El 22 de octubre de 2012, en el marco del XIV periodo de sesiones, el Estado de Guatemala fue evaluado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el avance en materia de derechos humanos. Uno de los temas abordados fue el de los ataques contra defensores de estos, incluidos los periodistas. Ese mismo año se asumió el compromiso de desarrollar el Programa de Protección a Periodistas, como respuesta a las recomendaciones que le elevara el Examen Periódico Universal, celebrado en Ginebra, Suiza.
Se firmó el compromiso público en noviembre de 2013 para iniciar el proceso de diseño del programa en referencia. El mecanismo para impulsarlo se basó en la conformación de la Mesa de Alto Nivel y de la Mesa Técnica, ambas integradas por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh), el Ministerio de Gobernación (Mingob), el Ministerio Público (MP), la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
Sin embargo, a pesar del compromiso que el Estado asumió desde el 2013, hasta la fecha no se tiene un plan del Programa de Protección de Periodistas, sino solamente una propuesta preliminar lanzada por la mesa técnica que no ha sido socializada con el gremio.
De acuerdo con Margarita Castillo, diseñadora del Programa de Protección a Periodistas de Guatemala, la propuesta preliminar se va a socializar para su análisis entre el gremio periodístico y la sociedad civil, con en el objetivo de mejorarla.
Por otro lado, Gonzalo Marroquín, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), indica que no hay ningún programa de protección que se haya puesto en marcha. Se ha quedado en una iniciativa lanzada al aire pero sin concretarse.
De acuerdo con Marroquín hay ejemplos de programas que han funcionado muy bien, específicamente en Colombia, pero era un proyecto muy consensuado por el gobierno, los periodistas y los medios de comunicación. Todos colaboraron en su elaboración y ejecución.
Lo que aquí se pretendía era que el gobierno lo ejecutara sin que se tomara en cuenta la opinión de periodistas y de medios.
“Si no se hace de manera adecuada, lejos de dar seguridad lo que aumentaría sería el riesgo y la inseguridad de los periodistas. Así que si se lleva a cabo debe ser un programa consensuado y que de ninguna manera se permita que el gobierno imponga una forma de protección si no cuenta con el aval del gremio periodístico y medios de comunicación”, señala Marroquín, quien también es director de la Revista Crónica.
Ileana Alamilla, directora del Centro de Reportes Informativos Sobre Guatemala (Cerigua), indica que es penoso y desafortunado que hasta después de los recientes asesinatos haya una reacción, no solamente del Estado sino también del gremio. Cerigua y 10 asociaciones de periodistas del interior han plateado desde el 2012 un programa sin que el Estado hubiera hecho algo, puntualiza.
Alamilla dice que fue hasta 2013 cuando asesinaron a cuatro periodistas que se firmó un proyecto para el Plan de Protección de Periodistas, pero apresuradamente colocaron una mesa técnica sin tomar en cuenta a la prensa; solo a los funcionarios de gobierno y entidades internacionales que tampoco ha arrojado resultados.
“Ellos no conocen los obstáculos que la prensa tiene sus problemas. No han escuchado al gremio especialmente el departamental, entonces el resultado ha sido el mismo”, señala.
Castillo indica que este documento preliminar contiene todos los lineamientos para la operatividad del Programa, ya que este aún no puede dar protección a los periodistas porque se encuentra en la fase de construcción y debe seguir con los canales ordinarios en cada una de las instituciones del Estado.
Para Alamilla, el análisis de ese documento preliminar no tiene construido el Plan de Protección, que ahora se pretende lo dirija el Mingob y no la Secretaria de Comunicación de la Presidencial. En Gobernación hay una dirección de análisis sobre los ataques a sindicalistas, activistas de derechos humanos y periodistas, en donde sí hay una representación de los gremios.
Refiere que a esto se le pide celeridad, pero no de una manera precipitada sino que se haga a través de un consenso con los comunicadores.
Programa sin operatividad
A pesar de no tener operatividad, Castillo dice que sí existe un Programa de Protección a los Periodistas porque el Mingob tiene la dirección de protección y desde esta se realizan los análisis de riesgo y se dictan las medidas, indica. El Estado de Guatemala en estos momentos les da protección a 90 personas, de esas 26 son defensores de derechos humanos; cuatro periodistas, tres con medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que la funcionaria asegura que funciona como tal.
Al cuestionarle por qué se ha tardado tanto la aplicación del programa, Castillo indica que lo que ha pasado es que solo se llevan cinco meses de trabajo. Pero, independientemente del avance, de esta propuesta que es “incipiente”, el MP, Gobernación y las instancias comprometidas han seguido su trabajo.
“Los periodistas deberían demandar una reacción inmediata al Estado de Guatemala. Medidas preventivas de esa institucionalidad para que no les pase nada. Pero son ellos quienes tienen que hacer presión, para que se establezcan plazos del programa y del fortalecimiento institucional”, afirma Castillo.
