la Paz, y refiere que surgió la idea de convertir a las guerrillas en Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para la promoción de los “derechos humanos”, lo cual se habría traducido en un subsidio de al menos €135 millones (US$153 millones) solo en fondos de desarrollo provenientes de los Estados Unidos.
Gustavo Porras, exmiembro del Ejército Guatemalteco de los Pobres (EGP), fue nombrado coordinador de la Comisión Nacional de Resarcimiento por parte de Arzú, quien abanderó la necesidad de firmar un Acuerdo de Paz. La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) presionaba por una reforma agraria, aspecto con el cual disentía el sector privado.
El objetivo de Arzú era conseguir ese acuerdo durante el primer año de su Gobierno y recurrió, según notas de la época, a los oficios del Vaticano, situación que se mantuvo en secreto y antes de consolidar su triunfo en las urnas se reunió con los comandantes de la URNG en México.
Los cambios en las esferas del Ejecutivo no se hicieron esperar. El presidente dio de baja a seis generales, 250 mandos intermedios y en la Policía Nacional fueron cesados en sus funciones 118 comisarios y agentes, lo cual se interpreta como un espaldarazo del entonces mandatario al proceso.
La paz en riesgo
Antes de alcanzar el acuerdo definitivo se presentó una denuncia en contra de Jorge Soto, alias Pablo Monsanto, acusado de extorsión por parte de Francisco Morales Melgar, un finquero quien argumentó que el comandante le cobró un impuesto de guerra durante el conflicto armado interno, pero el proceso culminó en 1999 con una sentencia absolutoria a favor de Soto.
El cobro de impuestos de guerra forma parte de las 12 formas que utilizaban los subversivos para dotarse de financiamiento, modalidad que ahora evolucionó en la solicitud de fondos a la cooperación internacional.
El expresidente Arzú reconoció en una entrevista publicada en el Diario Siglo Veintiuno en 2006 que la Iglesia Católica se oponía a la firma de la Paz. Dijo también que los arzobispos de la Conferencia Episcopal de Guatemala intentaron convencer a los comandantes guerrilleros de no hacerlo.
En la actualidad, personas involucradas en movimientos sociales estuvieron en algún momento vinculados con el conflicto armado del lado de la guerrilla y actualmente se desarrollan como grupos de presión.
En el caso del Comité de Unidad Campesina (CUC) sale de las filas de subversivos aglutinados en la búsqueda de recursos para continuar vigentes, y ante la presión ejercida la ayuda puede provenir del mismo Gobierno, como cuando ocurrió la aprobación de presupuesto. A la Coordinación Nacional Indígena y Campesina (CONIC) se le otorgó una partida presupuestaria consistente en Q15 millones para el presente ejercicio fiscal.