Deterioro periodístico
Según Ileana Alamilla después de los recientes asesinatos en el departamento de Suchitepéquez y el incremento de las agresiones este año en contra de los comunicadores, es obvio que el clima del deterioro del ejercicio vaya para empeorar. En el interior del país siempre han existido estos problemas porque están sumamente expuestos y vulnerables, asegura.
Según Marroquín no hay un deterioro de este ejercicio en el país, pero lo que ha sucedido es el aumento de agresiones a los miembros de la prensa. Pero al aumentar las amenazas contra los comunicadores, se atenta contra la libertad de expresión.
Según el expresidente de la SIP, el asesinato de los periodistas hace dos semanas pone en evidencia la situación delicada en el interior del país, pues se conoce la vulnerabilidad que tienen los corresponsales en las diferentes comunidades. Allí son fácilmente identificables por parte de autoridades locales intolerantes y organizaciones del crimen organizado. “La vulnerabilidad es mucha”.
Hace ver que otra de las acciones ha sido en contra de algunos medios y menciona a “elPeriódico”, que ha sido víctima de un acoso judicial y cerco comercial. Califica estas actitudes de preocupantes, pues podrían llegar a una limitación del ejercicio periodístico.
De acuerdo con Marroquín, la ideología de los gobiernos no tiene nada que ver con las actitudes de intolerancia a la prensa, porque pueden ser de izquierda, derecha o de corte populista, pero si son respetuosos de la libertad de expresión, no hay peligro.
Al respecto, Alamilla indica que el corte ideológico de los gobiernos no se puede determinar sin que antes puedan entrar a sus funciones. Decir que por esto se corre más riesgo sería especular al respecto.
Marroquín indica que el peligro es por la intolerancia de los gobiernos a la crítica, además de la estrategia que asumen de controlar medios y tener un respaldo de aquellos oficiales. “No es la ideología sino las actitudes que asumen los presidentes o quienes tienen el poder cuando no hay tolerancia a la crítica”.
Cuando se limita, se afecta y se cierran espacios al periodismo independiente se limita a la población el derecho de recibir información y, por lo tanto, el efecto más grande y el daño lo obtiene la sociedad misma. Recibe, entonces, información parcializada o segada y autocensurada. Es muy peligroso que no exista un periodismo independiente, ya que el efecto de esto es la limitación de libertad de expresión, señala el expresidente de la SIP.
El 22 de octubre de 2012, en el marco del XIV periodo de sesiones, el Estado de Guatemala fue evaluado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el avance en materia de derechos humanos. Uno de los temas abordados fue el de los ataques contra defensores de estos, incluidos los periodistas. Ese mismo año se asumió el compromiso de desarrollar el Programa de Protección a Periodistas, como respuesta a las recomendaciones que le elevara el Examen Periódico Universal, celebrado en Ginebra, Suiza.
Se firmó el compromiso público en noviembre de 2013 para iniciar el proceso de diseño del programa en referencia. El mecanismo para impulsarlo se basó en la conformación de la Mesa de Alto Nivel y de la Mesa Técnica, ambas integradas por la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh), el Ministerio de Gobernación (Mingob), el Ministerio Público (MP), la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) y la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
Sin embargo, a pesar del compromiso que el Estado asumió desde el 2013, hasta la fecha no se tiene un plan del Programa de Protección de Periodistas, sino solamente una propuesta preliminar lanzada por la mesa técnica que no ha sido socializada con el gremio.
De acuerdo con Margarita Castillo, diseñadora del Programa de Protección a Periodistas de Guatemala, la propuesta preliminar se va a socializar para su análisis entre el gremio periodístico y la sociedad civil, con en el objetivo de mejorarla.
Por otro lado, Gonzalo Marroquín, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), indica que no hay ningún programa de protección que se haya puesto en marcha. Se ha quedado en una iniciativa lanzada al aire pero sin concretarse.
De acuerdo con Marroquín hay ejemplos de programas que han funcionado muy bien, específicamente en Colombia, pero era un proyecto muy consensuado por el gobierno, los periodistas y los medios de comunicación. Todos colaboraron en su elaboración y ejecución.
Lo que aquí se pretendía era que el gobierno lo ejecutara sin que se tomara en cuenta la opinión de periodistas y de medios.
“Si no se hace de manera adecuada, lejos de dar seguridad lo que aumentaría sería el riesgo y la inseguridad de los periodistas. Así que si se lleva a cabo debe ser un programa consensuado y que de ninguna manera se permita que el gobierno imponga una forma de protección si no cuenta con el aval del gremio periodístico y medios de comunicación”, señala Marroquín, quien también es director de la Revista Crónica.
Ileana Alamilla, directora del Centro de Reportes Informativos Sobre Guatemala (Cerigua), indica que es penoso y desafortunado que hasta después de los recientes asesinatos haya una reacción, no solamente del Estado sino también del gremio. Cerigua y 10 asociaciones de periodistas del interior han plateado desde el 2012 un programa sin que el Estado hubiera hecho algo, puntualiza.
Alamilla dice que fue hasta 2013 cuando asesinaron a cuatro periodistas que se firmó un proyecto para el Plan de Protección de Periodistas, pero apresuradamente colocaron una mesa técnica sin tomar en cuenta a la prensa; solo a los funcionarios de gobierno y entidades internacionales que tampoco ha arrojado resultados.
“Ellos no conocen los obstáculos que la prensa tiene sus problemas. No han escuchado al gremio especialmente el departamental, entonces el resultado ha sido el mismo”, señala.
Castillo indica que este documento preliminar contiene todos los lineamientos para la operatividad del Programa, ya que este aún no puede dar protección a los periodistas porque se encuentra en la fase de construcción y debe seguir con los canales ordinarios en cada una de las instituciones del Estado.
Para Alamilla, el análisis de ese documento preliminar no tiene construido el Plan de Protección, que ahora se pretende lo dirija el Mingob y no la Secretaria de Comunicación de la Presidencial. En Gobernación hay una dirección de análisis sobre los ataques a sindicalistas, activistas de derechos humanos y periodistas, en donde sí hay una representación de los gremios.
Refiere que a esto se le pide celeridad, pero no de una manera precipitada sino que se haga a través de un consenso con los comunicadores.
Programa sin operatividad
A pesar de no tener operatividad, Castillo dice que sí existe un Programa de Protección a los Periodistas porque el Mingob tiene la dirección de protección y desde esta se realizan los análisis de riesgo y se dictan las medidas, indica. El Estado de Guatemala en estos momentos les da protección a 90 personas, de esas 26 son defensores de derechos humanos; cuatro periodistas, tres con medidas cautelares emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que la funcionaria asegura que funciona como tal.
Al cuestionarle por qué se ha tardado tanto la aplicación del programa, Castillo indica que lo que ha pasado es que solo se llevan cinco meses de trabajo. Pero, independientemente del avance, de esta propuesta que es “incipiente”, el MP, Gobernación y las instancias comprometidas han seguido su trabajo.
“Los periodistas deberían demandar una reacción inmediata al Estado de Guatemala. Medidas preventivas de esa institucionalidad para que no les pase nada. Pero son ellos quienes tienen que hacer presión, para que se establezcan plazos del programa y del fortalecimiento institucional”, afirma Castillo.
Deterioro periodístico
Según Ileana Alamilla después de los recientes asesinatos en el departamento de Suchitepéquez y el incremento de las agresiones este año en contra de los comunicadores, es obvio que el clima del deterioro del ejercicio vaya para empeorar. En el interior del país siempre han existido estos problemas porque están sumamente expuestos y vulnerables, asegura.
Según Marroquín no hay un deterioro de este ejercicio en el país, pero lo que ha sucedido es el aumento de agresiones a los miembros de la prensa. Pero al aumentar las amenazas contra los comunicadores, se atenta contra la libertad de expresión.
Según el expresidente de la SIP, el asesinato de los periodistas hace dos semanas pone en evidencia la situación delicada en el interior del país, pues se conoce la vulnerabilidad que tienen los corresponsales en las diferentes comunidades. Allí son fácilmente identificables por parte de autoridades locales intolerantes y organizaciones del crimen organizado. “La vulnerabilidad es mucha”.
Hace ver que otra de las acciones ha sido en contra de algunos medios y menciona a “elPeriódico”, que ha sido víctima de un acoso judicial y cerco comercial. Califica estas actitudes de preocupantes, pues podrían llegar a una limitación del ejercicio periodístico.
De acuerdo con Marroquín, la ideología de los gobiernos no tiene nada que ver con las actitudes de intolerancia a la prensa, porque pueden ser de izquierda, derecha o de corte populista, pero si son respetuosos de la libertad de expresión, no hay peligro.
Al respecto, Alamilla indica que el corte ideológico de los gobiernos no se puede determinar sin que antes puedan entrar a sus funciones. Decir que por esto se corre más riesgo sería especular al respecto.
Marroquín indica que el peligro es por la intolerancia de los gobiernos a la crítica, además de la estrategia que asumen de controlar medios y tener un respaldo de aquellos oficiales. “No es la ideología sino las actitudes que asumen los presidentes o quienes tienen el poder cuando no hay tolerancia a la crítica”.
Cuando se limita, se afecta y se cierran espacios al periodismo independiente se limita a la población el derecho de recibir información y, por lo tanto, el efecto más grande y el daño lo obtiene la sociedad misma. Recibe, entonces, información parcializada o segada y autocensurada. Es muy peligroso que no exista un periodismo independiente, ya que el efecto de esto es la limitación de libertad de expresión, señala el expresidente de la SIP.